Dice Verónica que “Se está instalando una demonización hacia el sector sindical. Que hay ‘mafias sindicales’ que son el gran problema que impiden que la Argentina crezca económicamente. Y no son sólo actores políticos como la oposición al actual gobierno nucleada en el PRO jugando abiertamente para esto, sino que hay instituciones como la Corte Suprema haciendo declaraciones en este sentido. También está el fenómeno que es el movimiento de empleadores antibloqueadores con esa sigla tan fea, MEABA, y una ofensiva brutal en los medios de comunicación más hegemónicos, como Clarín y La Nación, en donde es agenda permanente golpear al sector sindical y al sector laboral. En el plano legal, no les alcanza con la criminalización que significa utilizar el sistema judicial penal para tratar de entorpecer la actividad sindical, la huelga o medidas de acción directa en distintas variantes, sino que hay una avanzada en modificar leyes que transformen en delito un derecho fundamental como es la huelga, que está reconocida en la Argentina desde la Constitución.
“Argentina ha tenido estándares jurídicos muy altos, ha considerado a la huelga un derecho importante, reconocido para los trabajadores en el artículo 14 bis, lo tiene regulado y protegido, a diferencia de otros países. Pero ahora eso se está transformando a pasos acelerados, para considerarlo directamente una actividad delictiva”.
Comenta la compañera que el proyecto presentado por la senadora Losada, suscripto entre otros por el radical Cornejo, contra los bloqueos, plantea que “Para cualquier dirigente sindical que participe en una medida sindical directa en donde haya un bloqueo, esa condición personal ya es un agravante para una pena, cuando tendría que ser un atenuante; no podría haber una actitud delictiva en el ejercicio de un derecho; esto es una profunda transformación. Es pegarle en todos los planos al derecho laboral.
“Permanentemente, las clases dominantes pretenden modificar la legislación argentina, tanto en lo individual, la Ley de Contrato de Trabajo, las leyes que regulan las condiciones de trabajo, el salario, como en el tema colectivo, la ley sindical. Quieren volver 200 años atrás, cuando se consideraba un delito que los trabajadores se juntaran para ejercer un derecho de reclamar y parar la producción para obtener mejoras”.
El caso de los dirigentes camioneros presos
Quinteros analiza el caso de los dirigentes del sindicato de Camioneros presos por un conflicto laboral en San Pedro, provincia de Buenos Aires: “es un caso muy paradigmático, porque había un reclamo absolutamente legítimo que da origen a una huelga y a una permanencia en el lugar de trabajo, en la puerta, esto es más viejo que Matusalén, los piquetes de fábrica, una actividad absolutamente propia del ejercicio de la huelga. Les hacen inteligencia a estos dirigentes, y el propio fiscal y el juez autorizan escuchas telefónicas. Argumentan que se ‘excedieron’ en el derecho de huelga, y ‘extorsionan’ a los trabajadores. En realidad lo que hicieron los trabajadores es decirle al empleador ‘Mirá, si no logramos canalizar este conflicto vamos a medidas de acción directa’, que están protegidas por las leyes”.
Verónica plantea que hay un tema de fondo, “que la huelga es daño, es el único daño lícito dentro del ordenamiento jurídico, reconocido mundialmente, es la única excepción en hacerle daño al otro. Porque es la única posibilidad que tienen los trabajadores de que sean escuchados, en esta lógica de contradicción permanente de capital-trabajo, donde el que tiene el capital es el que tiene el poder de decisión de qué hacer y qué no hacer en las relaciones de trabajo. Este derecho fue arrancado por los trabajadores con sus luchas.
“Volviendo al caso de Camioneros, es ejemplificador. Hay dirigentes presos, a los que incluso les revocaron la prisión domiciliaria, y están en una cárcel. Lo primero a discutir es esto de la prisión preventiva en este juicio. Es un acto típico de criminalización de la protesta social, porque este conflicto, en vez de ser canalizado por el derecho del trabajo, lo hacen por el derecho penal. Es lo que los abogados llamamos criminalización ‘de baja intensidad’, comparado con la ‘alta intensidad’, que es cuando el Estado elimina a quien protesta -como nos ha pasado en muchos períodos de la historia-.
“Muchas abogadas y abogados laboralistas que nos nucleamos en el Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), estamos tomando el tema, porque nos parece prioritario, primero, avanzar en la liberación de los dos representantes sindicales, que lo único que hicieron fue ejercer el mandato para el cual fueron elegidos, defender los derechos de los trabajadores afectados en un conflicto gremial, porque no les pagaban lo que les correspondía, y además había despidos.
“Hemos pedido la liberación de los dirigentes y que se deje sin efecto esta causa, y vimos de empezar una campaña contra la ofensiva antisindical que hay, tanto en el Congreso, como en las distintas organizaciones de empleadores, que tienen un rasgo fascista, directamente. Ponen el blanco en los dirigentes, por lo que son y no por lo que hacen. El problema es que haya dirigentes sindicales, no que si el dirigente sindical hace tal o cual cosa. Eso se llama derecho penal de actor y no de acto. Eso está prohibido. Vos no me podés perseguir por lo que soy sino por lo que hago, en la medida en que haya cometido un delito”.
Las libertades públicas son un presupuesto para ejercer derechos
Consultada Verónica cómo esto se vincula a la persecución judicial sobre las organizaciones sociales como la CCC, y las que se desarrollan en Jujuy, nos dice que “Lo de las organizaciones sociales y los movimientos de desocupados tiene el mismo modus operandi por parte del poder judicial. Van contra el ejercicio de derechos, como es organizarse, financiar una organización, tener la posibilidad de tener una, reclamar y movilizarse. También se inician causas penales por esos motivos contra los referentes, porque eso también es ejemplificador para el resto. Porque pretenden adoctrinar y desmantelar a todo el movimiento. Les generan un gran daño a las y los miembros de esas organizaciones y a sus familias. Los hacen transitar por el Poder Judicial, y juegan en tándem con los medios de comunicación, que te escrachan en la televisión, y te hacen aparecer como una persona que se queda con los recursos de sus compañeros, o de los trabajadores, cuando eso no es cierto, entonces tiene un gran costo social el tema de hacer el ejercicio del derecho, luchar junto al resto de tus compañeros. Tiene la misma lógica que lo que decíamos del derecho penal de autor y no de acto. Porque sos el referente, golpeo en la cabeza”.
Finalmente, la compañera Quinteros nos habla de la preocupación de todo este grupo de abogados laboralistas, ante esta utilización del aparato judicial, y proyectos como el del gobernador de Jujuy que propone una reforma constitucional que prohíba los piquetes. “Hay jueces de la Corte que dicen que no puede haber piquetes, lo dicen abiertamente, lo dicen sin ponerse colorados. Esto que antes era más silenciado o sofisticado, hoy son actos de campaña, actos discursivos desde los poderes políticos y eso es muy grave.
“Frente a todo esto el movimiento obrero y las organizaciones sociales están tomando con todo lo que son la defensa de las libertades públicas. Las libertades públicas son un presupuesto para ejercer derechos. Por eso lo primero es ratificar que estamos ejerciendo derechos, contra esta ofensiva mediática muy grande.
“En segundo lugar, -dice Verónica- estamos organizando presentaciones, de los propios actores sociales en defensa de estas libertades públicas. No solamente instalarlo como un problema, sino abrazarlo con acciones concretas como presentaciones en los juzgados, con la solidaridad de todos los sectores que integran el campo popular, repudiando este tipo de conductas, exigiendo que estas causas se dejen sin efecto, ya sea a través de visitas a los jueces o de presentaciones a los jueces.
“Eso es lo que venimos haciendo desde este sector de abogados laboralistas, acompañando al movimiento obrero y las organizaciones sociales para construir movilizaciones y manifestaciones en la calle pidiéndole a los poderes públicos que garanticen los derechos, no que los repriman”.
Hoy N° 1931 21/09/2022
