Madre e hija fueron detenidas el 28 de julio en el predio llamado “El Triángulo” que unas quinientas familias ocuparon diez días antes (tierras que eran de propiedad de la empresa Ledesma) en Libertador General San Martín, Jujuy. Trataban de defender a una joven embarazada maniatada contra el piso por la policía en medio de la represión.
Madre e hija fueron detenidas el 28 de julio en el predio llamado “El Triángulo” que unas quinientas familias ocuparon diez días antes (tierras que eran de propiedad de la empresa Ledesma) en Libertador General San Martín, Jujuy. Trataban de defender a una joven embarazada maniatada contra el piso por la policía en medio de la represión.
Madre e hija tienen decenas de fotos de las lesiones que sufrieron en el momento de la detención; son pruebas para agregar como querellantes en la causa en la que se investiga lo ocurrido el 28 de julio en el desalojo criminal que puso por encima de todos los valores, la protección a sangre y fuego de la propiedad privada de Ledesma.
Madre e hija, junto a otras seis detenidas en el desalojo, fueron trasladadas aquel 28 de julio a una comisaría de un pueblo cercano (Fraile Pintado). Allí todas fueron desnudadas completamente frente a unos once policías varones. Solo se quedó con ropa interior una de las mujeres que estaba menstruando alegando ese motivo. Cuando salieron en libertad, por la noche, el predio del que habían sido desalojadas había sido recuperado nuevamente de manos de la policía y Ledesma que habían realizado un operativo represivo conjunto.
Las muertes, la conmoción, la inversión de los valores con semejante costo de muerte (la propiedad privada ya no vale para el pueblo lo que valía antes del 28 de julio), fueron tales, que la ocupación, lejos de cesar, se multiplicó en cada localidad de Jujuy. Hoy siguen las miles de ocupaciones de tierras y viviendas, aunque se silencien.
La expropiación de tierras (40 hectáreas) a la empresa Ledesma es un hecho histórico en nuestro país, y el costo (las cuatro vidas y más de medio centenar de lesionados, algunos con balas de plomo aún alojadas en su cuerpo), es una herida abierta.
Tan abierta como la suerte de la causa judicial: el mismo juez que ordenó el desalojo en un santiamén, y se fue de vacaciones; Jorge Samman, volvió anticipadamente para “investigar” él las muertes y todo lo ocurrido.
El juez Samman fue recusado por tener interés en la causa. Lejos de apartarse, demoró en enviar el expediente de recusación al Tribunal que debe resolver su apartamiento o no (la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal).
En la demora infinita (apurada con prontos despachos y quejas por retardo de justicia por alguna querella), Samman ordenó dos detenciones que no explica, como si el pueblo no mereciera tener explicaciones.
Hasta ahora Samman hizo oídos sordos a testimonios que sindican a un policía (incluso filmado) disparando un arma de fuego mientras en forma simultánea caía muerto uno de los jóvenes. Samman tiene esa filmación en su poder. Sin embargo, aquí la detención parece demorar tanto como el largo viaje del incidente de recusación desde San Pedro de Jujuy hasta la capital jujeña. La misma eternidad que aún impide que se juzgue a los dueños de Ledesma por los crímenes de la dictadura en la que tuvieron participación activa con sus camiones trasladando a secuestrados hoy desaparecidos.
