La principal hortaliza que se cultiva en Mendoza es el ajo, que ostenta el primer lugar en producción y exportación en el país (12.656 hectáreas cultivadas). Una de las tareas que deben realizarse para su venta y exportación es el enristrado y empacamiento, que se hace en los llamados “galpones”. Dos decenas de empresas “lideran” esta actividad en la provincia, sobre unos 2.500 productores pequeños y medianos. Gracias a las leyes menemistas –que gozan de buena salud–, la inmensa mayoría de los trabajadores se emplean en negro con el sistema de “cooperativas”; los trabajadores pasan a figurar como “socios”, las patronales no hacen aportes, y, por el contrario, los trabajadores deben aportar como monotributistas a la AFIP.
Esta situación de extrema explotación e injusticia desencadenó una lucha de más de 500 trabajadores de la empacadora Campo Grande, una de las más importantes de la provincia, cuyo propietario es Adrián Sánchez. El conflicto se desató cuando a 32 trabajadores les impidieron el ingreso, lo que motivó la reacción de sus compañeros y familiares. En reclamo, bloquearon los cuatro accesos de la empacadora, por donde debía salir un camión cargado con verduras.
La lucha duró varias horas y la represión no se hizo esperar: balas de goma y varios heridos (entre ellos los dirigentes del Sindicato); también muchas mujeres que se pusieron en la primera fila creyendo que no iban a ser atacadas. Se vio en las cámaras cómo les pegaban, las llevaban de los pelos, y hasta le tiraban con sus propias bicicletas. La fiscal actuante hizo detener a 7 trabajadores (Ver hoy 1195).
A la semana siguiente, una enorme manifestación de miles de trabajadores recorrió las calles de Mendoza reclamando el blanqueo laboral, el cierre de esas cooperativas truchas, y el enjuiciamiento a la fiscal responsable de semejante represión. Estuvieron presentes trabajadores de otros sindicatos y también el cónsul de Bolivia, en solidaridad con sus compatriotas.
Las voces de los trabajadores
—¿Cómo comenzaron
los hechos?
—Los 23 delegados de la empresa veníamos hace tiempo haciendo averiguaciones sobre nuestra situación, porque nos descuentan el 5% cada quincena de nuestro sueldo. Por ejemplo, yo cobro $ 478,26, y me descuentan $ 25,07. Haciendo estos trámites nos enteramos que no sólo no teníamos aportes, sino que aparecíamos como deudores en la AFIP, pues nunca depositaron el monotributo.
—Llevábamos el ritmo de vida de siempre, ya sabiendo que ellos nos hacían trabajar mal. En otro cambio anterior de cooperativa hablamos, pero la gente no apoyó. Siempre había predominado el miedo a no trabajar, y cada vez perdíamos los años que teníamos acumulados. Esta vuelta la gente se dio cuenta y tomó conciencia de que no vale de nada seguir trabajando en las mismas condiciones si vas a seguir debiendo; algún día cuando necesitemos jubilarnos, aunque sea por el Estado, le vamos a estar debiendo.
—Nosotras trabajamos en una cooperativa que se llama Colonia Barraquero y nos hacían firmar por otra. Buscamos asesoramiento en el Sindicato, porque veíamos que íbamos a perder todos los años que antes habíamos trabajado.
—Buscamos el Sindicato para asesorarnos; no es que el gremio vino y se puso a disposición. Solos no podíamos, es como que estirábamos la mano y no llegábamos. Vimos que todo era trucho, que lo que habíamos firmado para la Cooperativa Colonia Barraquero no servía para nada, no tenía ni estatuto, ni fecha ni nada; todo trucho… Pero si no firmábamos, no nos dejaban entrar a trabajar.
—¿Cómo fueron los hechos?
—Llegamos un jueves a presentarnos al trabajo, hicieron pasar a todos los que no estaban en la lista; éramos como 34 los que estábamos en la lista que no dejaban entrar… Delegados y otros.
—Estábamos llegando al trabajo con hijos, estaba toda la familia de los 23 delegados. No nos dejaron entrar. Los 500 que estaban adentro se solidarizaron y salieron… Las mujeres hicieron un cordón para que no pegaran, pero nos pegaron igual. Nuestros hijos nos quisieron defender. Mucha lucha y mucha represión…
—¿Y ahora cómo está
la situación?
—La Subsecretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria; se suponía que todo debiera volver a como estaba antes del conflicto, pero a la “lista negra” no nos han dejado entrar, no estamos trabajando. Nosotras estamos cumpliendo con todo lo que nos reclaman, pero la empresa nada, hace lo que quiere. ¿Por qué no la obligan? ¿Ellos no tienen que cumplir la ley? Tenemos que decidir cómo seguimos, así no va.
