Escribe Claudio Puntel
Inmediatamente a la publicación, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello en declaraciones pretendió responsabilizar a los gobiernos anteriores, “es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas”, dijeron. Y aprovecharon para propagandizar las políticas del gobierno de Milei para el sistema educativo.
Mienten. Según el oficialismo, la evaluación “refleja el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013″. Es falso. En Argentina, la evaluación aborda los aprendizajes de los últimos 8 años de escolaridad, esto es el paso del estudiante por toda la escuela primaria y los tres primeros años del secundario. O sea, los años que se corresponden con el ajuste del gobierno de Macri, la excepcionalidad de la pandemia y lo que va de la motosierra mileísta.
Los datos
Según los informes publicados, en la Argentina “los puntajes promedio disminuyeron en comparación con las evaluaciones de 2022 y 2018”. En la estratificación que hacen los responsables de la aplicación de estas pruebas, nos ubicaríamos en el “bloque medio-bajo de América Latina”, por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Perú.
De acuerdo a la publicación, “la proporción de alumnos que no logra los niveles básicos aumentó respecto de las ediciones anteriores”. Para la publicación, de acuerdo a los ejercicios evaluados en matemática, por ejemplo, “solo el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico de competencia”. Afirman que en “tres de cada cuatro alumnos del país, el 76%, no pueden resolver operaciones matemáticas sencillas”.
Las pruebas PISA, aplicadas cada tres años, pretenden obtener datos cuantitativos sobre “los logros de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias”.
Un programa a medida del imperialismo
El programa de evaluación PISA, creado por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) se enfoca en habilidades operatorias y desconoce otras que son fundamentales para la educación, como la capacidad de análisis, de síntesis, de resolución de problemas complejos, entre otras. Así, priorizan y valoran lo que para ellos son “competencias” y “habilidades” vinculadas a la lógica económica.
La OCDE, organismo al servicio de los imperialismos, vinculada a empresas como la consultora Pearson, que vende “servicios educativos”, impulsa en los países oprimidos políticas de ajuste fiscal regresivas, con exención a los monopolios e incremento de impuestos al consumo inclusive, de la canasta básica. Plantea a los gobiernos nacionales programas de reforma jubilatoria con aumentos de la edad para jubilarse, el pago de aportes a las pensiones por parte de los trabajadores. Exige liberalización de áreas estratégicas como el desarrollo energético y las telecomunicaciones. Claramente lineamientos que atacan a las clases populares, a los trabajadores y al interés nacional. En otras palabras, las pruebas con las que pretenden mostrar una radiografía de nuestra escuela pública son producidas e impuestas por los socios de Milei y Sturzenegger.
La escuela de Milei, motosierra y hambre
“El principal y central problema, que no es solo de educación pero que afecta directamente a la educación es el nivel de pobreza de los menores de 14 años, que según el Indec es del 45,4%…” aseguraba Guillermo Volkind en diciembre pasado en un podcast de la revista La Marea. El educador, psicólogo social y pedagogo afirma que “cuando hablamos de pobreza en relación con menores implica sujetos que están alimentados de modo tal que no tienen lo que necesitan para crecer y desarrollarse”. Para Volkind, el efecto de esto, “aparentemente no puede visualizarse de manera inmediata, pero es absolutamente identificable a través de los años”. Y demuestra la complejidad del problema: “Hay una pobreza también en el orden de lo cultural, de lo motivacional que afecta cualquier propuesta pedagógica si esto no se encara de manera directa”.
Hay un posicionamiento histórico de los trabajadores de la educación y sus sindicatos contra la implementación de las pruebas PISA y denuncias sobre los reales intereses de los organismos y gobiernos que las impulsan y aplican. Hay una caracterización clara sobre la inutilidad de estos instrumentos para el diseño de políticas educativas, sociales y culturales al servicio de una escuela ligada a la transformación y las necesidades de nuestro pueblo y el interés nacional.
Como dice Volkind, no se puede pensar la escuela sin tener en cuenta el hambre y la malnutrición en vastos sectores de nuestros niños y jóvenes. Es malintencionado pensar la escuela sin denunciar el carácter principal del ajuste y el recorte de la motosierra mileísta sobre la escuela pública. Según un estudio del Instituto Marina Vilte de Ctera, el ajuste sobre el “Presupuesto de la Administración Pública Nacional desde el inicio de la gestión Milei puede calcularse en 34,4%”. Y destacan que mucho más grave resulta el recorte de 45,9% según registros de Julio pasado (ver riobravo.com.ar).
Como se expresa en la nota de Río Bravo, “lo más brutal de la motosierra es lo aplicado en los programas de Educación Obligatoria (-77,0%) y en Infraestructura Educativa (-95,8%)”. No sólo recorte, sino también transferencia de recursos desde las necesidades populares hacia los monopolios de la privatización de la educación, en el presupuesto educativo “incrementaron partidas destinadas a programas financiados mediante contratos con empresas extranjeras, como es el caso de Educ.ar, que creció en 201%”.
En áreas de mayor sensibilidad del presupuesto, como los programas de “Educación Obligatoria” y de “Infraestructura Educativa”, impusieron recortes de 4,4% y 54,0%. Se trata algunas de áreas de mayor sensibilidad en el presupuesto educativo, y en los que el gobierno nacional venía descargando el ajuste con profundo salvajismo.
Y también es fundamental poner en el centro el ajuste que viene sufriendo el salario de los trabajadores de la educación, que cayó en 30 puntos desde 2015. Son “los niveles más bajos de los últimos 30 años”.
Sin paritarias, con la necesidad de un aumento de 42% en el salario para equiparar al de 11 años atrás, con hambre, desguace y con las puertas abiertas de par en par a la privatización de los programas de formación docente y la escuela en general, no es posible pretender mejoras en el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Urge la marcha federal educativa que prepara Ctera y que unirá como en un solo puño las luchas que los docentes venimos encarando en todas las provincias. Esto, unido al compromiso con la comunidad educativa, habitar la escuela y la coordinación entre las centrales obreras, las organizaciones sociales y las multisectoriales son pasos del camino que necesitamos transitar para frenar la motosierra y conquistar una escuela y políticas al servicio del pueblo con el presupuesto necesario.
hoy N° 2126 16/09/2026
