El 3 de junio la Federación Nacional Campesina (FNC) convocó a un mitin en la Plaza de la Conquista de la ciudad de Caaguazu, en rechazo al proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Agrario para blanquear las posesiones irregulares de tierra de ganaderos y sojeros. Dicho proyecto ya tiene media sanción en Diputados y ahora pasó al Senado. Mitines similares ya se realizaron también en San Pedro, Caaguazú y Canindeyú, Guaira, Misiones y Asunción.
Durante la pandemia, y en medio de las restricciones sanitarias y sociales, el año pasado quisieron instituir, mediante un proyecto de ley, el Sistema Nacional de Catastro Registral (Sinacare), con el cual creaban una Dirección de Regularización cuyo objetivo era regularizar las tierras malhabidas, proyecto que no ha prosperado hasta hoy. La FNC se había posicionado claramente contra dicho proyecto y llevó a cabo una serie de acciones para evitar su sanción.
Además de las tierras adjudicadas ilegalmente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), muchos ganaderos y sojeros, nacionales y extranjeros, tienen posesiones de tierras de manera irregular, usurpadas y arrebatadas económica y judicialmente, por lo general, de forma violenta, a campesinos e indígenas, adjudicándose tierras públicas (Indert), con posesión de derecheras, “alquiler”, ocupación de hecho, sin ninguna documentación o con títulos falsos obtenidos de forma amañada en contubernio con funcionarios corruptos.
Ellos lo saben muy bien. Saben que su posesión no es jurídicamente sostenible. Y eso, quiérase o no, es una preocupación para ellos. Vale decir, desde hace tiempo que están buscando una oportunidad de blanqueo.
El blanqueo de la corrupción no se condice con los principios un Estado de Derecho y menos aún con un Estado Republicano. Dicha situación vendrá a empeorar aún más la desigualdad en la tenencia de la tierra en el país. Afectará aún más la soberanía territorial del Paraguay, ya que una parte importante de los poseedores irregulares son extranjeros, que con esta medida se legitimará el despojo y la usurpación que realizan sobre las posesiones campesinas e indígenas y otras tierras públicas.
Afectará también la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que con estos mecanismos contribuyen a disminuir tanto en términos de superficie y volumen la producción de alimentos frescos de la agricultura campesina orientada al mercado interno, aumentando de este modo la dependencia alimentaria.
Ante esta lamentable situación, la FNC se declara en movilización permanente, hasta el rechazo del presente proyecto de Ley.
Hoy N° 1867 09/06/2021
