La convocatoria se da pese a las trabas que impone la reforma laboral de Milei para hacer asambleas y cualquier medida de fuerza, y en un contexto de despidos en el Correo Argentino, el CIAT y la UOM. «No tuvimos sanciones disciplinarias en todo este proceso, aunque estuvimos todo el tiempo al borde», señaló Rodolfo Kempf, científico, trabajador de la CNEA y dirigente de la Corriente de Trabajadores Estatales René Salamanca – CCC.
El motivo central de la medida es exigir la reincorporación de los 62 despedidos de la CNEA, de los que hasta ahora sólo se logró reincorporar a 11. En paralelo, la Junta Interna mantiene una medida cautelar judicial presentada contra los despidos y se opone a la nueva estructura que el Gobierno discute para el organismo, que consolida el vaciamiento del área nuclear pieza por pieza.
Kempf denunció que el gobierno aprobó pasar de la órbita de la CNEA a Dioxitek la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu, en Río Negro. No es un dato menor: se trata de la planta piloto que le permite a la Argentina ser parte de los países que integran el G20, con el manejo del ciclo de combustible nuclear completo, de la extracción del mineral al enriquecimiento, y sostener una tecnología estratégica. De Pilcaniyeu, además, nació en 1976 el proceso de enriquecimiento de uranio que dio origen a Invap.
El objetivo del traspaso, explicó Kempf, es exportar uranio en forma de gas (hexafluoruro de uranio, el insumo del proceso de enriquecimiento) a Estados Unidos a través de Dioxitek, que ya selló un acuerdo con la empresa estadounidense NANO Nuclear Energy. «Es el único proyecto concreto que tienen: abastecer de un mineral crítico a una potencia, y no está nada claro que sea sólo para energía. También puede ser para el aparato de armamento de los yanquis», advirtió. La misma NANO Nuclear Energy había fracasado antes en un intento de expoliar uranio en el Sahel, en Namibia, antes de desembarcar en la Argentina.
El desguace no se agota en Pilcaniyeu. El gobierno avanza además en el traspaso a empresas susceptibles de ser privatizadas de la producción de radioisótopos y evalúa hacer lo mismo con el Complejo Minero Fabril San Rafael, de extracción de uranio. «Hay áreas que antes se mantenían como producción propia del Estado y que el gobierno quiere desarticular para pasarlas a una empresa que pueda ser privatizada», resumió Kempf.
La misma lógica de ajuste golpea al reactor de diseño nacional Carem, cuya paralización de hecho -al no habilitarse nuevas etapas de puesta en marcha- derivó en una quita salarial de hasta el 30% para unos 60 trabajadores del proyecto, entre los que se cuenta Kempf. «También es una forma de disciplinamiento contra los que protestamos», denunció. A esto se suma la apertura, sin ningún tipo de consulta previa, de un régimen de retiro voluntario: la Junta Interna fijó posición en contra apenas se conoció la medida. Según Kempf, la adhesión es casi nula “porque la indemnización se calcula sobre el salario básico, que es muy bajo, y porque tampoco hay demasiado trabajo afuera. Ya se fueron cerca de 500 trabajadores por los bajos salarios; parte de ellos terminó en MEI, la empresa estadounidense que el propio Gobierno montó para captar a los cuadros técnicos que se van del área nuclear”.
“Tienen territorio extenso, clima frío en la Patagonia, minerales, petróleo y, además, un montón de cuadros formados en el área nuclear que les pueden servir para algo. Es casi colonial”, sintetizó Kempf sobre lo que la Argentina de Milei le ofrece a Washington.
Los trabajadores de la CNEA vienen sosteniendo además actividades conjuntas con otros sectores estatales, reclamando por las demandas de las y los trabajadores y denunciando el desguace del sector nuclear.
hoy N° 2125 09/09/2026
