En 2012, Paola Ortiz atravesó un parto en avalancha, una emergencia obstétrica en la que el trabajo de parto y el nacimiento ocurren de manera extremadamente rápida e inesperada. Estaba sola, sin asistencia médica ni acompañamiento. Su bebé falleció.
La Justicia la acusó de homicidio agravado por el vínculo y posteriormente la condenó a prisión perpetua.
Paola tenía entonces tres hijos, no había terminado la escuela secundaria, no tenía trabajo formal y vivía en una habitación prestada. Había atravesado durante años situaciones de violencia física, sexual y económica.
Necesitaba asistencia, protección y contención. Terminó condenada a pasar el resto de su vida en prisión.
Una Justicia machista y clasista
Las condiciones en las que vivía Paola no eran desconocidas para la Justicia. Sin embargo, su historia fue juzgada desde una mirada cargada de prejuicios sobre las mujeres, la maternidad y la pobreza.
Las múltiples violencias que había sufrido, la precariedad económica, la soledad y la ausencia de redes de contención no fueron consideradas adecuadamente para comprender las circunstancias en las que ocurrió aquella emergencia obstétrica.
Más de 13 años después, fue el propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el que reconoció esta situación. Al revisar la condena, señaló que anteriormente no se había adoptado un enfoque que permitiera analizar conjuntamente el género, la precariedad económica, la violencia familiar y el historial de victimización de Paola.
Es decir: circunstancias decisivas para comprender su historia estuvieron ausentes cuando se decidió condenarla a prisión perpetua.
No se trata solamente de una falta de perspectiva de género. El caso muestra también el sesgo de clase que atraviesa a una parte del sistema judicial. Las condiciones de vulnerabilidad que deberían haber exigido mayor protección terminaron pesando sobre Paola desde una mirada prejuiciosa: mujer, pobre y víctima de violencia, fue tratada como sospechosa antes que como alguien que necesitaba protección.
Paola no fue una excepción
El caso de Belén, encarcelada en Tucumán después de sufrir un aborto espontáneo y posteriormente absuelta, llegó a conmover a todo el país. Pero su historia hizo visible un problema mucho más amplio.
Un relevamiento realizado por el CELS, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el CUSAM identificó, entre 2012 y 2020, 47 casos de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos que llegaron a los medios de comunicación.
La abrumadora mayoría pertenecía a sectores sociales vulnerables, atravesados por la falta de trabajo remunerado, bajos niveles de educación formal y condiciones habitacionales precarias.
El propio relevamiento advierte además sobre las dificultades para dimensionar el fenómeno completo, ya que muchas causas quedan registradas judicialmente bajo otras figuras penales.
La criminalización de los eventos obstétricos, por lo tanto, no afecta a todas por igual.
Una libertad conquistada
Desde 2023, las abogadas Rocío García Garro, de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, y Julia Luna, de Fuerza Chuncana de Cruz del Eje, trabajaron en la revisión de la condena y pusieron en discusión la ausencia de una perspectiva de género en el proceso judicial.
Al mismo tiempo se conformó la Mesa por la Libertad de Paola, que reunió a organizaciones y referentes de distintos puntos del país y de la región.
Organizaciones feministas, sociales, académicas y de derechos humanos acompañaron el reclamo. Varias de ellas intervinieron ante la Justicia como amicus curiae, cuestionando los estereotipos sexistas sobre la maternidad y la forma en que habían sido ignoradas las múltiples violencias que atravesaban la vida de Paola.
Su historia salió de los expedientes y de los muros de la cárcel y se convirtió en una causa colectiva.
La pelea de sus abogadas, la organización y la presión popular consiguieron lo que durante años la Justicia le había negado: su libertad.
Está libre, pero nadie le devuelve 13 años
El Tribunal Superior modificó finalmente la prisión perpetua y estableció una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, equivalente al tiempo que Paola ya había permanecido privada de su libertad, y ordenó su liberación inmediata.
Por eso hay una contradicción que no debe ocultarse: Paola está libre, pero no fue absuelta.
Celebramos su libertad como una enorme conquista de quienes sostuvieron esta pelea cuando parecía imposible torcer la condena. Al mismo tiempo, nadie puede devolverle los más de 13 años que pasó encerrada.
Su historia deja expuesta una Justicia machista y clasista capaz de transformar la pobreza en sospecha, las violencias sufridas en estigma y una emergencia obstétrica en un crimen.
Pero deja también otra enseñanza: Paola está libre porque hubo quienes no dejaron de pelear.
