El 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 15 merenderos, comedores y casas de compañeros de la CCC en San Martín, CABA y La Matanza, en el marco de una causa que armó el macrismo en 2019.
Desde el primer momento denunciamos desde el PCR y la CCC que esta es una persecución judicial y mediática con el objetivo de sacarnos de las calles y permitir el avance del macrismo y otros sectores que pretenden avanzar con el ajuste y la entrega.
Gran cantidad de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas se manifestaron solidariamente contra esta persecución, así como con la realizada en Jujuy.
Una causa trucha
El compañero Denis nos dice que “La causa judicial se origina por la denuncia de un abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del que era ministerio de Salud y Desarrollo Social de la época de Macri” a partir de la denuncia de Héctor Darío Sánchez de que la CCC de San Martín le “exigía” aportes a cambio del plan, y que por eso no se podía ir a otra organización. Esta mentira se comprueba al informar el Ministerio de Desarrollo Social, el ente estatal que puede dar una baja de un plan social, que Sánchez sigue cobrando.
Turnes recuerda que la causa se inició en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado de Canicoba Corral, que comienza a investigar bajo el delito de extorsión; éste se declara incompetente al tiempo, ya que los hechos eran sólo de San Martín. Así la causa llega al juzgado de Alicia Vence, la jueza que, como hemos dicho en ediciones anteriores, mantiene cajoneadas causas de lesa humanidad de empresarios durante la dictadura militar. Vence delega en la Fiscalía, que empieza a tomar testimonios y “una persona dice que se está vendiendo mercadería del Ministerio de Desarrollo en ferias de San Martín. Ahí aparece otro supuesto delito, que es esta venta de mercadería donada”. Además, el Ministerio aclara que no le dona alimentos a la CCC, y no hay vínculo entre la CCC y los feriantes tras tres años de investigación.
En diciembre del año pasado “en medio de una ola mediática contra los piquetes, la jueza reasume la causa y delega sin mucho argumento la investigación a la Unidad Anticorrupción de la Policía Federal, para que le diga qué tiene que hacer”.
Por su parte la compañera Quinteros agrega que “lo más relevante es que hubo una denuncia, luego el Ministerio de Desarrollo informó que Sánchez no fue dado de baja del programa, y otros dos denunciantes nunca estuvieron en la CCC. Por eso decimos que la resolución de pinchar los teléfonos de las personas que según Sánchez lo habrían obligado a aportar, es una aberración. Porque con esos elementos habría que haber desestimado o archivado la causa”. Sánchez había dicho en la Fiscalía que pudieron solucionar su situación gracias a la gobernadora de Buenos Aires de entonces, María Eugenia Vidal. Luego se comprobó que estas personas militan para el macrismo.
Además, agrega Quinteros “Esas pinchaduras fueron sólo el principio, porque la Policía Federal extiende la escucha a otros teléfonos que nada tienen que ver con la causa original, en un hecho absolutamente invasivo y sin sustento en la investigación previa, a ver si pueden “enganchar” a alguien en algo delictivo”.
Los abogados explican que esto es lo que se llama, en los tribunales, una “excursión de pesca”, “un concepto jurídico que quiere decir: te sigo investigando para ver en qué te puedo enganchar, con el agravante que ya ni se dice qué se investiga”. En este caso, eso implica escuchas de conversaciones privadas, políticas, seguimientos y “Más grave aún es que, además de las escuchas habituales, en las que el material queda grabado y después se incorpora a la causa, la Policía Federal realizó escuchas en tiempo real, con gente de Anticorrupción, con mecanismos que son frecuentes para el crimen organizado, o la venta de droga al exterior. Eso lo hicieron en fechas cercanas a los allanamientos. A medida que la causa se iba cayendo, iban incorporando más gente, como los feriantes, que no tienen nada que ver con la CCC”, dice Denis.
Recusación y pedido de nulidad
Los compañeros de Liberpueblo continúan enumerando otras graves irregularidades en esta causa, como que la jueza se excede en su competencia, tanto en lo que hace a los supuestos delitos de extorsión, porque los investigados no son funcionarios ni empleados públicos, y porque extendió la piedra libre que le da a la Policía Federal a otros distritos, como La Matanza y CABA. “En toda la causa aparece la jueza preguntando a la policía qué medidas sugiere -dice Turnes- y la policía contesta: ‘tenemos que saber la estructura de la CCC’, y no sólo de San Martín. Está claro que te ubican como un enemigo político y quieren conocer tus secretos, lo que se dice, las opiniones políticas, con quién se habla, etc.”.
Por todo esto los abogados pidieron la nulidad de todos los actos procesales y la suspensión de las investigaciones en curso. Porque, dice Quinteros “La instrucción fue la excusa para meterse en la estructura de la CCC. Y es muy grave también que en una investigación judicial siempre hay un objeto determinado. Se investiga tal o cual supuesto delito”.
Agrega Paula que en un antecedente de estas escuchas ilegales, el que hicieran a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria, la Corte Suprema, en el 2019, sacó una resolución en la que dice que una escucha telefónica no puede ser ordenada a menos que sea “extremadamente necesario” y también dice que “la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos” deben ser castigados judicialmente y merecen “el máximo repudio social”.
A partir del pedido de recusación a la jueza, y de nulidad de la causa, suspendieron las medidas de abrir los teléfonos secuestrados en los allanamientos, pero se sigue con el “inventario” de los alimentos secuestrados en los comedores. Quinteros califica como “bizarra” la medida: “No sé qué esperaban encontrar en un comedor. Y, aunque ya Desarrollo Social aclaró que no te da los alimentos, los compañeros tienen que demostrar que esa lata de tomate es de origen lícito. Esto muestra la estigmatización a compañeras y compañeros que tienen comedores populares”.
Denis ejemplifica cómo es el operativo de persecución judicial y mediático, contando que el periodista de TN que da a conocer escuchas y fotos de los allanamientos tiene elementos “a los que ni siquiera los abogados tuvimos acceso”, y que “las fotos que muestra TN son en color, y en el expediente están en blanco y negro. Es decir que se la pasaron primero a TN y después la pusieron en el expediente”.
Finalmente, los compañeros nos dicen que están a la espera de que se resuelva la recusación de la jueza y que “vamos a denunciar también las filtraciones mediáticas de imágenes y audios, afirma Denis. Y suma Paula “Esto muestra también cómo es el Poder Judicial, que representa la correlación de fuerzas real en la Argentina, y además es el poder menos democrático, y funcional a los sectores dominantes en la política. Hay una larga historia de juicios truchos a los sectores populares, desde los mártires de Chicago para acá. Y también hay historia en la anulación de esos juicios truchos, sólo recordemos en nuestro país el caso de la AMIA”.
Y ambos sostienen “Creemos que es muy necesario mantenernos en estrecha vinculación con las compañeras y compañeros perseguidos, quienes nos permiten conocer la verdad. No nos tenemos que dejar amedrentar por esta causa, que claramente es para meter miedo. Con estos allanamientos y su difusión mediática pretenden ensuciar a los compañeros y a la organización. Es una persecución porque queremos jugar en la cancha grande de la política, y eso a algunos sectores los irrita mucho. De esto se sale con organización y la convicción de los compañeros y compañeras”.
Hoy N° 1924 03/07/2022
