En un mes, cinco crímenes de género contra mujeres y la marea de lucha que los mismos desataron, especialmente en las jóvenes y en cada rincón de la provincia, instaló en la escena política provincial, como nunca, el reclamo de la declaración emergencia provincial en violencia de género para poder frenarla.
Pero ello se da en un camino sinuoso. Nunca hubo tanta claridad respecto de la responsabilidad estatal en los feminicidios. Y las respuestas del Estado son variadas.
Desde el Ejecutivo, una cantidad de medidas que solo son humo. Donde se mantiene el mismo cascarón marketinero, pero siguen los mismos equipos de profesionales que están recargados y sin salarios dignos y a quienes se quiere afectar a más tareas, lo que ya generó una verdadera crisis en los recursos humanos existentes. Fue indignante el discurso de Morales del domingo, donde echó la culpa de la cantidad de femicidios a los medios, que comunican los crímenes y así se produce el “contagio”. Sin ser crítico respecto de la acción misógina policial por lo que sigue utilizando un discurso que empodera a los violentos y vulnera más a las mujeres.
Desde el Legislativo, se abrió el debate a todas las organizaciones de mujeres y familiares de víctimas que exponen sus realidades y sus propuestas, en el marco de los varios proyectos de ley de emergencia en discusión. En ese marco hay un enriquecimiento colectivo, y las organizaciones integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy han ido desarrollando cada tema, y proponiendo las nueve medidas que se presentaron con más de 3 mil firmas ni bien se abrió el debate. Esas nueve medidas son el piso mínimo que consideramos se debe garantizar para frenar la violencia machista.
Desde el Judicial, se considera planteada la emergencia, y se abren dos juzgados especializados, habilitando en Libertador a una jueza que ya está en tareas en San Pedro, y en la Quebrada y la Puna se habilita al juez Pullen Llermanos, que ha sido el encargado de organizar a los violadores que denunciaron a la abogada Mariana Vargas por falta de ética, para acallar al movimiento de mujeres que inició innumerables escraches a abusadores que gozaban de la impunidad judicial.
Fue en medio de los debates en la Legislatura que otra vez, cuando ya no hay espacio posible para más dolor, una joven de apenas 17 años fue asesinada por su pareja a puñaladas el viernes 9 de octubre. Se encuentra su cadáver el sábado a la tarde, y otra vez vuelve a develarse que a las 15 horas la seccional 33 no le toma la denuncia al padre, quien es direccionado a otra dependencia para recibirle la denuncia, y lo tienen así hasta las 20 horas en que se entera que su hija estaba en la morgue.
Las movilizaciones se repiten el domingo, una a la mañana marchando a la seccional policial y a la morgue, reclamando la urgente autopsia para cerrar la etapa tan dolorosa de despedida de la joven, otra movilización fue por la tarde en Casa de Gobierno y se convoca a marchar el martes al COE, donde está instalado el poder político desde el inicio de la pandemia.
La marcha del martes 13 fue masiva, pidiendo la renuncia de Meyer, ministro de Seguridad, y Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, y la respuesta fue excesiva, como siempre hace el gobierno con las mujeres: policial, represiva, provocadora.
La marcha y el contenido demostraron que ya no hay marcha atrás en Jujuy, las mujeres están en lucha. Porque no solo asesinan a las pibas, sino que la política pública no da las respuestas que necesitamos para poder revertir estas situaciones. Ya no sabemos si ir hasta al almacén nos cuesta la vida. El encierro de las niñas y adolescentes parece la única vida posible. Y la reacción misógina se encuentra en cada recoveco estatal, para que todo siga igual, y que lo que podría cambiar, siga sin cambiar. No hay marcha atrás, hasta lograr las medidas que sí frenen la violencia, que sí resguarden, que sí asistan. Las mujeres seguimos de pie!
Por Cesia, por Iara, por Gabriela, por Roxana, por Alejandra! Por todas! Aparición con vida de Cintia Tolaba!
Corresponsal
