En Buenos Aires, el epicentro fue el Obelisco, donde se leyó un documento consensuado que denuncia la pérdida de más de 6.400 puestos de trabajo del sector desde diciembre de 2023 y el desfinanciamiento de proyectos estratégicos como el reactor nuclear Carem.
La consigna de la jornada fue «me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina». La actividad se replicó frente a organismos y universidades de todo el país, y las y los científicos estuvieron acompañados por organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, como el PCR y la CEPA.
El texto leído en el Obelisco remarcó: «Hoy nos encontramos los trabajadores y trabajadoras del INTI, del INTA, del Conicet, de la Conea, de otros organismos de ciencia y tecnología y de las universidades de Argentina para decir basta, basta de destrucción».
El escrito calificó al plan del gobierno de Javier Milei: «Nunca hubo una hazaña tan violenta y absurda como la de este gobierno contra el sistema científico-tecnológico y sus integrantes», denunciaron, recordando que 28 premios Nobel y más de 3.500 personalidades científicas de todo el mundo ya habían repudiado la política oficial.
Los números que aportó el documento son elocuentes: en apenas tres años de gestión “libertaria”, la inversión nacional en ciencia y tecnología se redujo más del 50%, incumpliendo la ley vigente, y pasó del 0,3% al 0,14% del PBI, el registro más bajo de la historia argentina. La pérdida del poder adquisitivo de salarios y estipendios ronda entre el 30 y el 50%. La planta de trabajadores de la CONEA, el INTA, el INTI, el Servicio Meteorológico Nacional y el Conicet fue reducida sustancialmente: más de 60 despidos en la CONEA, 120 en el Servicio Meteorológico y la negativa a otorgar prórroga a 375 becarios y becarias postdoctorales del Conicet. Desde diciembre de 2023, la Argentina perdió más de 6.400 puestos de trabajo en ciencia y tecnología: unos ocho por día.
«No es sólo recorte y destrucción lo que estamos sufriendo, es también violencia», planteó el documento, en referencia a episodios recientes de militarización en organismos como la Conea y el INTI y a la represión sufrida en el polo científico. «En la Comisión Nacional de Energía Atómica pasamos de soñar con construir reactores a recibir palazos», señalaron.
Sobre ese último punto, la Dra. Carolina Komar, secretaria general de la Junta Interna de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), afirmó: «Se perdieron ya alrededor de 550 compañeros en lo que va del gobierno de Milei». El caso más elocuente es el del Carem, el reactor modular de diseño 100% nacional que llevaba un 70% de avance cuando el gobierno lo desfinanció por completo. «Una parte de los profesionales que renuncian se están yendo a trabajar a Meitner», una empresa de capitales estadounidenses que promociona la construcción de un reactor modular competidor, advirtió Komar, para quien detrás de esa fuga hay algo más que un problema salarial: “Lo que está sucediendo es una entrega de la soberanía, ya que por competencia, por pedido de los Estados Unidos, se está frenando el proyecto de desarrollo nacional”.
Komar remarcó además la urgencia del momento: «No tenemos tiempo, no podemos esperar a la elección de 2027 porque la destrucción es enorme y en este momento tenemos que ponerle un freno». La jornada del 12 de agosto, coordinada a nivel nacional por la RAICyT (Red de Autoridades de Organismos de Ciencia y Tecnología) y en la CNEA por ATE y Apesenean, fue, en sus palabras, parte de «una situación de resistencia» que no admite plazos electorales.
Desde el Conicet Rosario, Sofía Bianchi, delegada de la comisión interna de ATE, resumió en tres ejes lo que está en juego: «defender los derechos laborales de las y los trabajadores de la ciencia: salario digno, derecho a la salud, estabilidad laboral»; «cultivar las vocaciones científicas de las nuevas generaciones»; y sostener «una herramienta fundamental para nuestro futuro como país». Para lograrlo, sostuvo, hace falta «un modelo científico soberano, sostenido por la inversión pública y que se piense en vínculo directo con las problemáticas que afectan al conjunto de la sociedad».
La situación es igual de crítica en las universidades nacionales, donde trabaja el 80% de los investigadores del Conicet: el gobierno acumula casi diez meses de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que en junio la Corte Suprema dejó firme la cautelar que lo obliga a cumplirla.
Pese al cuadro de situación, el documento leído en el Obelisco declara con fuerza: «No van a poder con nosotros. Acá estamos defendiendo la actividad científica, el presupuesto y los trabajadores. Acá estamos defendiendo la patria siempre», cerraron los organismos convocantes.
hoy N° 2122 19/08/2026
