El viernes 27 de septiembre a las 8,30 hs. está citada la audiencia de control de acusación en la que se pretende llevar a juicio a quienes son acusados de generar daños en la Legislatura el 20 de junio de 2023, cuando a escondidas se juró la reforma de la constitución provincial para luego desplegar una ilegal represión contra quienes manifestaban repudiando la misma.
Se trata de una falsa investigación. Porque la persecución injusta desplegada contra quienes fueron detenidos el 13 de julio mediante allanamientos se basa en imágenes en las que surge la supuesta presencia de los perseguidos (y decimos supuesta porque ni siquiera coinciden las imágenes con las personas a las que se atribuye las mismas) no dentro de la legislatura, no quemando los autos, sino con la multitud por el puente Gorritti, o, incluso, resguardando vehículos de los provocadores.
Se trató de provocadores. Si se persigue por daños a la Legislatura, o el incendio de vehículos ¿cómo puede ser que no sean parte de la investigación las filmaciones de adentro de la Legislatura para individualizar a los autores de tales daños? ¿Cómo es posible que se incendiaran autos que quedaron en la playa de estacionamiento y que no tienen dueño? Solo dos autos tienen dueño: uno que se dejó estacionado por una ciudadana y otro al que lo alcanzó una represión extraña, donde no se dispersaba a nadie -aunque si se dispersó hasta con detenciones por cuadras y cuadras a la redonda de la Legislatura-. Este último auto sí tenía dueño: Santiago Zamora, uno de los perseguidos por los daños y que incluso se le atribuyen delitos cuando incorpora un parlante dentro de un vehículo para evitar que sea saqueado.
La causa fue un intento de acallar a quienes se oponían a la reforma. Hoy es una venganza, de quienes sostuvieron la reforma hecha a espaldas del pueblo, y que luego perdieron elecciones por el repudio popular. Perdieron pero se quedaron con todos los resortes del poder, ya sin vergüenza de seguir haciendo cosas grotescas como detener por twitear temas personales del exgobernador, o armar una causa por homicidio culposo por el triste fallecimiento por muerte natural de una mujer al bajar del colectivo detenido por uno de los cortes de ruta.
En vez de investigarse esta causa unida a la de la represión ilegal en el expediente P-271520-MPA, donde se imputó a Suárez por reprimir supuestamente al margen de toda orden del gobernador y sus ministros, cobrándose los ojos de manifestantes, se separan las causas, cuando todo es parte del mismo problema: el gobierno, a través de sus subordinados, convocó a gente que produjera daños y que justificaran una brutal represión. Y encubren a quienes quemaron autos sin dueños y a quienes entraron a la legislatura -que se dicen, entraban de civil y salían uniformados-.
Lo que se encubre es la provocación diseñada y desplegada por el gobierno de Morales para justificar la represión e imponer el silencio. Exigimos que se investigue ello, porque los que hoy son perseguidos injustamente son luchadores populares que participaron de una movilización multitudinaria y democrática, que se opuso a la reforma constitucional inconstitucional, que ha pretendido quitar derechos democráticos para seguir el despojo de nuestros recursos naturales. Ahora, claro, con un exgobernador empresario que asesora la explotación minera -léase litio- con Nuevo Norte Energía y Minería SA. Y con un pueblo que sigue diciendo “el agua vale más que el litio” y ¡Abajo la reforma, Arriba los derechos!
Corresponsal
hoy N° 2028 25/09/2024
