Como “broche de oro” de este año de gobierno, el exdictador Alberto Fujimori, que estaba en prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, fue puesto en libertad.
La derecha más reaccionaria y recalcitrante quiere seguir avanzando, pero el pueblo mantiene intactos sus reflejos democráticos. El rechazo de la población a las instituciones de gobierno es casi completa: el índice de desaprobación del Congreso y el de Dina Boluarte son del 90% y del 84%. El Congreso no quiere soltar el poder, y está en tratamiento una ley para duplicar los cargos políticos creando la Cámara de Senadores (actualmente es unicameral) y así permitir reelecciones de los actuales congresales (prohibido explícitamente por la Constitución). Los legisladores se mueven para zafar de las investigaciones de corrupción y copan otras instituciones del Estado, como el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, Fujimori fue liberado por un fallo del Tribunal Constitucional. A modo de burla a los familiares de las víctimas asesinadas por orden de Fujimori, el Tribunal Constitucional ordenó que se mantenga la indemnización que debería pagar Fujimori: 15 millones de dólares. Pero Fujimori no cuenta con ningún bien ni posesión a su nombre, con lo que es inembargable.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski está procesado por corrupción, y reapareció para defender el indulto que le dio a Fujimori en 2017, y que había sido cancelado por la Corte Suprema. Kuczynski apoyó que se incumplan las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que calificó como “una cueva de rojos”. Esta organización rechazó la excarcelación del dictador Fujimori, y declaró que el indulto humanitario que le dieron es un grave caso de impunidad.
Al cierre de esta edición debía empezar un nuevo juicio en contra de Fujimori por el secuestro y asesinato de seis campesinos en enero de 1992. Este crimen fue cometido por el destacamento clandestino del ejército llamado grupo Colina, el mismo de las matanzas de Barrios Alto y La Cantuta por las que Fujimori fue sentenciado y ahora liberado. Los abogados querellantes pidieron la prisión preventiva.
Con la firme decisión de seguir dando pelea contra la impunidad, los familiares llamaron a movilizaciones y acciones en los tribunales internacionales. En las calles, al repudio al indulto se le sumó el continuo pedido de renuncia a Boluarte y el cierre del Congreso. Al calor del “que se vayan todos”, se piden “elecciones ya”. El lema de las movilizaciones fue “el indulto es un insulto”. Las movilizaciones fueron en las principales ciudades del país.
Perú está atravesando los graves efectos climáticos del fenómeno meteorológico El Niño. Las regiones más indefensas y postergadas se organizan para pelear por subsidios, obras y reparaciones y plantean acciones antes de fin de año.
Escribe Rodrigo Cruz
Hoy N° 1992 20/12/2023
