El proyecto de ley que el gobierno de Milei intenta imponer en el Senado, suspendido hasta el 6 de agosto por la resistencia que generó, no es una simple reforma jurídica. Bajo el eufemismo de “inviolabilidad de la propiedad privada”, elimina los límites a la extranjerización de la tierra rural, habilita desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre bosques nativos, humedales y tierras incendiadas. Juan Echeverría, histórico dirigente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, lo definió sin rodeos en la entrevista radial: “es casi la frutilla del postre de la entrega absoluta del patrimonio y del desguace de la Argentina”.
Hoy la ley vigente limita al 15% la tierra rural que puede estar en manos extranjeras, con un tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. El proyecto oficial borra esos límites de un plumazo. “Permitiría a cualquier extranjero comprar lo que se le ocurra”, explicó Echeverría, y puso el ejemplo de Peter Thiel, el magnate que desarrolla tecnología bélica para Estados Unidos: con la ley aprobada podría “comprar todas las extensiones de tierra que se le ocurran en la Patagonia” para instalar centros de inteligencia artificial usando el agua de los glaciares, sin que nadie se lo impida.
El corazón del proyecto no es solo quién compra, sino qué puede hacer con lo que compra
Ahí está el argumento de fondo: la “inviolabilidad de la propiedad privada” no protege la casa de nadie, protege el derecho de los grandes capitales a hacer lo que quieran con la tierra que acumulen. La Constitución establece que la tierra es un bien social, sujeto a límites cuando su uso perjudica a la comunidad. Esta ley voltea ese principio, dice Echeverría. “No es que tu propiedad va a ser inviolable. Va a ser inviolable para hacer barbaridades”.
Con datos concretos de su zona describió lo que está en juego: un empresario ligado a Vaca Muerta compró el puerto cerealero de Hernandarias para sacar arena silícea usada en el fracking. Si mañana decide desviar el cauce del arroyo Hernandarias para cargar esa arena en barcazas, puede arrasar con los campos vecinos y con el balneario Saucedal de Piedras Blancas, y la nueva ley se lo permitiría sin margen de reclamo. No es hipótesis: ya ocurrió con el contrabando de soja paraguaya en Puerto Güey, ligado a la causa Vicentín, y con el desmonte de miles de hectáreas sobre la costa del Paraná en Laguna Blanca. “Las trampas se hicieron. Pero con esto legalizan las trampas”, resumió.
A esto se suma la derogación de la ley de manejo del fuego, que hoy impide cambiar el uso de la tierra durante 30 a 60 años después de un incendio. Con el proyecto aprobado, un campo quemado puede convertirse al día siguiente en emprendimiento inmobiliario: un incentivo directo a que los incendios “espontáneos” se multipliquen.
La concentración desplaza al chacarero
El dirigente agrario también apuntó a otro efecto, menos discutido, pero igual de brutal: la avanzada de los pools de siembra. En su zona el alquiler de un campo ronda los seis quintales por hectárea al año; los grandes fondos financieros ya ofrecen diez, un precio que ningún productor chico o mediano puede igualar. Cuanta más tierra se concentre en pocas manos, extranjeras o de los pools asociados a ellas, más chacareros quedan afuera de la producción.
Los argumentos oficialistas, uno por uno
El senador libertario Joaquín Benegas Lynch defendió el proyecto en esa misma radio con dos argumentos. El primero: que la ley actual “perjudica” al dueño de la tierra porque deprime su precio, y que abrir la venta a extranjeros lo beneficiaría. Echeverría respondió con una pregunta elemental: ¿de qué le sirve a un productor que su campo valga más si no quiere vender, porque esa tierra es su forma de vida y la de sus ancestros? Y si igual la vendiera, ¿qué hace después con esa plata en un país cada vez más vaciado de producción y de consumo interno? “¿A quién le vas a vender un caramelo si ya no hay nadie que pueda comprarlo?”, ironizó. El envión de precios, además, sería efímero: una vez que los capitales extranjeros controlen ríos, arroyos y arenales, los campos que queden en el medio no valdrán nada, porque sus dueños no tendrán con quién negociar el agua ni el acceso.
El segundo argumento oficialista es que el proyecto “defiende la soberanía” porque prohíbe la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, dejando abierta solo la compra por privados. Echeverría lo calificó de cortina de humo: “¿Peter Thiel tiene Estado?” La restricción a los Estados apunta, en los hechos, a bloquear las inversiones de empresas estatales chinas, no a frenar la extranjerización como tal. Es, señaló, la forma que encuentra el gobierno de saldar una disputa interimperialista a favor de Washington, mientras deja la puerta abierta de par en par a cualquier capital privado, sea yanqui, europeo o de donde sea.
Un Congreso que no representa
Para Echeverría, la posibilidad de frenar la ley por la vía parlamentaria es escasa: “hoy el Congreso es una caja económica”, dijo, recordando el caso del senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con una valija de dólares. “Me ponen un sobre y hago lo que quieran”, ironizó sobre buena parte de la dirigencia política. Frente a ese escenario, sostuvo que solo la movilización popular puede frenar esta política, apelando al mismo espíritu que unió al país en el repudio a la usurpación inglesa de Malvinas: la defensa de la soberanía territorial frente al saqueo.
La ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” no es un tecnicismo jurídico: es la llave que el gobierno ofrece a los capitales extranjeros para terminar de rematar la tierra argentina, desplazar a chacareros, campesinos y pequeños productores, y arrasar con lo que queda de regulación ambiental y social. No alcanza con resistir en el recinto: la pelea por la tierra se define también en la calle, con la unidad de obreros, campesinos y pueblo movilizado exigiendo el rechazo definitivo del proyecto.
hoy N° 2120 05/08/2026
