Varias organizaciones llevaron la denuncia a la CIDH. Se trata de una red de más de 600 agencias, 8.000 médicos de cabecera, 17.000 prestadores y 14.000 farmacias que hoy están bajo ataque. Es un plan deliberado para desfinanciar, vaciar y avanzar hacia la privatización de la obra social más grande de Latinoamérica.
La deuda de PAMI con clínicas, farmacias y prestadores ya supera los $500.000 millones. Eso llevó a la renuncia del director ejecutivo Esteban Leguízamo y el subdirector Carlos Zamparolo, con un escenario de acefalía que Karina Milei se apuró a frenar. Mientras tanto las cámaras de prestadores privados saltearon al organismo y fueron directo a la Jefatura de Gabinete a reclamar.
Entre diciembre de 2022 y julio de 2026 la inflación acumuló 241% y la cápita que paga PAMI apenas subió 110,55%, muy por debajo también del 268% que treparon las prepagas: un ajuste brutal contra jubilados y prestadores, pagado con el bolsillo de los que menos tienen.
El 9 de abril, sin negociación ni aviso, el gbierno recortó 50% los honorarios de los médicos de cabecera. La cápita cayó a $2.100 por paciente por mes -«un alfajor», como lo definen los propios médicos- y las consultas presenciales, que se pagaban entre $7.000 y $8.000, directamente desaparecieron del esquema. El Consejo de Médicos de Córdoba fija en $30.000 a $40.000 el valor de una consulta especializada. La medida, decidida por Luis Caputo y la cartera de Salud para «cerrar el Excel», provocó un paro nacional de médicos de cabecera, con o sin afiliación gremial.
El ajuste no para en los honorarios: sacaron de circulación un listado de 100 medicamentos gratuitos con receta, restringieron la cobertura del 100% a propietarios de vivienda o viudas, estiraron a ocho meses la espera entre el diagnóstico oncológico y el inicio del tratamiento, y ahogaron con burocracia cada estudio y cada sesión de fisioterapia -pagada apenas $2.500- hasta dejar agencias con miles de afiliados y dos o tres fisioterapeutas activos. En los primeros 100 días de gobierno echaron a miles de trabajadores estatales, muchos de PAMI, con el curro de los «ñoquis», y ahora anuncian otro 30% de recorte de planta sobre el personal que quedó, sin paritarias en todo el año.
El dato que desnuda el plan es presupuestario: de un presupuesto 2026 de casi 10 billones de pesos, para abril sólo se había ejecutado el 14,39%. Con la plata guardada y la deuda con farmacias y prestadores creciendo, el gobierno anunció una «ampliación» de emergencia de $580.000 millones. Hay plata, falta la voluntad de pagar: la asfixia es política, no financiera.
Detrás de la motosierra hay nombres y negocios. El ministro Mario Lugones, con más de veinte años gerenciando salud privada -Silver Cross, la Cámara de Entidades Prestadoras, Fundación Favaloro, sanatorios porteños-, es el mismo que dijo en un congreso de salud privada que PAMI «tiene un millón de personas de más de 80 años y 6.000 de más de 100», como si la vejez fuera un costo a licuar. Son gerentes de la salud privada gobernando la obra social de los jubilados.
El objetivo final asoma en las ofertas que reciben las grandes clínicas privadas del interior: reemplazar a los médicos de cabecera de PAMI por jóvenes contratados directamente, sin piso salarial, para forzar la renuncia masiva de quienes atienden hoy. Es negocio redondo para las clínicas -que se quedan con los pacientes y el presupuesto del segundo y tercer nivel- y una topadora para todo el sector salud, porque desaparece el piso de referencia que fijaba PAMI para médicos, odontólogos y enfermeros.
Recorte a los médicos, menos remedios y prestaciones, achique de personal, presupuesto guardado con deuda real y gerentes de la salud privada al mando: no son medidas sueltas, son la misma política. Los jubilados tienen que trabajar cada día más, en changas o plataformas, para pagar remedios, los profesionales de la salud ven licuados sus honorarios, y las y los trabajadores de PAMI siguen la pelea tras haber conseguido un aumento del 14,1% más un bono de $180 mil a comienzos de septiembre.
Frente a todo esto, seguimos avanzando en la organización para la lucha de las y los jubilados y pensionados. Peleamos que las movilizaciones de los miércoles, frente al Congreso y en todo el país, se masifiquen, y trabajamos para unir a las y los mayores con los trabajadores de PAMI, los y las profesionales de la salud y el conjunto del pueblo para parar este plan y derrotar esta política que hace negocios para una minoría a costa del genocidio silencioso de la mayoría de las y los jubilados y pensionados.
hoy N° 2127 23/09/2026
