Con la participación de integrantes de la defensa, organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos y comunidades originarias se analizó el juicio que comenzará el próximo lunes 26 de octubre.
Son 19 las personas perseguidas judicialmente por haber participado del Jujeñazo, la masiva pueblada que, bajo la consigna “Abajo la reforma, arriba los salarios”, unió los reclamos de docentes, trabajadores estatales, organizaciones sociales y comunidades originarias en defensa de los salarios y los territorios.
“El objetivo es que no se haga el juicio”
Una de las abogadas defensoras, Mariana Vargas, denunció las irregularidades cometidas durante todo el proceso: “Así como se violaron todos los derechos de defensa de los acusados, va a ocurrir lo mismo si vamos a un juicio oral. Por eso el objetivo es que no se haga. Nuestra consigna es: ‘No al juicio‘”.
Vargas explicó que todavía existen trámites judiciales pendientes que deberían resolverse antes de avanzar con el debate oral: “Tenemos una queja pendiente ante la Corte Suprema y un planteo concreto para que se investigue, en otro legajo, la represión ilegítima. Esto impide que delitos como atentado y resistencia a la autoridad puedan configurarse, porque no existió una orden legítima para la represión”.
La defensa también presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. “Son cuestiones que deberían resolverse antes de llegar al juicio. Pero, además, este juicio no puede realizarse porque constituye una gran injusticia”, sostuvo Vargas.
La abogada advirtió que el proceso busca disciplinar a quienes enfrentaron la reforma constitucional y continúan resistiendo los desalojos en la provincia: “En nombre del despojo y de la reforma de la Constitución intentan disciplinarnos mediante este juicio. Es algo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista”.
También recordó la brutal represión ordenada durante el gobierno de Morales, que dejó decenas de personas heridas y manifestantes con graves lesiones oculares.
“Más allá de que Gerardo Morales ya no sea gobernador, seguimos teniendo una Justicia absolutamente dependiente. Si este juicio se lleva adelante, el costo político será del actual gobernador, Carlos Sadir. Por eso esperamos e insistimos en que no se realice”, afirmó.
Una persecución política contra quienes lucharon
Durante la conferencia también tomaron la palabra varios de los procesados. Uno de ellos, Santiago Zamora, sostuvo: “Creemos que este juicio forma parte de una persecución política que busca castigar a quienes luchamos contra la reforma constitucional”.
Zamora relacionó aquella reforma con la política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei mediante el DNU, el RIGI, las modificaciones impulsadas sobre las leyes de Glaciares y las que querían hacer sobre la ley de Tierras.
“Llevarnos a juicio por una lucha que fue justa es una forma de disciplinar. Tenemos que denunciar esta política del actual gobierno provincial, que es una continuidad del gobierno de Morales”, expresó.
También recordó las “aberraciones democráticas” cometidas durante aquellas jornadas y señaló que Miguel Ánge Rivas, quien realizó la denuncia contra los manifestantes, se encuentra acusado por violencia de género, pero permanece en libertad.
Zamora agradeció la presencia de quienes fueron perseguidos durante el gobierno de Morales: integrantes de organizaciones allanadas, luchadores procesados y los tuiteros perseguidos por comentar o poner una publicación en las redes.
“El juicio no tiene ningún sentido para el pueblo. Solo lo tiene para una Justicia que responde a los sectores del poder económico y político”, afirmó Zamora.
Además, sostuvo que los desalojos de familias y comunidades del norte provincial demuestran cuáles eran los intereses que se buscaban garantizar con la reforma constitucional: “Ahora está claro para qué querían modificar la Constitución y por qué nosotros molestábamos. Están desalojando a familias del norte para avanzar con negocios inmobiliarios. Esto está directamente relacionado con las políticas que impulsa Milei en el ámbito nacional contra las comunidades y sus territorios”.
Finalmente recordó la masividad de las protestas de 2023: “Fuimos cerca de 40.000 personas en las calles contra la reforma constitucional y ellos señalan a 19, en su mayoría integrantes de organizaciones sociales. Es una persecución política que busca castigar y disciplinar a quienes luchan contra las injusticias que sufre el pueblo”.
Campaña nacional para frenar el juicio y la criminalización de la protesta
La conferencia de prensa forma parte de las acciones para impedir que se realice el juicio y de denuncia del avance de la criminalización de la protesta. Las actividades continuarán este jueves 17 de septiembre, a las 10.30, con una movilización a la Casa de la Provincia de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, el reclamo estará presente en la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
