El gobierno de Cristina Fernández anunció un paquete de medidas con el supuesto fin de enfrentar la crisis. A tal efecto ha enviado un proyecto de ley al Congreso de la Nación, en el que incluye tres cuestiones: una moratoria impositiva y previsional generalizada, el blanqueo y repatriación de capitales en el exterior y la regularización del trabajo en negro.
A partir del hecho positivo que implica el reconocimiento de la existencia de la crisis, el tema a discutir es el carácter de esas medidas, ¿qué significan?, y si son las medidas apropiadas para enfrentar la crisis, evitando que se siga descargando sobre los trabajadores, el pueblo y la producción nacional.
El estímulo al blanqueo del trabajo en negro no puede ser más que bienvenido después de tantos años de inacción al respecto. El problema, en relación a la crisis, es si ello va a parar la ola de suspensiones y despidos que provoca la misma. En verdad, con lo único que podría lograrlo es con la prohibición de todas las suspensiones y despidos, cosa que el gobierno no contempla; ni siquiera la triple indemnización que plantea la CGT. En cuanto a los trabajadores en negro, lo más probable es que la mayoría de las empresas sigan sin registrarlos, porque eso les podría dificultar desprenderse de esos trabajadores frente a la crisis.
En cuanto a la moratoria impositiva y provisional, si bien viene acompañada del requisito de mantener el plantel de trabajadores (protección de la que no gozarán los trabajadores de las empresas que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales), al implicar la suspensión de todas las acciones penales en curso para cualquier tipo de evasores, de hecho significa una amnistía encubierta para quienes participaron en ilícitos como los de las facturas truchas, para ocultar el pago de coimas (p.ej. caso Skanska). Además, la moratoria se refiere a deudas impositivas y previsionales anteriores al 31 de diciembre de 2007; ninguna rebaja hay para los contribuyentes que tengan dificultades por la crisis para pagar los impuestos de este año.
El paquete se cierra con una propuesta de blanqueo de fondos en el exterior que más que para fomentar su regreso al país parece estar destinada a legalizar la propiedad de fondos non santos a bajo costo, ya que los contribuyentes no deberán declarar la fecha de compra de los activos que se blanqueen ni el origen de esos fondos, quedando liberados de toda eventual acción judicial. Lo más curioso del caso es que ni siquiera tienen obligación de traer esos fondos al país; pueden seguir dejándolos afuera si quieren.
Así como no se va a lograr parar las suspensiones y despidos disminuyendo temporalmente las cargas sociales para los nuevos empleos, con el blanqueo de fondos en el exterior tampoco se va a frenar la fuga de los que se están yendo ahora. Para esto es necesario, además de dejar de pagar la deuda ilegítima y usuraria, suspender todo envío de remesas de beneficios de los monopolios, un estricto control de cambios y la nacionalización del comercio exterior y de los bancos extranjeros.
Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía
Como vemos, ninguna de las medidas propuestas en el proyecto de “ley ómnibus” está dirigida a aliviar siquiera la crisis, en cuanto a parar las suspensiones y despidos o frenar el drenaje de fondos al exterior provocados por la crisis, por lo que no evitarán que ésta se siga descargando sobre los trabajadores y la producción nacional. Parece que lo único que le preocupa al gobierno de Cristina, aparte de las cuestiones non santas que encierra el “paquete”, es como recaudar algo más con la moratoria y los blanqueos. Eso sí, como hizo durante el debate por el aumento de las retenciones, ahora promete que va a anunciar para el 15 de diciembre un plan de obras públicas ¡por 70 mil millones de pesos!, que nadie sabe de dónde van a salir.
El proyecto no contempla ninguna medida concreta para favorecer el consumo y la producción, como serían por ejemplo rebajar el IVA o abaratar el crédito disminuyendo las tasas de interés, como se hace en otros países frente a la crisis. Al contrario, no solo se mantiene el IVA en el 21% con la carga que eso implica al consumo popular (en Gran Bretaña, por ejemplo, se lo rebajó al 15%), sino que se volvió a prorrogar el impuesto al cheque y no se reducen las retenciones al campo de los ya leoninos niveles anteriores al 11 de marzo, con el castigo que esos impuestos significan para las pequeñas y medianas empresas y productores.
En cuanto a otras medidas para sostener el consumo popular y defender la producción nacional, ni hablar de aumentos en los salarios, jubilaciones y planes; de una aplicación seria, mejorada y ampliada, del régimen de compre nacional y de medidas para limitar las importaciones que compitan con la industria nacional; ni siquiera créditos accesibles para las pequeñas y medianas empresas acordes con las necesidades de financiamiento que plantea la crisis.
