Volkind comienza analizando que el gobierno tuviera que sacar la parte que buscaba eliminar todos los límites a la extranjerización de tierras, en medio de una gran movilización popular “ fue la conjunción de una multiplicidad de aspectos y de procesos que se conjugaron”, en el que inscribe al Observatorio, que, cuenta, nació en diciembre de 2025, cuando el entonces vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que el gobierno mandaría al Congreso la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Tierras, entre otras de la “reforma de segunda generación”. “En ese momento decidimos organizar un observatorio de tierras”, cuenta, y describe al equipo como “una cantidad de jóvenes investigadores, investigadoras, docentes, con ganas y compromiso para poner las investigaciones al servicio de las necesidades populares”.
La base fue un pedido de información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por la Ley 26.737 de 2011, que centraliza lo que cada catastro provincial informa sobre las ventas a capitales extranjeros. Ese registro, cuenta Volkind, “a través de un decreto de Macri fue flexibilizado”, y con Milei “prácticamente no tuvo ninguna intención de actualizar la situación, porque la compra-venta de tierras en cada provincia se registra en los catastros provinciales y lo que hace el Registro Nacional es pedirle esa información a los catastros y centralizarla. Si el Registro Nacional no lo hace, te queda desactualizado”.
El gobierno entregó su última respuesta en agosto de 2025: una planilla que muestra 13.200.000 hectáreas en manos extranjeras, el 5% del territorio rural. “No se sabe cuál es el nombre de la empresa o el empresario y tampoco dónde está ubicado exactamente, sino el departamento, que sería la subdivisión provincial más pequeña.
Trece millones de hectáreas es el equivalente a la superficie de Inglaterra, o de la provincia de Santa Fe”, grafica. Es un piso, aclara, porque el registro subregistra la situación real.
Con ese dato el Observatorio desmintió el argumento con el que el gobierno justificó la reforma, diciendo que la Ley de Tierras “criminaliza la inversión extranjera”: “una absoluta falacia”, responde Volkind, porque la norma actual habilita hasta el 15% del territorio rural en manos extranjeras, cerca de 40 millones de hectáreas, “dos provincias y cuarto de Buenos Aires completas”. Si el proyecto se aprobaba tal cual estaba planteado, quedaban habilitadas 26 millones de hectáreas más, “dos Santa Fes enteras sin modificar ningún tipo de ley”.
El gobierno eliminaba de entrada todos los topes (nacional, provincial y departamental) y los reemplazaba por un único tope del 25% provincial. “El problema es que cada provincia tiene dos o tres departamentos que son los que le interesan al capital extranjero, y el resto no lo quiere nadie. El 25% de tope provincial les permitía vender el 100% de los buenos. Iba al 100% de la extranjerización igual”, señala.
Cordillera y cuenca del Paraná, las zonas más codiciadas
El Observatorio identificó 36 departamentos que ya superan el 15% de extranjerización y por eso tienen prohibido vender una hectárea más desde 2011. “Todos están ubicados en la cordillera y en la cuenca del Paraná. Son los dos lugares estratégicos”, precisa Volkind. En Salta, San Carlos y Molinos tienen el 60% de su superficie extranjerizada. En Neuquén, Lácar llega al 54%: buena parte, cerca de la represa Limay, pertenece a herederos de Ted Turner, fundador de la CNN, y de la familia dueña de PepsiCo, que entre ambas concentran más de 200.000 hectáreas en ese solo departamento. “No es casualidad donde se invierte y donde se concentra”, remarca.
Sobre esas tierras el Observatorio superpuso otras capas: glaciares, reservas de agua dulce “hoy muy disputadas en el mundo”, proyectos mineros y comunidades indígenas. “Uno lo que observa es cómo el capital extranjero le interesa apropiarse del 100% de las áreas más ricas en recursos, y hay un gobierno absolutamente alineado con esos intereses, particularmente los norteamericanos, lo evidenciamos día a día con Peter Lamelas (embajador de EEUU) y sus declaraciones. Vienen los capitales extranjeros, ingresan a la Argentina, prácticamente no tiene ningún límite para nada, explotan los recursos locales, se llevan los recursos y las ganancias sin ningún tipo de restricción. Nosotros planteamos que era una ley de extranjerización y dimos la disputa en el nombre, contra el gobierno, y al mismo tiempo planteamos que era una ley de saqueo”.
Además de la compra directa avanzan formas más ocultas. En Salta y Río Negro, capitales chinos controlan cientos de miles de hectáreas con concesiones de veinte y treinta años, supuestamente a cambio de infraestructura: “Controlan las tierras hasta que terminen de saquear todo lo que hay. En Salta tienen más de un millón de hectáreas concesionadas, solamente una empresa”. El registro oficial, en cambio, le asigna al capital chino apenas 20.000 hectáreas en todo el país, “absolutamente irrisorio”.
En el ranking por nacionalidad encabezan los norteamericanos, con 2,7 millones de hectáreas como mínimo, siguen los italianos con 2 millones “ahí entra el más de un millón de Benetton en la Patagonia” y terceros los españoles, con 1,7 millones. Una porción enorme figura sin origen de capital declarado o a nombre de paraísos fiscales: Luxemburgo aparece como propietario de 160.000 hectáreas en la Argentina, cuando en total tiene 260.000; Liechtenstein, con 16.000 hectáreas de superficie, tiene registradas 66.000. A eso se suman los testaferros: en Río Negro, un expolista compró 14.000 hectáreas con dos millones de dólares de capitales emiratíes.
Desalojos y un plan sistemático
Para Volkind la extranjerización es producto de la concentración de la tierra, el principal problema en la Argentina, y es la otra cara de un mismo proceso de despojo que golpea a pueblos originarios y campesinado. Apenas el Senado le dio media sanción a los dos primeros capítulos de la ley, “al día siguiente empezaron a aparecer los desalojos de comunidades indígenas, particularmente muy violentos como el ocurrido en Jujuy”, cuenta, y la misma dinámica se repite en Santiago del Estero y Chaco: “estaban esperando esto para avanzar con todo”. En Misiones, en Iguazú, el 80% de la tierra está en manos de Arauco y el intendente de Puerto Libertad “no puede construir ni un barrio popular”. El aumento del precio de la tierra también expulsa productores: colegas que vivían en Lácar tuvieron que irse a Córdoba porque no podían sostener la producción.
Todo esto, sostiene, se conjuga en cuatro pilares de la política del gobierno: “industricidio y abaratamiento de la mano de obra”, “destrucción de políticas estatales conquistadas con lucha popular” -ambientales, de vivienda, universidad, ciencia, INTI, INTA-, entrega de los bienes comunes vía RIGI, y “profundización de la dependencia”.
Un observatorio sin un peso, hecho con software libre
El Observatorio funciona sin ningún financiamiento. “Yo dirijo un proyecto, tengo una oficina y me dan 200.000 pesos por año para que se pueda hacer algún viaje y comprar algún libro”, cuenta Volkind, y reivindica que el mapa interactivo está hecho enteramente con software libre. Son siete personas las que componen el proyecto. Arrancaron con 100 seguidores en Instagram; hoy son más de 7.000, y desde distintas provincias los convocan para sistematizar el trabajo de comunicadores, docentes, antropólogos y organizaciones.
El trabajo de estas y estos investigadores se unió a la movilización que se multiplicó en todo el país, y fue parte de la lucha popular que llevó a que el oficialismo bajara el capítulo de tierras antes de la votación, además del de manejo del fuego.
La ley igual avanzó, con media sanción, y pasa ahora a Diputados. El capítulo de tierras quedó afuera por ahora, pero la estructura de fondo que lo hizo posible: la concentración latifundista, el endeudamiento con el FMI y el RIGI entregando los recursos estratégicos a cambio de nada, sigue en pie.
Volkind finaliza contando que por un lado van a seguir desarrollando el Observatorio, “relevando en todo el país”, y que siguen con un programa de estudios agrarios que es más vasto, abarcando cuestiones de la historia y el presente, sobre la relación entre género y tierra, exportación de granos, entre otros proyectos, asegurando que están dispuestos a “dar una mano” en esta pelea contra la concentración y la extranjerización de las tierras “con comunicadores sociales, periodistas, antropólogos, militantes, organizaciones políticas y sociales de varias provincias”.
hoy N° 2122 19/08/2026
