Este invierno encontró a millones de familias teniendo que elegir entre calefaccionarse o comer. Esto es el resultado de un plan deliberado, de Milei, Caputo y compañía, que beneficia a los grupos energéticos con el tarifazo más brutal de la historia reciente. Mientras el Gobierno declama que «bajó la inflación», la realidad de cada casa de trabajador muestra otra cosa: los servicios esenciales (luz, gas y agua) subieron entre dos y cinco veces más que los precios en general y entre tres y diez veces más que los salarios.
Los números del saqueo
Distintos relevamientos -del Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-Conicet), de consultoras privadas y de organismos oficiales- dan cifras similares para el aumento acumulado entre diciembre de 2023 y este año. Algunos ejemplos: el gas natural creció entre el Entre +617% y +1.575%. La electricidad entre +339% y +351%. El agua (tomando en cuenta Aysa) entre +362% y +386%, más subas de 3-4% mensual desde ene. 2026. SI nos vamos al AMBA, los viajes en colectivo aumentaron Entre +770% y +1.545% nominal; mientras el boleto de subte subió 1.668%. El promedio de estos rubros que componen la Canasta de servicios básicos creció entre el +540% y +600%.
Junto a estos siderales aumentos de tarifas, el poder adquisitivo de los salarios registrados cayó 17,1% entre noviembre de 2023 y enero de 2026, y el ingreso disponible de las familias se ubica un 11% por debajo del nivel previo a la asunción de Milei. El gasto en servicios públicos, que representaba apenas el 6% de un salario promedio a mediados de 2024, hoy se lleva entre el 11% y el 17% del ingreso de una familia, según la zona y si accede o no a algún esquema de subsidio.
Todo el esquema de aumentos de tarifas, que incluyó la eliminación de subsidios, dejar de considerar “zona fría” a vastas zonas de nuestro país y la absoluta desregulación, es parte del programa de este gobierno, diseñado para transferir ingresos de los bolsillos populares hacia las petroleras, las distribuidoras y los fondos que las controlan. Parte de este plan siniestro es la propuesta de la Secretaría de Energía de “perdonar” a Edesur y Edenor más de 1.800 millones de dólares de deuda con la distribuidora Cammesa.
Otra parte de este plan de ajuste y entrega son las privatizaciones que la Ley Bases habilitó y que en 2026 se aceleró. El Gobierno avanza con la privatización de AySA -la empresa estatal de agua y saneamiento del AMBA-, ya vendió Transener y trenes, y tiene en la mira nuevos tramos del sistema energético y del transporte.
Es la misma receta del menemismo en los 90, cuando entregaron YPF, Gas del Estado, Segba y los ferrocarriles a precio vil. Algunos de los beneficiarios son los mismos de aquellos años, como Pampa Energía, Central Puerto o los operadores extranjeros del gas y la electricidad.
La deuda como soga al cuello
El endeudamiento de las familias en el sistema bancario llegó al 11,2% en febrero de 2026. Buena parte de ese endeudamiento se explica porque cada vez más hogares recurren a préstamos, tarjetas o «fiado» para no caer en mora con los servicios y evitar el corte. Como si fueran pocos los beneficios, este gobierno autorizó a las empresas de electricidad a cortar el servicio a las dos semanas del segundo vencimiento impago y el gas a los tres meses,
Como en los 90, el argumento de que había que “sincerar” las tarifas para que las empresas inviertan en mejoras de los servicios, se demostró como otra gran mentira de este gobierno. Los cortes por falta de infraestructura y las roturas de caños siguen golpeando a los mismos barrios de siempre, mientras las distribuidoras y generadoras declaran ganancias récord y giran dividendos a sus casas matrices y accionistas. El ajuste tarifario financia la timba financiera, el pago de una deuda externa fraudulenta, y las ganancias extraordinarias de un puñado de grupos monopólicos nacionales y extranjeros.
Un gran movimiento por tarifas justas y contra la entrega
Como ya viene apareciendo en algunos lugares en los que las y los vecinos reclaman frente a las oficinas de las empresas de electricidad, peleamos por desarrollar un movimiento que una a la clase obrera y a los sectores populares, a las y los jubilados, a las organizaciones de usuarios, a las pequeñas y medianas empresas asfixiadas por el costo energético, a las centrales sindicales y a todo el arco de organizaciones sociales y políticas populares, para pelear por la declaración de emergencia tarifaria y social:
*Condonación de las deudas contraídas por los usuarios que no pudieron afrontar el tarifazo, revisando además los contratos y sobreprecios de las empresas distribuidoras.
*Prohibición y suspensión inmediata de los cortes de luz, gas y agua por falta de pago en los barrios populares, pequeños comercios y pymes.
*Rebaja inmediata de las tarifas de luz, gas, agua y transporte para los sectores populares, con tarifa social real para jubiladas/os, desocupadas/os, comedores, pequeños comercios y pymes.
Entendemos esta pelea por una emergencia tarifaria como parte de la lucha popular contra este nefasto gobierno. Porque no hay tarifa justa posible mientras la energía, el agua y el transporte sigan siendo un negocio privado antes que un derecho del pueblo.
La pelea por la soberanía sobre nuestros recursos tiene como horizonte la reestatización de todas las empresas de la energía -generación, transporte y distribución de luz y gas, agua y saneamiento, y el transporte público-, con control de los trabajadores y los usuarios, sin pago ni indemnización a los grupos que se enriquecieron a costa del pueblo.
hoy N° 2124 02/09/2026
