Escribe: Aime Floyd
Mientras el gobierno de Javier Milei celebra la baja en los homicidios dolosos, otra cifra crece sin freno y sin discurso oficial que la nombre: en 2025 hubo 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024 y la cifra más alta de la serie histórica. Triplican a los homicidios (1.676) y ya son la principal causa de muerte violenta del país. La tasa nacional, 11,8 cada 100.000 habitantes, casi triplica el promedio mundial.
Cada día un adolescente de entre 10 y 19 años se quita la vida. Por cada caso letal hay hasta 20 intentos. Casi ocho de cada diez víctimas son varones, atravesados por desempleo, deudas y el mandato de sostén económico del hogar que esta política vuelve imposible de cumplir.
La respuesta del gobierno y las instituciones estatales, en ese contexto, no fue fortalecer la contención: fue desmantelarla. La Ley de Salud Mental (26.657) exige destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario al área; el Gobierno de Milei proyecta para 2026 apenas el 1,42%, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Los hospitales nacionales monovalentes Bonaparte y Carrillo sufrieron caídas reales de presupuesto de entre el 20% y el 44% desde que asumió la actual gestión. El Bonaparte estuvo al borde del cierre por decisión del Ejecutivo nacional, y la medida recién se revirtió después de protestas sostenidas y denuncias por desmantelamiento del sistema de salud mental público.
En paralelo, el oficialismo envió al Senado un proyecto que modifica a la baja la propia Ley de Salud Mental.
Un adolescente por día
Si el promedio nacional ya asusta, el recorte de grupo etario más joven directamente aterra. Datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que, en el país, un adolescente de entre 10 y 19 años se quita la vida todos los días, y que el suicidio es la segunda causa de muerte en esas edades. La Sociedad Argentina de Pediatría precisó además que la incidencia es mayor entre los 15 y los 19 años que entre los 10 y los 14, y que, en 2023, por primera vez el suicidio superó a los tumores y a los accidentes como causa de muerte entre las adolescentes mujeres.
Entre las historias que circulan detrás de estas cifras aparecen, cada vez con más frecuencia, casos de sextorsión, deudas contraídas en plataformas de apuestas online y un tipo de soledad que crece en paralelo a la vida cada vez más mediada por las redes sociales. Son variables nuevas, atadas a la época, que se suman a las de siempre: la desigualdad educativa, la vulnerabilidad social, y que todavía no cuentan con políticas públicas específicas de prevención.
El ajuste también mata
Si hay un dato que resume el lugar que ocupa la salud mental en las prioridades del Estado, es este: la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) establece que el área debería recibir como mínimo el 10% del presupuesto sanitario nacional. Para 2026, la asignación prevista representa apenas el 1,42%, según un informe de la ACIJ.
Argentina cuenta, además, con una Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), sancionada hace más de una década. Pero, como advierte Alberto Trímboli, referente de la Asociación Argentina de Salud Mental, no hay información pública clara sobre qué presupuesto se ejecuta realmente ni qué recursos concretos pone en marcha la Dirección Nacional de Salud Mental para cumplirla. Una ley que existe en el papel, mientras el diagnóstico empeora en las calles.
Frente a un modelo que les vende soledad y responsabilidad individual como única salida, la organización, en la escuela, el barrio, el sindicato, la asamblea, es una respuesta política y también, literalmente, una respuesta de vida. Poder hablar, y hacerlo de manera colectiva, es la primera trinchera contra un sistema que prefiere jóvenes aislados antes que jóvenes organizados.
hoy N° 2120 05/08/2026
