Esta causa caratulada “Escuadrón 56 ‘Gualeguaychú’ de Gendarmería Nacional – Comunica Corte De Ruta” fue iniciada en el año 2006 con motivo del corte de la Ruta Nacional N° 136. A lo largo de los años de trámite de la causa nunca se pudo individualizar a persona alguna, ni tampoco se adoptó ninguna decisión que impulse la causa.
Esta causa caratulada “Escuadrón 56 ‘Gualeguaychú’ de Gendarmería Nacional – Comunica Corte De Ruta” fue iniciada en el año 2006 con motivo del corte de la Ruta Nacional N° 136. A lo largo de los años de trámite de la causa nunca se pudo individualizar a persona alguna, ni tampoco se adoptó ninguna decisión que impulse la causa.
Esta situación se mantuvo hasta este año, que el gobierno nacional emprendió una campaña política, mediática, publicitaria y judicial, contra los asambleístas de Gualeguaychú, para acabar con su lucha.
Como parte de su política la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kichner firmó el decreto 828/2010, a través del cual instruyó al procurador del Tesoro de la Nación (el máximo abogado del Estado) a presentarse como querellante en la causa penal, denunciando a Jorge Omar Frizler, Sira Nidia Muñoz, Osvaldo Daniel Fernández, Juan Antonio Ferrari, Ana María Acosta, Paola Soledad Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez.
El gobierno denunció a estos asambleístas acusándolos de 17 delitos entre los cuales se encuentran: homicidio culposo, atentado contra el orden democrático, sedición, interrupción del tránsito, etc. En otras palabras les tiraron el Código Penal por la cabeza a 10 vecinos de Gualeguaychú, elegidos especialmente por Cristina Fernández de Kirchner. Da la casualidad que los 10 acusados son todos opositores al gobierno K.
El juez federal de Concepción del Uruguay, Dr. Pimentel, resolvió rechazar el pedido de citar a los 10 vecinos acusados por el Gobierno. Fundó su resolución en que los vecinos de Gualeguaychú no pudieron comprender la criminalidad de sus actos en virtud de los innumerables apoyos que tuvieron por parte de gobernadores, diputados, senadores, el ex presidente, la actual presidenta, las presentaciones que hizo el gobierno ante tribunales internacionales, en los cuales defendió el derecho a cortar la ruta nacional 136. El juez sostuvo que todo el apoyo de las instituciones, la pasividad de las fuerzas de Gendarmería, etc., hacían imposible imputar a los asambleístas los delitos que ahora les imputaban.
Esta decisión fue apelada y así llegó ante la Cámara Federal de Paraná. Este Tribunal por un fallo dividido 2 a 1, votó confirmar la sentencia del juez de primera instancia. En el fallo de Cámara hay algunos razonamientos que recogen los argumentos vertidos por los abogados defensores y que sirven para utilizar en las miles de causas que hay abiertas contra los que luchan.
La Cámara sostiene que no puede acusarse a alguien de la comisión de un delito por el hecho de ser el referente, el vocero o que la persona estuvo sobre la ruta. Debe probarse qué hizo concretamente para que pueda imputársele un delito. Esto que es una verdad de perogrullo, no es habitual que la justicia lo sostenga en las causas contra los luchadores populares.
Más causas penales
Esta victoria no ha significado que la causa se cierre. La Cámara resolvió instruir a la Fiscalía a reunir más elementos para volver a imputar a alguna persona la comisión de un delito. Esto quiere decir que si la Fiscalía lograr juntar más elementos de prueba, podrían volver a imputar a quienes la Fiscalía considere responsables.
Pero hay más, esta no es la única causa abierta contra los asambleístas de Gualeguaychú. Existen tres causas penales más contra ellos. Una por cada manifestación que ha realizado en el último mes. Cada fin de semana que los asambleístas realizan una actividad o manifestación, el Juzgado de Concepción del Uruguay abre una nueva causa penal contra ellos.
Ahora llegaron las citaciones correspondientes a la primera causa abierta. Son 25 los citados a indagatoria. Entre ellos se encuentran Paola Robles y Juan Ferrari. El Juzgado Federal resolvió citar a cada uno en días distintos para dificultar la coordinación de los imputados. De esta manera el primer asambleísta está citado para el 2 de noviembre y el último para el 29 de diciembre. La Asamblea Ciudadana y sus abogados defensores están discutiendo cual es la mejor manera de enfrentar esta nueva situación.
Mientras Cristina Kirchner miente cuando afirma que no reprime ni criminaliza la protesta, se inician todos los días nuevas causas contra quienes se levantan y luchan por sus derechos. Urge toda nuestra solidaridad para con los Asambleístas de Gualeguaychú.
Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo.
