Ella parece tener menos años de los que en realidad tiene. Una noche salió con su hermana y amigos. Ella, de apenas 12 años, se quedó sola con él. El le convidó una bebida. La durmió. Cuando ella despertó estaba desnuda y mojada delante de él. Había sido abusada.
Ella parece tener menos años de los que en realidad tiene. Una noche salió con su hermana y amigos. Ella, de apenas 12 años, se quedó sola con él. El le convidó una bebida. La durmió. Cuando ella despertó estaba desnuda y mojada delante de él. Había sido abusada.
El hecho quedó en silencio. Meses después, en el colegio, ella tuvo una descompensación. Terminaron anoticiándose de un embarazo. Fue en un consultorio particular de Jujuy. A pesar del juramento hipocrático no se le ofreció la información de uno de los caminos posibles que hacen a la situación de emergencia sanitaria ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia: el derecho a interrumpir embarazo producto de esa violación.
Luego su madre realizó la denuncia penal con la ecografía en mano. Nadie allí tampoco hizo mención siquiera a ese derecho que está claro en nuestra legislación desde 1920.
Solo cuando la madre se contactó con una organización de mujeres, la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha, madre e hija supieron del derecho a decidir interrumpir el embarazo producto de la violación.
La interrupción del embarazo se concretó, la prueba de ADN para ser producida en el expediente penal quedó a resguardo, y hoy esta niña está en condiciones de volver a su vida normal.
Pero esta historia jujeña pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de que todo el sistema de salud ajuste su práctica a los derechos que tiene una mujer -en este caso una niña- de ser informada en forma urgente de este derecho y ser atendida también con urgencia en el hospital público para poner fin a la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentran estas mujeres o niñas.
No podemos sostener que una problemática de estas características se resuelva en otra jurisdicción; aquí rige la aplicación de la Guía Tecnica Nacional para resolver los abortos no punibles, y esta adhesión no puede consistir en tomar un avión y resolver el problema en otra parte.
Se trata de una realidad repetida en nuestra provincia, donde los índices de abuso sexual son muy altos, y siempre graves sus consecuencias, con una educación sexual inexistente para nuestras niñas y adolescentes en el ámbito de la educación pública.
No podemos permitir que la única solución ante estos casos sea a través de contactarse con organizaciones no gubernamentales como la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha de San Salvador de Jujuy. El Estado debe garantizar este derecho, como bien ha señalado Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y los derechos se garantizan, no se plebiscitan ni se subordinan a las opiniones particulares.
En este caso, el derecho ha sido garantizado por el Estado, pero arroja luz sobre la situación de otras mujeres y niñas que no accedan a la información, o que no se contacten con una organización de mujeres como ocurrió en este caso.
Exigimos que el derecho que asiste a toda víctima de violación que cursa un embarazo producto de dicho ataque sexual, sea garantizado en el hospital público y cada centro de salud de la provincia de Jujuy. Y que el conjunto del sistema de salud se adapte a los derechos vigentes, y no que los derechos vigentes, como es el derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación, se ejerza a cuentagotas, en forma restringida, o subordinándolo a la opinión de quien no acuerda con la Constitución Nacional, el estado de derecho, y la legislación penal específica de nuestro país.
