La confabulación de la CIA, el embajador del Brasil, militares, policías, la iglesia católica y algunos comités cívicos que planificaron y ejecutaron el golpe de estado perpetrado en noviembre de 2019 contra el gobierno popular, democrático y antiimperialista de Evo Morales, tuvo como su principal bandera la supuesta lucha por el restablecimiento de la democracia, como si hubiéramos estado viviendo en una dictadura.
Así lo mostraron de modo sistemático los medios de comunicación nacionales, cadenas extranjeras de televisión, ONGs con fachadas ambientalistas, el falso Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y los parlamentarios de la derecha que gozaron de la más amplia libertad, no solo para expresar sus opiniones sino para insultar, denigrar, calumniar y hasta amenazar con colgar al presidente. Ninguna de estas acciones fue penalizada.
Conocidos golpistas de las épocas dictatoriales y planificadores, organizadores, financiadores y ejecutores del golpe cívico militar de 2008 se transformaron prontamente en furiosos demócratas. Así denominaron incluso a su Partido, los resabios y herederos del banzerismo y garcia mesismo.
Narcotraficantes prontuariados se convirtieron en denunciantes del narcotráfico, autoridades corruptas con variados juicios encima, eran abanderados de la honestidad y la honradez. Todo era posible y necesario para defenestrar a un gobierno que puso en marcha la mayor movilidad social y la mayor redistribución del ingreso de la historia de Bolivia.
Las fuerzas armadas y la policía ya no reprimían a las manifestaciones de protesta, por el contrario las estimulaban no solo con su pasividad inicial, sino con su posterior participación activa, anunciada públicamente como un motín y con la sugerencia de renuncia del presidente.
Se consumó el golpe y ratificando su vergonzosa sumisión y dependencia lacayuna a poderes extranjeros en oscura reunión y por mandato de la embajada americana decidieron el nombramiento de una nueva presidenta. No extraña que quienes estaban acostumbrados a los golpes de estado, repitieran su práctica estimulados por un atractivo financiamiento.
Seis meses después del infausto y sangriento golpe de estado, presenciamos un cotidiano e interminable desfile de actos de corrupción, nepotismo descarado, narcotráfico, abuso de poder y uso familiar de bienes del estado y un largo etc.
A pesar de su encierro mediático y sanitario no pueden ni podrán ocultar semejante incapacidad y desgobierno, por ello necesitan el irrestricto apoyo de sus cómplices y sostenedores, la alta jerarquía castrense y policial.
Impulso irreflexivo y manifiesta ignorancia de los principios básicos de la democracia, empujaron al comandante en jefe de las fuerzas armadas Sergio Orellana Centellas a desnudar su grotesca prepotencia, al pretender imponer plazos para la aprobación de ascensos. En uniforme de guerra y acompañado del ministro de Defensa y un séquito de colaboradores irrumpieron en la Asamblea Plurinacional para hacer conocer su ultimátum. Parece que Luis Fernando Camacho ha sentado un nefasto precedente de un galopante golpismo que ahora es puesto nuevamente en escena por la cúpula militar.
¿No sabe el general de división que nadie puede poner plazos a las decisiones de la Asamblea Plurinacional? Estos plazos están establecidos con claridad en sus propios estatutos, sobre todo tratándose de trámites establecidos. Entonces debe recibir con urgencia un curso acelerado de principios elementales de la democracia representativa, entretanto sería inaceptable que siga ejerciendo como el más alto representante de la institución llamada a protegerla. Claro, esto siempre y cuando estuviéramos en una democracia, ahora en un régimen de facto, en un gobierno golpista esto es nomás posible, más aún, es aplaudido por falsos demócratas y desde luego por el gobierno, que de ese modo ratifica una vez más, como si hiciera falta, su carácter dictatorial y fascista. Es por ello impensable que este general sea sustituido, será sin duda ratificado.
Que sepamos no hay hasta ahora, ninguna manifestación sobre este hecho del Conade, organización de unos cuantos amigos, renegados de la izquierda, que ahora muestra su falsa posición democrática, tampoco lo hizo cuando las masacres en Sacaba-Huayllani y Senkhata. Cosa parecida sucede con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que más parece defensora de los derechos y arbitrariedades de quienes maltratan y masacran al pueblo.
Sin embargo, es preciso analizar qué objetivos persigue esta descarada y sorprendente manifestación de golpismo recurrente. Uno de ellos es atemorizar a la Asamblea y obligarla a decidir contra su voluntad, una reedición de la invitación a renunciar que le hicieron a Evo Morales. Puede tratarse de un prolegómeno para cerrar la asamblea y así consumar un autogolpe, que prolongue indefinidamente el proceso electoral y las elecciones.
Finalmente es inocultable su intención de atemorizar al pueblo, que ya ha mostrado su histórica rebeldía y su vocación de luchar por sus derechos y sus reivindicaciones.
Escribe Jorge Echazú, Primer secretario del Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta de Bolivia
