En estos días se está discutiendo la concesión de la Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, y la reciente firma del Decreto Nacional 949/20 ha despertado distintas alertas sobre el deterioro de la soberanía nacional en términos fluviales y marítimos. Desde la agrupación Azul y Blanca de Obreros Navales, que somos parte del SAON, donde compartimos la preocupación manifestada por varios sectores sindicales, políticos y de agrupaciones que defienden el interés nacional y solicitan la derogación del Decreto 949/20.
Desde el gobierno de Menem los puertos se han privatizado y no tienen, prácticamente, fiscalización estatal, por lo que sufrimos una pandemia de contrabando, subdeclaraciones y narcotráfico. La exportación de granos está concentrada en unas pocas empresas y hemos perdido nuestra flota mercante
En este sentido, damos nuestro apoyo al pedido de informe realizado por el senador Jorge Taiana al ministro de Transporte Mario Meoni para que dé explicaciones sobre el Decreto 949/20 y la marcha atrás de los anuncios positivos realizados el 28 de agosto de 2020 cuando se efectuó en Santa Fe la firma para la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, que suponía la creación de una nueva empresa estatal, que tendría una participación del 51% por parte del Estado nacional y un 49% divido en 7 provincias (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) para controlar los procesos de licitación y llevar adelante obras complementarias y accesorias a la Hidrovía.
Al mismo tiempo, sostenemos: es necesario que el gobierno a través de las instituciones estatales y los mecanismos de administración federal y soberana se haga cargo de la Hidrovía y su dragado en manos nacionales. Los trabajos de draga se realizan utilizando una flota permanente compuesta por 6 dragas de succión y 1 de corte, de un valor aproximado de 30 millones de dólares cada una. Es decir, que la inversión en la flota no es superior a los 200 millones de dólares, el equivalente a un año de recaudación. Esta medida no solo generaría contar con dragas nacionales, sino que también daría trabajo a nuestros astilleros. Estudiosos afirman que en 5 años de funcionamiento la inversión inicial es recuperada con creces.
Vemos necesaria la construcción del Canal de Magdalena que posee múltiples ventajas en abaratamiento de costos, recaudación y control del comercio exterior de nuestra nación y la comunicación directa de la Hidrovía y nuestra sistema fluvial con el Océano Atlántico y el Mar Argentino, sin que sea condición el paso por aguas uruguayas porque solo se puede utilizar el canal de punta indio que lleva al puerto de Montevideo.
Complementariamente impulsamos la derogación del DNU del gobierno de Macri que vetó los artículos 10 y 15 de la ley de promoción de industria naval.
Estamos ante una oportunidad histórica de dar un paso adelante en la soberanía nacional.
Escribe Jorge De Filipis, dirigente de la Lista Azul y Blanca
Hoy N° 1851 10/02/2021
