El presupuesto que se está tratando en el Congreso de la Nación condensa todo el plan político del kirchnerismo y a la vez pone al rojo vivo todas miserias del actual sistema de gobierno del país.
En los papeles, es decir en lo escrito en la Constitución Nacional, vivimos en un país con un sistema federal, que tiene 24 estados autónomos, con sus propios presupuestos y recursos, y deben discutirlos en sus legislaturas de acuerdo a las necesidades de su región o las políticas que quiera implementar el gobierno provincial. La realidad es que la mayoría de las provincias, entre las que está incluida San Juan, para hacer un presupuesto realista tiene que esperar a que el gobierno nacional determine cuánto le va a tocar de la torta nacional, para luego poder hacer la planificación de sus gastos. Ya lo dijo Alcoba, ministro de Hacienda y Finanzas, en una entrevista a Diario de Cuyo, “para hacer un presupuesto provincial realista tenemos que esperar a que se apruebe el nacional”.
La misma realidad baja hacia los municipios. Tienen que ver cuánto les va a dar Gioja, y recién ahí dibujar un presupuesto, de acuerdo a lo ya acordado, con los gastos estrictamente acotados al pago de los gastos corrientes. Ya ni siquiera pueden pensar en aumentos a sus empleados sin consultar a la provincia. Por lo tanto en la práctica la Argentina es un Estado unitario, dominado por quién maneja el Tesoro Nacional, que impone a las provincias una subordinación vergonzosa, que se vuelve peor para las regiones pobres.
Luego de 8 años de crecimiento el país no tiene reservas, ni ahorros, ni crédito, por lo que en definitiva se terminaron las “vacas gordas”. El proyecto de presupuesto 2013 tiene ajustes por inflación en muchos rubros y las partidas para gastos en San Juan no son la excepción. Hay que ver cómo intenta sortear esta situación Gioja, y cómo se preparan los gremios estatales para encarar esta situación que condena a los trabajadores a un salario congelado.
División en el Frente para la Victoria
La difícil situación que se vive por el impacto de la crisis en el país y la provincia tiene su reflejo en las peleas internas del partido gobernante. Tanto Gioja como Cristina, empugistas, camporistas, kolinistas y demás ramificaciones justicialistas, tienen un acuerdo básico: garantizar la entrega de nuestros recursos a los monopolios extranjeros mediante la minería, el petróleo, la pesca y la agricultura.
La pelea entre el “Peto” Godoy y Gioja no es por parar el saqueo de Barrick, es por ver quién se queda con el dinero de la minería. Ambos se proponen como gerentes del negocio y garantes para la empresa canadiense. Por eso se produjeron los disturbios en el acto del club Del Bono, y pelean por espacios en la Radio Nacional y otros lugares. Hay una división clara que se va a ver en todas las líneas del gobierno provincial y el partido justicialista.
Gioja no tiene más opción a ser reelegido, pero quiere dejar él a un sucesor que le garantice seguir en el negocio minero e impunidad para cubrir su retirada. En este plan es que, con Guillermo de Santis, han encarado un embate contra jueces que no se quieren jubilar y están imponiendo gente de confianza para ellos. En esta jugada es que perdió definitivamente al Partido Bloquista. Muchos candidatos de paño bloquista son desestimados para los cargos de nuevos jueces y esto ha creado resentimiento en la actual conducción del partido de la estrella. La única que mantiene su fidelidad con Gioja es Caselles pero el resto de la línea Bravo conducción ya planteó que para las elecciones 2013 van por fuera del Frente para la Victoria.
Anticipar el ajuste
La ley de ART del gobierno nacional es un nuevo golpe a los trabajadores. Desde la CTA se está planteado la estatización del seguro por accidente de trabajo y ha movilizado el miércoles 24/10 en todo el país. En San Juan se hizo una parada en la puerta de la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
A su vez la CCC de San Juan impulsa que la CTA impulse un pedido de paritarias estatales anticipadas para que el presupuesto 2013 contemple el aumento salarial necesario para que los trabajadores del estado no caigan en la pobreza.
