En la mañana del miércoles 10 de junio falleció Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años que había sido trasladada de urgencia desde Nueva Pompeya hacia Castelli con graves afecciones pulmonares. El domingo 14 de junio, nueve días después del inicio del acampe en “La Balanza Vieja”, la crisis humanitaria no ha encontrado respuesta del gobierno provincial ni del nacional.
La tragedia, que enlutó el quinto día del acampe profundiza las denuncias por “abandono absoluto” y “muertes evitables” por tuberculosis y desnutrición en la región, mientras las comunidades wichí organizadas sostienen su lucha y aguardan definiciones de la Justicia.
Las comunidades, que mantienen el acampe con ollas populares manifestaron su profundo dolor e indignación ante la confirmación del deceso que expone de la forma más cruel la crisis humanitaria en El Impenetrable. Sara Maldonado había sido trasladada de urgencia el domingo 8 de junio desde Nueva Pompeya para ser internada en la ciudad de Juan José Castelli, presentando un cuadro crítico: escupía sangre debido a graves problemas pulmonares y estomacales. Su fallecimiento se suma a la lista de “muertes evitables” por patologías estructurales y desatendidas, como la tuberculosis y la desnutrición crónica, que azotan a la población del Chaco profundo ante la falta total de médicos, insumos básicos y ambulancias adecuadas en los parajes rurales.
Esta pérdida ocurrió en el quinto día del acampe masivo y pacífico que iniciaron comunidades de más de ocho localidades y parajes bajo la consigna: “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”.
Genocidio silencioso, vigente y agravado
Ante la falta de respuestas del gobierno provincial y nacional, la lucha continúa. El viernes 12 de junio, la defensora adjunta del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, Gisela Wirtz, visitó formalmente el acampe para interiorizarse sobre la situación de las familias y relevar testimonios.
La defensora es la impulsora de la reciente medida cautelar penal por el «genocidio silencioso» que padecen las comunidades wichí de la zona. Se trata, precisamente, del sector de El Impenetrable que quedó fuera de la histórica medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007, la cual obliga al Estado a proveer alimentos y agua potable y que sigue formalmente vigente, pero con un alcance limitado, ya que no llega a la zona wichí.
Masiva movilización en Nueva Pompeya
En los días siguientes al fallecimiento de Sara Maldonado, las comunidades del pueblo wichí profundizaron sus medidas de lucha con una masiva movilización de dos kilómetros por el centro de la localidad que culminó frente al edificio Multifueros del Poder Judicial, donde realizaron un importante acto. El cuerpo de Sara Maldonado llegó al acampe después de tres días de intensos reclamos para que el gobierno provincial resolviera su traslado desde Castelli. Su sepultura se realizó en el cementerio de Pozo del Toba, en Misión Nueva Pompeya.
Ante la total falta de respuestas del gobierno provincial, las comunidades concentran sus esperanzas en una definición de la Justicia que frene la crisis humanitaria. La protesta apela a dos frentes que deben responder con urgencia: el gobierno provincial y nacional, para que asista la emergencia, y el Superior Tribunal de Justicia, para que apruebe una medida cautelar clave para el territorio.
La cautelar: Ampliar la protección histórica contra el “exterminio”
El eje central de las asambleas comunitarias se concentró en el estado de la medida cautelar solicitada para la zona de General Güemes. El objetivo primordial es obligar formalmente al gobierno a garantizar de manera urgente la entrega de agua potable y alimentos.
Esta nueva medida busca alcanzar y proteger a las amplias zonas territoriales que en su momento quedaron fuera de la histórica cautelar del año 2007, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual sigue vigente. Aquel fallo sentó un precedente al declarar oficialmente que las condiciones de abandono del Estado hacia los pueblos originarios de la región constituían un verdadero “exterminio silencioso”.
A la nueva cautelar planteada para la zona wichí, el juez que originalmente había dado lugar a la solicitud renunció hace seis meses tras recibir severas amenazas contra su familia, según él mismo denunciara, y tuvo pedido de un juicio de enjuiciamiento por parte de los diputados oficialistas. El gobierno apeló la resolución del juez, y ahora la decisión final está en el Superior Tribunal de Justicia. La comunidad exige que el tribunal se constituya formalmente y apruebe la medida sin más demoras.
“Nuestras condiciones de vida y de muerte se ven todos los días. Son producto del hambre y las condiciones de vida a la que fuimos sometidos por políticas de los gobiernos nacional y provincial desde hace muchos años”, expresaron los voceros, explicando la realidad actual como la continuidad y el agravamiento de aquel “genocidio silencioso”.
Mientras tanto, la jueza María Soledad Serrano (Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia) intimó al gobierno del Chaco, otorgándole un plazo de dos días hábiles para demostrar documentalmente qué acciones tangibles está ejecutando para garantizar agua y comida a las comunidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y los parajes rurales del departamento General Güemes, ante el avance alarmante de la desnutrición y la tuberculosis.
El acampe sigue en pie
A pesar del luto y de las inclemencias meteorológicas, el ánimo de la protesta no ha decaído. Los manifestantes, provenientes de Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, El Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado, continúan organizados en el predio de “La Balanza Vieja”. Con la recolección de leña para sostener las ollas comunitarias, a base de mates y tortas fritas, y mediante permanentes asambleas, las comunidades sostienen la lucha y definen los próximos pasos.
Lejos de desgastarse, el acampe continúa en lucha y recibiendo donaciones de los pobladores locales, así como de sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales. En el transcurso de los días, los representantes del acampe salieron a las radios comunitarias para difundir la situación. Este domingo se realizó un culto con pastores de distintas iglesias, en un momento de recogimiento y unidad que no renuncia a la exigencia de justicia.
La asamblea del acampe mantuvo una reunión con el secretario de Gobierno local, a quien se le exigió que el intendente municipal interceda de manera urgente ante el gobernador de la provincia para que se comunique telefónicamente y destrabe el conflicto.
Las comunidades exigen soluciones concretas en ejes críticos: la emergencia sanitaria (médicos, medicamentos y ambulancias), la emergencia alimentaria (apertura de merenderos y comedores), el cese de los cortes de luz y agua, y la regularización territorial de las tierras ancestrales de la Reserva Grande.
A nueve días del inicio del acampe, y cuatro días después del fallecimiento de Sara Maldonado, el pueblo wichí reclama que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la vida. Mientras tanto, sostiene la lucha.
Corresponsal
hoy N° 2113 17/06/2026
