Por la noche del sábado 30, personal de la Comisaría Tercera de la Policía del Chaco, en el barrio Bandera Argentina, cerca del acceso a Fontana, irrumpió violentamente tirando abajo la precaria puerta de la precaria vivienda de una familia qom.
Sin orden de allanamiento, sin identificarse, sin leer los derechos que todos los ciudadanos y ciudadanas poseen sobre el suelo argentino, sin abogados, violando todos los protocolos de accionar policial, y todos los derechos humanos vigentes en un Estado de Derecho, golpearon a todos los presentes, entre ellos, personas adultas, jóvenes y menores de edad. Fue un claro operativo de detención ilegal y privación ilegítima de la libertad a cuatro jóvenes, entre ellos dos mujeres, una menor de edad. Prueba de esto circula en los medios y redes sociales con videos y fotografías.
En la Comisaría Tercera, esposados, los encerraron en una pieza donde los rociaron con alcohol, apagaron la luz y los torturaron amenazándolos que los iban a prender fuego. “Indios infectados, ustedes son unos malacostumbrados”, les gritaban mientras los torturaban. “Cinco policías saltaron sobre nuestros pechos”, contó una menor a integrantes de la Mesa Multisectorial Feminista y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que se hicieron presente este domingo en la vivienda familiar a los 20 minutos de haber conocido el caso. También denunciaron abusos sexuales a las jóvenes.
Es inaceptable este comportamiento en las fuerzas de seguridad, que, en un momento tan difícil para el mundo, la Argentina y el Chaco, donde la pandemia del Coronavirus nos golpea a todos, pero principalmente en Gran Resistencia, en el Barrio Toba y Fontana, donde deberían estar trabajando en contener el hambre y ayudar solidariamente a soportar la cuarentena, sobre todo en estos barrios tan vulnerables por las condiciones de hacinamiento y pobreza estructural.
Repudiamos el accionar policial, la represión, persecución y discriminación hacia las personas humildes y en particular contra los Pueblos Originarios.
Exigimos que se inicie una investigación y se separe de los cargos a todo el personal policial implicado.
Esta política no puede continuar así, la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia debe jugar un papel activo denunciando e impidiendo que esto ocurra.
Rodolfo Schwartz, Diputado Provincial, Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente Chaqueño
