Aducir la ley vigente entre 1994 y 2001, que paliaba la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas, en un caso de lesa humanidad, implica sancionar la impunidad de los genocidas. Abre la posibilidad de hacerlo extensivo a más 750 casos similares.
Aducir la ley vigente entre 1994 y 2001, que paliaba la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas, en un caso de lesa humanidad, implica sancionar la impunidad de los genocidas. Abre la posibilidad de hacerlo extensivo a más 750 casos similares.
Muiña formaba parte del autodenominado grupo "SWAT", un comando paramilitar interno del Hospital Posadas. Se paseaban cargando armas por los pasillos del Hospital, deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos.
Muiña fue condenado en 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 a la pena de trece años de prisión, fallo que quedó firme en 2013.
Este fallo de la Corte coincide con las políticas de impunidad que pretende imponer el Gobierno Nacional. La reivindicación del terrorismo de estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país.
Los genocidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, solo se merecen cárcel común y efectiva.
Es necesario una amplia movilización unitaria que enfrente está medida y todo intento de retroceder en lo que el pueblo argentino junto con los organismos de derechos humanos conseguimos.
A la vez, continuar la lucha para que se abran todos los archivos de la dictadura.
Otto Vargas
Secretario General del PCR
