En un nuevo gesto hacia los sectores patronales, el presidente Kirchner firmó el decreto que elimina la llamada doble indemnización para los despidos sin causa justificada de los trabajadores. Este beneficio había sido establecido en enero de 2002 por la ley de Emergencia Pública, aunque luego había ido siendo limitado en sus alcances.
A fines de 2002, el entonces presidente Duhalde la eliminó para los trabajadores que ingresaran a partir de 2003. Además hace rato que dejó de ser “doble”, pues siendo ya presidente Kirchner, el recargo se redujo primero del 100% al 80%, y luego al 50%. Y el propio Kirchner hizo aprobar una ley que lo eliminaba cuando la desocupación se ubicara por debajo del 10%.
Este es el argumento que se esgrime ahora, pese a que hay provincias donde el índice oficial supera esa cifra, que en el índice general se “compensa” por las que tienen una cifra más baja. Los aglomerados urbanos donde la tasa de desocupación sigue siendo mayor a 10%, son: Rosario, Catamarca, Mar del Plata, Salta y Río Cuarto.
Esto aparte de los cuestionamientos al índice general que no incluye las zonas rurales, y que solo registra como desocupados a los que han salido a buscar activamente trabajo, que en la última medición disminuyeron. A lo que se agrega que las cifras en Capital Federal y Gran Buenos Aires fueron “estimadas”, forma elegante de decir truchadas, por no haberse realizado las encuestas, dada la huelga de los trabajadores del Indec.
Tanto la Unión Industrial (UIA) como la Sociedad Rural (SRA) venían presionando desde hace tiempo por la eliminación de esta ley. Con su habitual hipocresía decían que lo hacían en defensa de la pequeña y mediana empresa, que éstas no podían tomar trabajadores o que lo hacían “en negro” por la “incertidumbre” que la misma provocaba. Cuando, como señalamos arriba, la misma no era aplicable para los trabajadores que ingresaron desde 2003 en adelante.
Lo cierto es que esta ley no operaba como limitante para incorporar nuevos empleados. Y que del millón quinientos mil trabajadores que protegía esta ley (los que tienen el mismo trabajo desde antes de 2003), la mayoría corresponde a las grandes empresas y monopolios. Por lo que la eliminación de esta protección solo tiene un sentido: favorecer a esas empresas la “renovación” de sus trabajadores, abaratando el despido de los más antiguos.
02 de octubre de 2010
