Escribe Liliana Robles
El movimiento de mujeres y diversidades ha sido uno de los principales blancos de la política de Milei. Desde que asumió, el gobierno atacó conquistas logradas con años de lucha, con el objetivo de disciplinar a un movimiento que protagonizó enormes movilizaciones y demostró su capacidad para conquistar derechos en las calles.
En relación con la violencia de género, desmanteló políticas de prevención y asistencia, recortó programas y buscó instalar un discurso que niega la violencia específica contra las mujeres.
Por eso, uno de los debates urgentes del 39º Encuentro será cómo enfrentar los femicidios y la violencia machista en una Argentina donde el ajuste y la precarización agravan las condiciones de vida y reducen las posibilidades materiales de escapar de una situación de violencia.
En los primeros ocho meses de 2026, la violencia machista se cobró 173 víctimas: 142 femicidios directos, 18 femicidios vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios o transfemicidios. Y al menos 182 niñas y niños quedaron sin sus madres. Según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.
Estas cifras constituyen un piso mínimo, ya que surgen del relevamiento de los casos publicados en medios de comunicación, porque el Estado hace un relevamiento anual.
La violencia era conocida, pero las víctimas no fueron protegidas
Los femicidios son la expresión más extrema de una violencia machista estructural. Generalmente no aparecen de la nada: están precedidos por amenazas, golpes, control económico, aislamiento y otras formas de violencia.
El 64,1% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Además, casi el 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Habían recurrido al Estado, pero no fueron protegidas.
Un femicidio lo comete un femicida. Pero el Estado tiene responsabilidad cuando desoye las denuncias, no controla al agresor, deja a la víctima sin protección o elimina las herramientas que podrían permitirle escapar.
Mientras para proteger a una mujer que denunció a su agresor la Justicia muchas veces llega tarde, para apartar a las querellas que impulsaban la investigación sobre Milei en la causa $LIBRA actuó con rapidez.
No es casualidad. Es una Justicia atravesada por relaciones patriarcales y de clase: lenta para proteger a las víctimas y rápida cuando se trata de preservar los intereses del poder.
El Estado debe actuar antes
El Estado debe intervenir antes de que la violencia llegue a su desenlace más extremo, mediante educación sexual, prevención, atención sanitaria, refugios, asistencia económica y dispositivos territoriales.
Cuando una mujer pide ayuda, debe garantizar que pueda denunciar, evaluar correctamente el riesgo y disponer medidas de protección que realmente se cumplan.
Después de la denuncia, debe investigar, controlar al agresor y coordinar la actuación de policías, juzgados y organismos públicos. Y después del crimen, tiene que investigar con perspectiva de género, condenar a los responsables y garantizar acompañamiento y reparación para las familias.
Sin embargo, el sistema estatal actúa principalmente cuando el crimen ya ocurrió. Incluso cuando existen denuncias previas, las medidas suelen ser insuficientes, no se controlan o directamente no se cumplen.
El ajuste también agrava la violencia
La independencia económica es central para salir de una situación de violencia. Una mujer sin ingresos propios, vivienda, trabajo estable, redes de cuidado o un lugar donde refugiarse tiene muchas más dificultades para alejarse de su agresor.
Por eso, el ajuste, la precarización laboral y el recorte de los programas de acompañamiento no son problemas separados de la violencia de género: reducen la autonomía y las posibilidades materiales de salir de una situación de violencia.
Con Milei, esta situación se agrava por una orientación política concreta. Se desmantelaron áreas estatales especializadas, se redujeron políticas de prevención y asistencia y se instaló un discurso que niega el carácter específico de la violencia de género.
El Estado no desaparece: decide retirar recursos y protección a las víctimas mientras conserva y fortalece sus mecanismos de protección para otros sectores.
Encontrarnos para transformar esta realidad
El 39º Encuentro nos tiene que servir para transformar estas experiencias en denuncia, organización y lucha. Para exigir presupuesto destinado a prevenir y atender las violencias; refugios y dispositivos territoriales en todo el país; protección efectiva para quienes denuncian; y asistencia económica, trabajo y vivienda para que ninguna mujer tenga que permanecer junto a su agresor porque no tiene adónde ir. Necesitamos la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres ya!
No alcanza con castigar al femicida después del crimen. Necesitamos transformar profundamente un sistema atravesado por relaciones patriarcales y de clase.
Frente a un gobierno que convirtió al movimiento de mujeres y diversidades en uno de sus principales blancos, llegamos a Córdoba para defender cada conquista, unir nuestras luchas y organizarnos por todos los derechos que siguen pendientes.
Este 10, 11 y 12 de octubre nos encontramos en Córdoba.
