El compañero Almejún nos dice que se realizó esta Misión “Frente a las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos en la hermana República y al pedido de observación y verificación, invitación que nos hiciera la diputada de Juntos por el Perú, Isabel Cortez Aguirre, decidimos realizar esta Misión que la forman organismos de derechos humanos como Liberpueblo y Xumek, organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento Popular la Dignidad, Partido Piquetero, agrupaciones religiosas como el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, organizaciones gremiales como Sipreba, ATE y CTA-Autónoma”.
Sobre los objetivos trazados, plantea: “Relevar las situaciones de vulneración de los DDHH en el marco del levantamiento popular debido a la crisis política y social existente. Elaborar un informe preliminar que dé cuenta de los resultados inmediatos. Elaborar un informe final que visibilice los testimonios y denuncias a nivel nacional e internacional, Contribuir a una articulación regional de defensa promoviendo y protegiendo los DDHH a fin de mitigar la actuación represiva del régimen actual”.
Cuenta Almejún que en Perú “Nos dividimos en grupos de trabajo y nos trasladamos hacia las regiones más afectadas como: Juliaca, Ica, Cusco, Ayacucho y Lima. Esto nos permitió escuchar en forma directa la voz de las víctimas y de sus familiares y de organismos y organizaciones de las distintas regiones del país.
“Hay un accionar sistemático tanto de las Fuerzas Armadas como de Seguridad en todo el territorio. El abuso desproporcionado de armas mortíferas que causaban severas lesiones físicas de los participantes de las manifestaciones. Balaceras, gas, humo, estampidas, tanquetas, concentración de grandes números de oficiales hostigando a los habitantes. Uso constante de balas de plomo y de goma a corta distancia y a puntos letales del cuerpo.
Fueron usadas tanquetas en el operativo realizado en la Universidad de San Marcos contra los estudiantes y profesores y hubo abusos sexuales contra las mujeres.
Además, uso de personal civil encubierto y arbitrariedad en las detenciones y trato cruel dispensado a los detenidos. Hemos recibido denuncias de organizaciones por personas desaparecidas, y uso de maniobras persecutorias sobre líderes y lideresas sociales y políticas integrantes de comunidades indígenas con falsas acusaciones. Un ejemplo es la detención de siete dirigentes en la región de Ayacucho. La participación de la policía nacional en la criminalización de los procesos y el hostigamiento, falsas acusaciones y montajes de delitos comunes como disturbios, resistencia a la autoridad y terrorismo”.
Una represión indiscriminada
Asegura Fernando que las principales víctimas de la indiscriminada represión son “Los sectores populares, especialmente de la periferia de la gran ciudad que expresaban un gran descontento. Bloqueaban rutas y calles. Los mayoritarios fueron grupos de indígenas y campesinos de las distintas regiones y a ellos se les sumó la población de Lima.
Los ronderos, forma característica de organización campesina que colabora en las diferentes jurisdicciones de las comunidades y la juventud en las ciudades, han sido un objetivo especial de las fuerzas represivas.
“Las mujeres son centrales en el conflicto. Desde el apoyo, cuidado, alimentación y albergue de provincianos/as, han sido víctimas de abusos sexuales las que participan en las demostraciones. Las y los indígenas sufrieron el racismo y el supremacismo además del común de los actos represivos”.
Dice también el abogado de Liberpueblo que “La gente percibe que las instituciones no hacen nada para proteger sus derechos y se usan generalmente figuras de emergencia para justificar vulneraciones y violaciones a las garantías constitucionales. Los medios de comunicación actúan invisibilizando la protesta o estigmatizando grupos étnicos y políticos.
“En Ayacucho fuimos recibidos por el Fredepa (Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho), que realizan desde 1969 un trabajo de base brindando servicios sociales, de salud y alimentación. Ellos nos contactaron con familiares de las víctimas de la masacre realizada el 15 de diciembre de 2022 por el Ejército y la Policía Nacional. Se produjo cuando una demostración pacífica se dirigía del centro de la ciudad hacia el aeropuerto. En esa zona las fuerzas públicas iniciaron la represión donde perdieron la vida 9 personas y hubo 72 heridos, 45 de gravedad. Algunas de ellas no participaban de la marcha. Asesinaron por la espalda a un chico de 15 años, como así también a un hombre que ayudaba a un herido.
“En Juliaca nos entrevistamos con familiares de 15 de los 18 asesinados el 9 de enero, casi todos ellos con disparos mortales e hirieron al menos a 204 personas de las cuales 61 recibieron munición de armas de fuego.
“Según nos informaron abogados que defienden a familiares de detenidos, el Poder Judicial decidió que sean las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada” quienes intervengan en los conflictos en curso en el Perú.
“En Cusco hay gran miedo de la población para denunciar debido a la aparición de bandas parapoliciales armadas llamadas “Polos Blancos”, que actúan en coordinación con las fuerzas represivas. Actúa a favor de las víctimas la Asociación “Derechos humanos sin frontera”.
“En Lima, la Misión se reunió con la Confederación Nacional Agraria y dirigentes de comunidades campesinas. Se tomó contacto con víctimas que el 21 de enero estaban en la Universidad de San Marcos, donde detuvieron ilegalmente a 208 personas.
Se concurrió a la Central de Trabajadores del Perú y de la CUT y el 9 de febrero la Misión completa participó de la marcha que se realizó en el marco del paro nacional convocado por las centrales obreras y distintas organizaciones sociales y políticas”, concluye Almejún.
Hoy N° 1952 01/03/2023
