Asistimos a una nueva disparada del denominado dólar “blue” (informal) y de otras cotizaciones paralelas (dólares MEP, Mercado Electrónico de Pagos, y CCL, Contado con Liquidación) que se negocian a través de la Bolsa de Valores.
Como existe el “cepo cambiario” (cupo de 200 dólares para adquirir moneda extranjera, vedado para la mayoría de población que no tiene capacidad de ahorro, y restricciones a la remisión de utilidades al exterior, entre otras), las grandes empresas, que son las que realmente “mueven el amperímetro”, se dolarizan a través de esos canales alternativos cuando huyen de las inversiones en pesos. Así, contribuyen a agigantar la brecha cambiaria con el dólar oficial, que está limitado centralmente a los importadores y al pago de deudas en moneda extranjera.
El detonante de esta corrida contra el peso fue la abrupta renuncia del ministro de Economía Guzmán el sábado 2/7. Luego de dos años vendiendo espejitos de colores con la reestructuración de la deuda y el posterior acuerdo con el FMI, que supuestamente iban a “tranquilizar la economía”, su portazo terminó de dejar en evidencia el completo fracaso de su política económica, en medio de una inflación galopante que sigue corroyendo salarios, jubilaciones y demás ingresos populares. Ya el lunes 4/7 saltaron los dólares alternativos, pero fue durante la última semana que estos aceleraron su marcha desenfrenada ante la total inacción oficial. Hasta el viernes 22, el blue acumuló una suba del 41% (cerró a $337) y los dólares “bolsa” aumentos superiores al 30%, elevando la brecha con el dólar oficial a un 150%-160%.
A pesar de la relativa estabilidad del tipo de cambio oficial (subió 3,3% en igual lapso), se han producido remarcaciones generalizadas de precios que recalientan la inflación, así como faltantes de productos, sobre todo importados. En este clima de gran incertidumbre cambiaria, se estima que la inflación de julio podría alcanzar al 7% mensual y cerrar 2022 en torno a un 90% anual. Como siempre, son las grandes empresas oligopólicas las que pescan en río revuelto con subas injustificadas y el stockeo de mercadería, contribuyendo al descontrol general de los precios y al faltante de productos.
Un dato central de la fragilidad financiera actual, que se ha ido agudizando sobremanera, es la acuciante escasez de reservas en el Banco Central (BCRA). Las reservas “netas” (propias) de la autoridad monetaria son nulas (sin contar los DEG, Derechos Especiales de Giro, comprometidos al pago de la deuda con el FMI); y las reservas “netas líquidas” (divisas) son negativas en USD 3.400 millones (lo cual implica que se estarían utilizando dólares de los encajes de depósitos o de otros pasivos).
Argentina acusó históricamente crisis recurrentes en sus cuentas externas, a la par de la profundización de la dependencia y la concentración latifundista. En los últimos años, el fenomenal endeudamiento externo macrista, que se destinó a solventar una fuga de capitales de casi USD 90.000 millones, junto con la gran liberación de importaciones y otras transferencias de capital al exterior, agravaron la fragilidad financiera del país, dejando una deuda fraudulenta e impagable, que fue convalidada y renegociada por el actual gobierno.
No obstante, al crítico nivel de las reservas actual se llegó luego de un año y medio con términos del intercambio muy favorables a nuestro país gracias a la fuerte suba del precio de los granos, con una liquidación de divisas también récord de las cerealeras. Los dólares así como entraron salieron, en una puerta giratoria, para el pago de los distintos tributos que arrancan los capitales imperialistas y sus socios locales. Asimismo, la falta de control del comercio exterior derivó en una notable aceleración de las importaciones en los últimos meses. Es que la existencia de una gran brecha cambiaria alienta el adelanto de las compras al exterior por el dólar oficial más “barato”, junto a maniobras fraudulentas como la sobrefacturación de importaciones o la subfacturación de exportaciones. Y si bien hubo un ingreso récord de dólares desde el año pasado, aun así las cerealeras vienen liquidando sistemáticamente por debajo de lo exportado. Un puñado de 50 empresas concentran la mitad de las importaciones.
En las últimas semanas, la disparada de la brecha cambiaria ha motivado a los sectores más concentrados del campo a retrasar la venta de soja, y a las cerealeras a disminuir la liquidación de divisas, a la expectativa de una devaluación. A su vez, continúa agravándose el problema de la deuda del BCRA, que entre Leliq (la mayor parte) y Pases alcanza la friolera de $6,92 billones (11,7% del PIB), muy por encima del stock de $1,2 billones (5,4% del PIB) que había cuando asumió este gobierno. Esta deuda lleva a una emisión de pesos cada vez mayor para pagar los intereses correspondientes, contribuyendo a retroalimentar una verdadera bola de nieve.
Dada la previsión de que el acuerdo con el FMI es incumplible, los bonos de la “exitosa” reestructuración efectuada en 2020 cotizan a precio basura, incluso a pesar de que hasta 2025 no hay vencimientos significativos en dólares. Con el financiamiento en moneda extranjera vedado desde hace tiempo, más recientemente se sumó la creciente dificultad del Tesoro para renovar o ampliar la colocación de deuda en pesos; montaña que también crece aceleradamente ya que la mayor parte se encuentra indexada a la inflación (lo cual no la hace susceptible de ser “licuada”), a la vez que para poder colocar deuda a tasa fija el gobierno debe validar intereses cada vez más elevados.
La bomba de las Leliq del BCRA y el ciclópeo endeudamiento en pesos del Tesoro amenazan con un descalabro monetario mayor, que potencialmente podría volcar una gigantesca demanda adicional sobre los dólares paralelos por parte de los grandes inversores especulativos. Mientras tanto, gran parte de la emisión monetaria sigue atada a solventar el festín de la deuda en pesos.
El cuadro de situación se ha vuelto cada vez más dramático, ante la impávida mirada oficial. Las primeras medidas anunciadas por la flamante ministra Batakis apuntaban a tratar de llevar calma a los “mercados”, ratificando las metas acordadas con el FMI y anunciando medidas para profundizar el ajuste, pero estos, naturalmente, volvieron a responder con el bolsillo.
En un contexto donde más del 40% de la población es pobre, con jubilaciones y salarios de miseria, y la inflación más alta en 30 años, un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial, como proponen incluso algunos economistas oficialistas, equivaldría a apagar un incendio con un lanzallamas.
En esta situación, urge un cambio de rumbo económico para que esta crisis, de consecuencias impredecibles, no la siga pagando el pueblo. Para frenar la inflación galopante y la corrida cambiaria contra el peso, son necesarias medidas a favor de la producción nacional y contra el saqueo desenfrenado de un puñado de monopolios y grandes terratenientes. En particular, la nacionalización del comercio exterior, que permita un férreo control del mismo, así como un control de las demás transferencias de divisas al exterior; una Reforma Monetaria que permita desarmar la bomba de las Leliq y reorientar esos pesos como crédito hacia a la producción, centralmente a las Pymes y pequeños y medianos productores del campo; un estricto control sobre los monopolios formadores de precios, para que no sigan especulando a costa del pueblo; la suspensión e investigación de la deuda pública y la derogación del acuerdo con el FMI, que estrangulan la economía nacional y menoscaban nuestra soberanía. Todo esto acompañado de la reapertura inmediata de paritarias y la recomposición de todos los planes y demás ingresos populares, para que puedan empezar a recuperar el cada vez más socavado poder adquisitivo.
Escriben Ramiro Suárez y Carlos Aramayo
Hoy N° 1923 27/07/2022
