Las operadoras de área y el lobby petrolero han ejercido un enorme chantaje en estos meses, desde la derrota de Macri en las PASO, durante el traspaso del gobierno a Alberto Fernández y hasta la firma de este acuerdo. Por ahora se logró un acuerdo precario que está condicionado por la disputa que se abre con la nueva ley sobre hidrocarburos.
Luego de la dura derrota de Mauricio Macri en las PASO, el gobierno se vio obligado a tomar una serie de medidas para mejorar su imagen y revertir el resultado en las elecciones generales de octubre. Para ese objetivo de campaña el gobierno sacó el Decreto 566/19 congelando por 90 días del precio de los combustibles, pero además imponía que el precio del barril de petróleo (UDS58) comercializado en el país se hiciera con una cotización de $45,19 por dólar, en lugar de los $57,24 que valía el dólar en ese momento.
La respuesta de las operadoras fue inmediata, pusieron el grito en el cielo, y de los 53 equipos de perforación que operaban principalmente en Vaca Muerta quedaron solo 36, bajaron 17 equipos. Cayó también la actividad de fractura, y por lo tanto se redujeron una cantidad de actividades de otras empresas de servicios traccionadas por la perforación.
Con la baja de equipos, comenzaron las suspensiones rotativas para 1.800 trabajadores, y previo a la asunción del nuevo gobierno, empresas como Schlumberger, H&P, Halliburton, Wetherford, mandaron más de 600 telegramas de despidos, además de la no renovación de contratos a término de compañeros que trabajan en los equipos con esa modalidad que permitió la adenda en el convenio colectivo de trabajo.
Las petroleras jugaron fuerte, incluso algunas operadoras pesificaron los contratos y alargaron los plazos de pago de muchas pequeñas y medianas empresas contratistas poniéndolas en una situación muy difícil.
Hubo un primer paro del gremio a fines de noviembre cuando se anunciaron los primeros telegramas y los aprietes para que los trabajadores “arreglen” los retiros voluntarios. A partir de allí hubo conciliación obligatoria varias veces prorrogada.
En enero, el Sindicato Petrolero y su cuerpo de delegados lanzan la medida de alerta y movilización con asamblea en todas las delegaciones. Ponen el pie en el acelerador y se hacen importantes asambleas en Catriel, Cutral Co, Buta Ranquil, Añelo y Rincón de las Sauces.
Se preparaba una gran asamblea en Neuquén Capital para el 23 de enero y un paro general con afectación de la producción para el 28 de enero cuando finalizaba la conciliación obligatoria.
El 22 de enero culminó la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación y se firmó el acta donde se retrotrajeron los despidos, aunque siguen las suspensiones rotativas, y se convocó a una mesa de Vaca Muerta. La gran asamblea de Añelo ratificó este primer triunfo. Pero todos son conscientes de que no está resuelto el problema de fondo.
La nueva ley sobre hidrocarburos
Los monopolios petroleros se han posicionado para forcejear en la disputa que viene en la nueva ley sobre hidrocarburos que está redactando el gobierno.
Presionan para obtener los máximos beneficios, precio interno igual al precio internacional, que no haya cepo y poder remitir sus utilidades a sus casas matrices; baja de retenciones a las exportaciones de petróleo, y hablan de extender la adenda al Convenio Colectivo para toda la actividad petrolera del país, entre otros objetivos.
Los pesos pesados están moviendo sus fichas: Chevron principal socio de YPF en Vaca Muerta y operadora del Yacimiento El Trapial en Rincón de Los Sauces, acaba de trasladar a la ciudad de Buenos Aires, su sede de unidad de negocios para América Latina que estaba en Venezuela desde 1996.
Panamerican de los Bulgheroni, reclaman incentivos a la producción convencional y baja en las retenciones a la exportación, y será un fuerte actor en el mercado interno de combustibles con la ampliación de la destilería de Campana.
Autoridades de altísimo nivel tanto de Shell como Total anunciaron su visita a Vaca Muerta para avanzar en sus planes de negocios.
Mientras el embajador ruso anunció que su gobierno tiene interés en participar del proyecto del ferrocarril de cargas a Vaca Muerta, “la compañía [estatal] rusa de ferrocarriles RZD tiene interés en vincularse a este proyecto”.
Sobre el contenido de la nueva Ley se conoce casi nada, sólo trascendidos, está guardada bajo siete llaves. Nielsen, el actual presidente de YPF es uno de los que está al frente de su elaboración.
El conflicto de los petroleros de Neuquén es una alerta de lo que estará en juego en el corto plazo. El interés de los trabajadores, del conjunto del pueblo, los intereses de las provincias petroleras y de nuestro país, nos debe poner en alerta. Lo que se discuta debe contemplar que se respete el derecho de los trabajadores, no permitiendo ni suspensiones ni despidos, menos aún como forma de presión o de chantaje cuando estos monopolios han tenido superganancias. Rechazar una posible extensión de la adenda al convenio colectivo para toda la actividad hidrocarburífera, que es mayor flexibilidad laboral, quita de derechos adquiridos para los trabajadores.
Es imprescindible garantizar tarifas baratas y pesificadas tanto para el consumo domiciliario como para el transporte y la producción nacional, lo que implica desacoplar el precio interno del precio internacional del barril, garantizando el ingreso que corresponde a las provincias.
Las pequeñas y medianas empresas deben estar defendidas y promovidas en la nueva ley.
En este escenario cobra mucha importancia el papel que juegue YPF, y se hace necesario avanzar en una YPF 100% estatal y federal recuperando la soberanía sobre nuestros hidrocarburos, como respuesta a la situación de la industria y como único camino para un desarrollo autónomo e independiente de nuestro país.
