Con el argumento de que el proyecto de Presupuesto 2011 no había sido tratado en el Congreso, sin siquiera haber convocado a sesiones extraordinarias, la presidenta Cristina Fernández emitió un decreto común prorrogando el presupuesto de 2010 para este año. Pero, además, dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) autoadjudicándose facultades para manejar inversiones, garantías y pago de deudas por unos 38.000 millones de dólares adicionales. Una gran parte de estas facultades figuraban en el proyecto de Presupuesto de 2011, a lo que se agregó ahora la autorización al jefe de Gabinete para hacer al presupuesto prorrogado de 2010 todos los “ajustes” que sean necesarios para 2011.
En particular este DNU autoriza al Ministerio de Economía a pagar los vencimientos de la deuda pública del año próximo con los acreedores privados por un total de 7.504 millones de dólares (unos 30.000 millones de pesos). Con esto, el Gobierno repite lo que hizo el año pasado cuando metió manos a las reservas por 4.382 millones de dólares, también para pagar deuda ilegítima y usuraria, en lugar de utilizar esos fondos para necesidades tan vitales como las de la vivienda, o para reconstruir los ferrocarriles o una flota mercante nacional.
Además del endeudamiento con el Banco Central por el uso de 7.504 millones de dólares de las reservas para el pago a acreedores privados, con el DNU en cuestión el gobierno se autoautoriza a tomar créditos para la compra de equipamiento ferroviario a China por 2.175,5 millones de dólares (algo más que 8 mil millones de pesos), que en lugar de aplicarse para eso bien podrían utilizarse para reactivar los talleres ferroviarios y sentar las bases para una industria ferroviaria nacional. Lo mismo puede decirse de los 300 millones de dólares aplicados para la compra de aeronaves, o de los 60 millones para la compra llave en mano de una nueva central nuclear, en desmedro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (ver nota en pág. 11). En la misma línea se autoautoriza a tomar créditos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil por hasta 2.500 millones de dólares. Todos estos son endeudamientos de mediano y largo plazo que van más allá de 2011, pero que no se hacen en función del desarrollo de la producción nacional y el bienestar popular, sino de los intereses de la dependencia de los imperialistas que se disputan el dominio del país.
