Luego del triunfo contundente de LLA en Misiones y la desregulación con el Decreto De Necesidad y Urgencia 70/23 de Milei que prácticamente eliminó al Instituto Nacional de la Yerba Mate con el apoyo de Corrientes, se produjo en pocos meses una debacle en el precio de la yerba verde al productor de Misiones (el 85% de la producción nacional) supuestamente por un exceso de oferta. La cosecha del 2024 fue buena en volumen y la protesta apagada con la campaña contra la “casta” y la supuesta futura “explosión” de las exportaciones (Sturzenegger).
En el 2025 se instaló la crisis con la de baja de los precios al productor; crisis que se extendió al comercio, actividades profesionales, recaudación de impuestos etc. Más de 35 municipios afectados directamente con el cierre de comercios y baja del trabajo registrado. Se produjo una fuerte migración de trabajadores temporarios al Brasil que superó las 35.000 personas. En esta situación el gobierno provincial solo tomó medidas paliativas y mantuvo el apoyo a todas las leyes ajustadoras de Milei.
Fue a partir de la iniciativa de asociaciones como APAM (Productores Agropecuarios de Misiones), MAM (Mov. Agrario de Misiones), Impulso Yerbatero y otras, que se hicieron acampes, cortes de ruta, el escrache a la visita electoral de Karina Milei a Oberá. A fin del 2025 se proclamó un cese voluntario de cosecha en reunión efectuada en Campo Viera.
A principios del 2026 se realizó la presentación de inconstitucionalidad del DNU 70/23, y un recurso de amparo por parte de 5 asociaciones de productores. Esta fue apoyada por la Federación de Cooperativas y hubo apoyo ante el Juzgado Federal de 3 Facultades de la UNAM, Coop. de la CCC, Iglesia Luterana, Obispado de Oberá y gremio de docentes universitarios.
En mayo se avanzó con la reunión con la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Cámara de diputados de la Nación donde participaron productores, tareferos, diputados provinciales, las dos mayores industrias molineras de Corrientes (50% del mercado), el presidente del Inym (LLA). Esta reunión fue transmitida desde el Congreso y alcanzó amplia difusión quedando clara la grave situación y responsabilidad de Milei en la destrucción del Inym y regulación yerbatera que desencadena la crisis.
El gobierno provincial declara apoyo a la solicitud contra el DNU y anuncia medidas provinciales paliativas como el descuento de cheques con intereses subsidiados a quienes paguen un precio mínimo y un mecanismo de trazabilidad en la comercialización de yerba mate. Ninguna que lleve a mejorar la situación. En momentos que la cosecha está parada en un 50% y solo algunas cooperativas y firmas pagan el precio que solo cubre el pago de la mano de obra de cosecha y el flete a valores mínimos, el saldo al productor se promete a 4 y hasta 6 meses. Solo al sector de la producción primaria le quitaron 400 mil millones de pesos en dos años de desregulación y dejó de ingresar más de 500 millones de dólares a la provincia declara el gobierno provincial luego de dos años de dejar hacer.
El 17 de junio se organizó un debate sobre la crisis convocado por la Multisectorial de Oberá, (asociaciones y dirigentes de la lucha yerbatera, gremios docentes, no docentes de la UNAM, de la CCC, CTA A). El debate se realizó en el aula magna de la Facultad de Ingeniería y con la presencia de más de 200 personas; asociaciones de productores desde el sur al norte provincial, la UATRE, mujeres tareferas, diputado del FPAYS (contador) y el abogado patrocinante legal conformaron el panel. En el numeroso público se encontraban productores, docentes, estudiantes, periodistas, diputados provinciales, funcionarios del gobierno provincial, dirigentes de los partidos UCR, PJ, PTP; PAYS, UP.
Numerosas fueron las intervenciones, tareferas, productores, jubilados. Hubo una que expresó la de los productores que dieron su voto y apoyo a Milei; la bronca por haber sido estafado y que ahora sabía que “la casta somos nosotros”. El funcionario del gobierno provincial trató de justificar la posición conciliadora y las “medidas” tomadas.
Desde el PTP expresamos que era fundamental la más amplia unidad enfrentar al poderoso y reaccionario enemigo. Propusimos avanzar garantizando fondos para financiar un precio mínimo al productor y que ello era posible con un impuesto inmobiliario diferenciado a los 3 grandes latifundistas -como la multinacional Arauco- que en conjunto tienen el 35% de la tierra rural y pagan un mínimo impuesto inmobiliario. Son los grandes beneficiarios de la política agroexportadora con la mayor producción de celulosa del país.
La reunión finalizó luego de casi 3 horas con un llamado a la unidad para la lucha e invitación a un próximo encuentro.
Corresponsal
hoy N° 2114 24/06/2026
