Rodolfo Kempf -físico, investigador, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y coordinador energético de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CNTI CTA A) fue invitado a participar en la COP26 en Glasgow. En esta primera nota se describen los marcos de situación y las corrientes en disputa.
Desde la Cumbre de Naciones Unidas (ONU) sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992, comenzaron a realizarse las COPs (Conference of theParties), donde los Estados miembro toman decisiones respecto del cambio climático. En estas conferencias también participan organizaciones no gubernamentales como observadoras (incluyendo sindicatos). Asimismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) elabora informes que aportan al trabajo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc).
En esta misma dirección, en diciembre de 2019, Madrid fue la sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Allí se reunieron representantes de 196 países y concluyó con un estrepitoso fracaso, pues, por ejemplo, Estados Unidos, China e India se negaron a firmar el acuerdo que compromete a los Estados a presentar un plan de reducción de emisiones de carbono. Desde el secretario de la ONU hasta la famosa Greta Thunberg, todos salieron decepcionados. Recién finalizada la COP26 en Glasgow, ahora sin Trump, tampoco aparecen los cambios necesarios para los pueblos que enfrente la emergencia climática.
Estos actores de la agenda de cambio climático –el IPCC y las COPs- evidencian la consolidación de la cuestión ambiental como un andarivel de la política internacional. Las nociones que se promueven son fundamentalmente las de “economía verde” y “desarrollo sostenible o sustentable”, que constituyen las premisas sobre las cuales se organiza todo un andamiaje conceptual acerca del cambio climático, al cual podríamos llamar ecocapitalismo o capitalismo verde.
Desde la Cumbre de Río de 1992, el sistema internacional vigente instó a los Estados por igual, independientemente de su ubicación como potencias imperialistas o países dependientes con pueblos oprimidos, a prevenir y limitar la contaminación ambiental. Esto implicó la creación de un verdadera industria anti-contaminación, en la cual se fetichiza la relación entre el ambiente y el capitalismo, en al menos tres aristas. La primera, es la creciente mercantilización del ambiente. La segunda arista es la invisibilización de la relación capitalista en el seno de la cual se producen las transformaciones ambientales, sino que es “la humanidad” la causante de los problemas climáticos. La tercera arista que se desprende del proceso de fetichización que acompaña el sistema internacional es la obligación individual, “moral”, de cuidar el ambiente con la prevención, la educación y las llamadas “tecnologías verdes”.
La temperatura y los eventos climáticos extremos se incrementaron considerablemente y si bien de esta COP26 en Glasgow no se avanzaron en cambios necesarios, lo que podemos asegurar es que “la naturaleza es un campo de batalla”. Es decir un campo donde se conjugan al menos tres grandes corrientes por dónde el debate político ambiental se desarrolla en este tiempo histórico: el ecocapitalismo, las perspectivas alternativas, que plantean atajos, y las emancipatorias en busca de una propuesta superadora al capitalismo. Estas no son corrientes inertes ni inmóviles; por el contrario, se entrecruzan en el seno mismo de las luchas concretas. Sin embargo, en el concierto de debates, tanto el rol del imperialismo, como la ruptura revolucionaria con el orden capitalista en su fase imperialista, se plantean muy de soslayo, y por ejemplo las experiencias de avance popular latinoamericanas (diferentes en su asedio por el imperialismo y con profundidades diferentes en términos de propiedad pública, participación popular y planificación económica) no se presentan como ejemplos ni posibilidades. Por ejemplo no estuvo presente la denuncia del golpe a Evo en Bolivia, tampoco su rápida recuperación popular ni su propuesta de “buen vivir”.
Es decir existen perspectivas que –con la intención de superar la dramática crisis ambiental- proponen salidas que dejan por fuera a las clases y sectores populares. Negando las responsabilidades diferenciadas entre potencias imperialistas y países oprimidos. ¿Qué implica esto? Que en esta cumbre se volvió a repetir la necesidad que el “Sur Global” inhiba un desarrollo que satisfaga necesidades populares. Sectores quedan afuera del acceso a las TICs y a la conectividad global, a viviendas con eficiencia energética, a medicamentos y vacunas, e incluso la reproducción de la vida. Y que avanzan en proponer el canje de deudas externas odiosas, ilegitimas y fraudulentas por la preservación de bosques, sin comunidades indígenas, en la forma de bonos verdes.
Además de la CSA, donde se inscriben la CTA Autónoma, la CGT y la CTA T, existen otras articulaciones sindicales internacionales que participan del debate ecológico desde la perspectiva gremial. Una de ellas es Trade Unions for Energy Democracy (TUED), integrada por centrales sindicales y sindicatos de rama, plantea la necesidad de democratizar la producción, distribución y consumo de la energía a escala internacional. Desde el 2012, con los compromisos débiles tomados en Rio+20, los sindicatos y científicos agrupados en TUED deciden “romper la inercia” declarando que los enfoques de transición energética son insuficientes y lanzan el documento “Resistir, recuperar, reestructurar los sindicatos y la lucha por democracia energética”.
Desde la CTA A impulsamos herramientas que se adecuen para dar lucha concreta por soberanía y democracia energética que articule la necesidad de una dirección democrática y el control popular de la energía. Esto permitió presentar junto a diversas centrales sindicales un Programa Sindical para un futuro Energético Público con baja Emisión de Carbono.
En la sede del Congreso de Sindicatos Escoceses (STUC) y liderados por TUED y la Federación Nacional de Minas y Energía, Francia (FNME-CGT) y junto a la CUT de Chile y Brasil encuadrados en la CSA, Federación Sudafricana de Sindicatos (Saftu), Sindicato de Trabajadores Petroleros de Trinidad y Tobago (OWTU) y Sentro de Filipinas, presentamos el programa que se sintetizan en cuatro puntos:
a) Cumplir con el derecho a la energía. La necesidad de resolver la situación de desigualdad en nuestro continente. Permitiendo el acceso a la energía eléctrica a las más de 30 millones de personas que hoy no lo no tienen y donde aun 8 millones de personas cocinan con leña o rezagos.
b) Revertir las leyes y directivas neoliberales. Estableciendo un enfoque público y planificado de la transición energética. Una planificación energética frente al descalabro privatista neoliberal, donde el 1 por ciento de la población concentra más de la mitad de la tierra y casi la mitad del petróleo producido se exporta.
c) Empresas públicas de nuevo tipo. Incorporando a las comunidades originarias, con participación plena en las decisiones, en el control y en la regulación.
d) Garantías colectivas para las y los trabajadores. Donde se ponga sobre la mesa el carácter productor de la clase trabajadora en lugar de focalizar en el emprendedurismo.
Estamos a 30 años de Tratados de Libre Comercio en el continente que en el área energética implicaron las concesiones a privados de las hidroeléctricas que vencen el año entrante por ejemplo y nos pone de cara a una lucha por parte del bloque popular.
Con la lucha popular hemos conservado en parte el patrimonio público en el área nuclear y recuperado en otros sectores.
En Argentina el esquema energético del neoliberalismo desde la década del 90 fue una hegemonía de los hidrocarburos en la matriz energética. El programa presentado da en el centro de gravedad para frenar el avance de los hidrocarburos en nuestra matriz energética. Es decir recuperar como eje vertebrador del sistema energético el patrimonio público, el tipo de propiedad.
Además en concreto quiero mencionar la convergencia explícita del Manifiesto con la iniciativa de la CNTI CTA de impulsar una política pública hacia el litio y forjar una empresa pública binacional de nuevo tipo. Regional tal vez, teniendo en cuenta los avances de los trabajadores y el pueblo en Chile y Perú.
Es decir la creación de empresas estatales con propiedad pública y directorios plurales.
A pesar que el artículo 75 de nuestra Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, en la práctica la privatización de los bienes comunes establecidos en el código de minería hace que estos derechos sean casi letra muerta.
La industrialización del litio en territorio de origen debe servir como forma de incorporar a las comunidades originarias en sus cosmovisiones a través de la participación plena en las decisiones, en el control y en la regulación. Asimismo, este es un modo de poner en discusión el código minero neoliberal y elaborar democráticamente su modificación.
Escribe Rodolfo Kempf
Hoy N° 1891 24/11/2021
