Pedro Castillo, presidente de la República del Perú fue detenido y llevado a prisión el 7 de este mes. En ese momento hubo manifestaciones en Lima a favor y en contra de Castillo, pero las primeras fueron más importantes. Al día siguiente crecieron las marchas reclamando la liberación de Castillo, y fueron reprimidas en Lima.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en un comunicado afirmó que “rechaza el quiebre democrático. El Congreso no responde a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo”, y que esto es “la continuidad de una crisis que beneficia a la derecha y a los grupos de poder económico en el Perú”.
También dice que “firme a su tradición democrática, la CGTP reconoce que la constante inestabilidad política, social y económica en el Perú tiene raíces en la espuria Constitución de 1993, con lo que hace urgente la creación de un nuevo contrato social en el que prevalezcan los intereses del pueblo y no de los grupos de poder económico que ostentan el control de nuestro país”. Plantean vigilancia por el respeto a la democracia y los derechos laborales, nueva Constitución y adelanto de elecciones generales.
Castillo cometió errores graves. Hay que investigar las acusaciones de corrupción que deben ser probadas, aunque el poder judicial está muy cuestionado y la Fiscal de la Nación encubre a su hermana, que como jueza es acusada de enriquecimiento ilícito y de dar libertad a narcotraficantes.
También Anfasep (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú), reclamó que se respeten los derechos humanos y alertó que no permitirán que el Congreso, junto a medios empresariales y mediáticos, aprovechen para sancionar leyes contra los derechos humanos.
Castillo fue reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien pidió una tregua y anunció un “gobierno de unidad nacional” con participación de “todas las fuerzas políticas”. Boluarte habló de “un intento de golpe de estado” por la decisión, tomada poco antes por Castillo de anunciar el cierre del Congreso, tres horas antes de una sesión parlamentaria en la que se votaría su destitución. Boluarte, que al asumir dijo que terminaría el mandato en el 2026, el lunes 12 anunció el adelantamiento de las elecciones para el 2024
Castillo abandonó el Palacio de Gobierno y antes que pudiera refugiarse en la Embajada de México, país al que pidió asilo político, fue detenido. Desde su encarcelamiento escribió “soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.
Castillo no aplicó las medidas de gobierno necesarias para llevar a la práctica su discurso de cambio, incluso las que no requerían la aprobación del Congreso. No pudo realizar una Asamblea Constituyente por oposición del Congreso. Después de intento fallido de cerrar el Congreso sus ministros renunciaron inmediatamente, hablando de golpe de estado. Paradojalmente la Bolsa de Lima se desplomó. El gobierno yanqui se apresuró a tratar a Castillo como “ex presidente”.
Varios gobiernos, entre ellos los de México, Bolivia, Colombia y también la Argentina reclamaron expresaron en un documento conjunto su preocupación y denunciaron «hostigamiento antidemocrático» contra el mandatario depuesto. Previamente, Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Arce, de Bolivia, habían destacado el papel jugado por “las élites económicas y políticas que desde el comienzo de la presidencia de Castillo mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.
Al cierre de esta nota crecían las manifestaciones reclamando la libertad de Castillo y el cierre del Congreso peruano. Hubo enfrentamientos en varias ciudades del Perú, y las organizaciones de derechos humanos denuncian al menos siete muertos a manos de las fuerzas represivas. Toda nuestra solidaridad con el pueblo peruano.
Escribe Alicia Sourges
Hoy N° 1943 14/12/2022
