Una nueva fase de la crisis político-militar da como consecuencia el cese y pase a retiro de mandos de primera línea del Ejército, como lo eran el comandante en jefe designado el 12/3, José González, en sustitución de Manini Ríos, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y el requerimiento al parlamento de la venia para el pase a retiro de los generales, C. Romano, C. Sequeira, A. Salaberry y G. Fajardo.
Estas resoluciones del presidente Vázquez, aunque tardías, consideramos que se imponía tomarlas y son un hecho inédito, que revela la importancia de esta crisis, donde en menos de un mes 7 de los 16 generales fueron relevados, 2 de ellos siendo comandantes en jefe.
Esta fase de la crisis estalla por la difusión pública de las actas del Tribunal de Honor que actuó en los casos de los crímenes cometidos por Gavazzo, Silveira y Maurente, donde Gavazzo dice haber sido “solo” él, el que desapareció al compañero, militante popular, Roberto Tito Gomensoro, y Silveira lo acusa también de otros crímenes.
El contenido de estas actas estuvo en conocimiento no solo de los integrantes de dicho tribunal, sino también por las jerarquías del Ministerio de Defensa y por la Presidencia de la República, que homologa dos fallos, sobre Gavazzo y Silveira y no homologa el relativo a Maurente, y es objetivo que hasta que estas actas no se hicieron públicas por la prensa, no se lo hizo por parte del gobierno ni se pasó el expediente a la Justicia.
Aquí aparecen las responsabilidades de Poder Ejecutivo, ante las cuales el presidente Vázquez pide la renuncia al Ministro y al Subsecretario del ministerio citado, pero queda el tema pendiente de hasta dónde llegan las responsabilidades y como actúa la Justicia.
Estos tribunales de honor han servido para demostrar la gravedad de la actual situación, donde después de 34 años de la caída de la dictadura fascista que aplicó el terrorismo de estado en nuestro país, los altos mandos del Ejército siguen considerando que los crímenes aberrantes cometidos por las FF.AA y la Policía, no lesionan el honor de la fuerza, lo que es lo mismo que justificar los crímenes contra el pueblo y decir que en cualquier momento pueden ser convocados a hacerlo nuevamente.
A esto han llevado la derecha tradicional y el Frente Amplio, que en sus sucesivos gobiernos mantuvieron la Ley de Impunidad, y con su política de dilaciones han cerrado el paso a que como corresponde a este tipo de crímenes, se conozca la verdad y se haga justicia, a tiempo y con Juicio y Castigo a los culpables.
Esta crisis político-militar se suma a la crisis social que reflejaron recientemente las cifras sobre la violencia social y también las de la crisis económica en curso.
Tito Gomensoro y los compañeros asesinados y desaparecidos desde la historia combaten.
Es hora de impulsar la lucha por la exigencia de ir a fondo con la depuración de las FF.AA, con desmantelar el aparato represivo y por una ley orgánica que elimine la Doctrina de la Seguridad Nacional y reduzca en forma importante la cantidad de altos oficiales.
Basta de impunidad. Anular la ley de impunidad. Juicio y castigo a los culpables.
Hoy N° 1762 10/04/2019
