El miércoles 6, originarios de comunidades de naciones rankulche, mapuche, quechua, ava guaraní, mbya guaraní, coyas, wichi, qom, mocoví, diaguitas, quilmes, aimaras y lules, marcharon desde todo el país en reclamo de la prórroga y el presupuesto necesario para que se pueda hacer efectiva la Ley 26.160.
Participaron originarios de 36 naciones y pueblos preexistentes, que habitan a lo largo y a lo ancho del territorio. Integrantes de la FNC, la CCC M. Evita, CTA A y ATE marcharon para acompañar el reclamo en el Congreso.
Desde temprano en la mañana, sobre la avenida 9 de Julio, los hermanos y hermanas, con carteles que identificaban a sus comunidades, se iban congregando con sus banderas, y la trutruca que sonaba para el llamado a este encuentro cargado de significado, en la víspera del 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos.
Cerca de las 8 de la mañana, compañeros de la CCC y del PTP-PCR de la Zona Sur de Gran Buenos Aires, y de la Zona Sudoeste de CABA recibieron a los marchantes con tortas fritas y mate cocido.
Con muchas dificultades para viajar, haciendo enormes esfuerzos para llegar, muchos dejaron sus territorios amenazados, arriesgando su economía al dejar su casa y sus animales, para estar presente en este compromiso de honor con otros hermanos.
Mientras se cruzaban los abrazos entre líderes de diferentes pueblos, algunos medios daban visibilidad a esta jornada en la que se apostó para que desde el Congreso se prorrogue y se haga efectiva, con presupuesto, el cumplimiento de la ley. Para que las comunidades preexistentes al Estado argentino puedan vivir en paz, mantener su identidad y su cultura, en sus territorios.
Quince años luchando para que se efectivice la Ley 26.160
Antes de formar la columna para marchar al Congreso, Margarita Peñailillo, dirigente de Originarios en Lucha, contaba a este semanario que la ley que están reclamando es importante porque “declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitamos las comunidades originarias, suspendiendo todo proceso de desalojo y ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras. Esta ley comenzó en el 2006 y hasta ahora solo fueron relevadas unas 600 comunidades de las 1.759 con personerías jurídica, sin contar las que están en trámite de su personería y las que aún no han presentado los trámites para iniciarla. Llevamos 15 años luchando para que las provincias adhieran a la 26.160.”
Las tierras y territorios de las comunidades hoy se ven amenazados por los grandes terratenientes, los imperialismos con sus mineras, petroleras, forestales, también por la sojización y los negocios inmobiliarios. Han avanzado con el apoyo de un sector de la Justicia y los gobernantes, cercando bosques, lagos y ríos, de donde obtenemos los recursos para alimentar a las comunidades y animales.
Sobre esto, ilustra Cristian, mbya guaraní, cacique de la comunidad de Perutí de Misiones, quien cuenta que de las 137 comunidades, solo diez tienen títulos: “Tenemos muchas necesidades, estamos quedando pocos hermanos guaraníes, porque están destruyendo monte, selva, y la mayoría depende de la selva para comer, con la pesca. Hay gente que no conoce un supermercado porque vive de lo que caza o pesca. Pero con eso ya no estamos contando más porque cada vez menos monte nos queda, y también esto pasa por lo que ocurre en el río Paraná, que está cada vez más seco, y las familias ya no pueden pescar”.
Por una política de Estado de reparación a las comunidades
En esta movilización se expresó el atropello, desalojo y violencia policial que sufren las comunidades. Eduardo de la Confederación Mapuche de Neuquén, cuenta que están en permanente conflicto “con los nuevos propietarios de tierra, que vienen con órdenes de desalojo, en complicidad con el gobierno provincial que no quiere ceder las tierras a las comunidades, que tampoco reconoce el relevamiento territorial. Es un conflicto que viene de décadas, se ha agudizado más ahora con la extracción del petróleo, y con capitales que han aparecido, que el gobierno le ha empezado a dar tierras. Ahora hay tres comunidades que están en lucha permanentemente en el territorio, con órdenes de desalojo y demás”.
Cuenta Eduardo que a pesar de que en la provincia de Neuquén existe además una ley provincial, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, “aún con el amparo legal, los desalojos siguen existiendo. El gobierno de Macri ha atropellado los derechos humanos de los pueblos originarios, la represión, la desaparición de Maldonado. En ese momento se nos instaló gendarmería en el territorio. Justamente a Patricia Bullrich le iniciamos una causa por violación a nuestros derechos. Hoy dice que somos terroristas, conocemos esa estrategia que ha utilizado para ensuciar a los pueblos originarios, que lo que hacemos es pelear por nuestro derecho. Hay un complot político con los grandes medios de comunicación para decir que somos violentos, que no respetamos al Estado… Venimos al Congreso de la Nación justamente, reconociendo al Estado, para plantearles a los diputados esta situación que estamos viviendo”.
Por su parte, el lonco Pedro Coria, de la comunidad Rankulche de La Pampa contaba que en esa provincia existe una ley provincial que prohíbe los desalojos, incluso de los chacareros. “No tenemos la situación que atraviesan los hermanos de otras provincias”. Pero señala que “la ley 26.160 es fundamental porque necesitamos los relevamientos, que el INAI tenga el presupuesto para hacerlo, porque ahí podemos empezar a hablar de protección de la ley”.
Coria señala que el sentido de la lucha indígena es político. “Nosotros no reclamamos que nos atiendan como pobres, reclamamos que nos atiendan como indígenas, con los derechos que nos corresponde. Una cuestión profunda de los pueblos indígenas es la reparación histórica de este Estado hacia las comunidades. Nosotros analizamos ese discurso y vimos que nos corresponde como comunidad ir a sentarnos al Consejo Provincial Aborigen y decir: desde acá se tiene que aplicar política indígena y empezar a discutir la cuestión política de las comunidades con la provincia de La Pampa… Porque nos ofrecen al costado de la vía, equis cantidad de metros, 15, 20 hectáreas, pero nosotros necesitamos tierras aptas y suficientes, y el título de esas tierras. No necesitamos un comodato de tierras del Estado. Entendemos que eso es una cuestión política”.
En la marcha también estuvo la representante de la CTA-A con las comunidades originarias, Miriam Liempe, quien acompañó el reclamo de la ley 26.160 para garantizar el relevamiento, y señaló: “como este es un país federal, estos relevamientos tienen que ver con la voluntad política de los gobiernos en cada provincia, y con la relación que tienen con sus pueblos originarios. Cuando hay desalojos y criminalización de los pueblos -como Rafael Nahuel en Río Negro, Santiago Maldonado- habla del no cumplimiento de la ley. Hoy estamos contentos, movilizándonos para demostrar que estamos de pie exigiendo que los derechos de los pueblos originarios se cumplan”.
Reunión con diputados en el Congreso
Una vez arribados al Congreso, sobre un palco con música donde se animó una radio abierta, varios hermanos de diferentes comunidades fueron denunciando los atropellos que viven. Jóvenes, mujeres, algunos con más canas, uno a uno fueron tomando la palabra y expresando también sus expectativas con lo que ocurriría en la reunión en el interior del Congreso.
Una delegación de 22 hermanas y hermanos originarios, fue recibida en la Cámara de Diputados. En ella estuvieron presentes los diputados Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva, Paula Pennaca, María Rosa Martínez, Lucila Masin, Hernán Pérez Araujo, Ayelén Sposito, Marcelo Koenig y Natalia Souto. Estuvo la presidenta del INAI, Magdalena Odarda y su equipo. También acompañó en el reclamo la presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Micaela Gomiz.
En la reunión, los diputados se comprometieron a dar tratamiento para que se consiga la prórroga de la ley que vence en noviembre de este año, al mismo tiempo que tratar el proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que les permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados, como medida de reparación hacia las comunidades.
Mientras en el interior de la Cámara de Diputados, continuaba la reunión, en la radio abierta, Melisa, joven de la Comunidad Ava Guaraní de Abasto (La Plata), contaba cómo los jóvenes están generando alimentos, liberándolos de agrotóxicos para producir frutos sanos, sin agroquímicos, y cómo trabajan por el desarrollo de una medicina propia, ancestral, y en la recuperación de la lengua materna… “esa que hemos perdido durante el despojo que hemos sufrido, cuando vinimos a trabajar como peones para otros. Pero el destino de nosotros es encontrarnos en esta lucha, peleando por la tierra”.
Luego de la reunión, la delegación de líderes comunitarios fue ovacionada por sus hermanos que aguardaban las novedades. A continuación, abrieron una ronda de intervenciones donde destacaron y agradecieron la oportunidad que les dio el diputado Juan Carlos Alderete para ir a presentar la problemática. A su vez señalaron a la Justicia que incumple la ley, que falla a favor de “los que vinieron a hacerse nuestros patrones y a quedarse con nuestras tierras”.
Luego, en nombre de Originarios en Lucha, Margarita Penailillo agradeció “a todos los hermanos que han hecho el enorme esfuerzo de estar acá. Porque esta lucha es de todos y todas nosotras: los pueblos y naciones originarias que habitamos este país.
Margarita informó: “Hemos comprometido al INAI frente a los diputados, que haga una reunión presencial, con todo el abanico que hemos estado aquí, para poder contarles nuestra problemática y realidad que estamos atravesando en nuestros territorios.
“Nos han dicho que nos van a apoyar desde el bloque [del Frente de Todos] que van a pelear para que salga la prórroga de la 26.160, con su presupuesto. Ley que va a ser tratada primero en la primera sesión del Senado, y después pasa a Diputados”.
Ya finalizando el acto, invitó a Micaela Gomiz, quien dijo: “No podemos llegar al 23 de noviembre sin la prórroga. Porque la 26.160 es una herramienta fundamental para parar los procesos de desalojo en muchos de los territorios. Conocemos que hay cientos de causas judiciales en todas las provincias que hoy están paralizados esos desalojos gracias a interponer esa ley. Sabemos que no alcanza pero que es necesaria porque nos preocupa que, especialmente después del 23 de noviembre, lo que pueda pasar con esos territorios que hoy tienen causa judicial con un desalojo suspendido.
“Sabemos que es necesario también para que se avance el relevamiento territorial de las comunidades, que por supuesto después de 15 años no se ha terminado por falta de voluntad política, especialmente de los gobiernos provinciales… Lo digo con conocimiento de causa, porque vengo de la provincia de Neuquén, donde durante los quince que tiene esta ley se puso en ejercicio solo tres años, con muchísimas dificultades y conflictos. Eso ha traído inseguridad jurídica para los territorios, desalojo, ha traído a gendarmería, ha traído muerte, especialmente en la Patagonia… Dicen que los pueblos indígenas son violentos, son terroristas y son enemigos de la patria. Sin embargo, hoy vemos que están pidiendo sus derechos, están pidiendo leyes a este Estado y necesitamos que el Congreso de respuestas para esos derechos y esas leyes”.
Hoy N° 1885 13/10/2021
