El 26 de septiembre de 2014, cinco colectivos con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, partían rumbo a la Ciudad de México, hacia la marcha anual que se hace en memoria de las víctimas de la masacre estudiantil de Tlatelolco ocurrida en 1968. Nunca llegaron.
Por la noche, los colectivos fueron interceptados por la policía, que atacó a tiros a la comitiva. Allí mismo seis personas murieron asesinadas, 40 sufrieron heridas, y desaparecen los 43 normalistas.
Pasados diez años, este crimen sigue impune, y los familiares siguen reclamando por conocer la verdad de lo que pasó esa noche, y el paradero de los estudiantes.
En estos diez años, los familiares, acompañados por organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas continuaron una gran pelea contra el Estado y los distintos gobiernos mexicanos.
En momentos de la desaparición era presidente Enrique Peña Nieto, quien quiso instalar que los estudiantes fueron entregados a un grupo narco que los habría asesinado e incinerado los cuerpos en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado de Guerrero. A esto llamaron “verdad histórica”, buscando librar de responsabilidad a las fuerzas represivas.
Los familiares, que tomaron la consigna de las Madres de Plaza de Mayo “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, desmontaron las mentiras de Peña Nieto y no claudicaron hasta hoy en su lucha. También, con sus propias investigaciones, demostraron el papel del Ejército en el encubrimiento de los hechos de esa noche del 2014.
Dos años después, en el 2016, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) demostró en un extenso informe que los cuerpos de los 43 estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, y expuso las irregularidades en la investigación oficial.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguieron los reclamos, y las idas y vueltas, con policías y fiscales entrando y saliendo de las cárceles. Se creó una nueva Comisión Investigadora oficial, que avanzó poco y nada, aunque el gobierno reconoció que fueron crímenes de Estado.
Investigaciones en estos años lograron identificar las identidades de tres de los 43, en un lugar distinto al señalado por la historia oficial.
Los familiares le reclaman a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que abra los archivos de las fuerzas policiales y militares, incluidas las comunicaciones de un soldado infiltrado entre los estudiantes normalistas.
En estos días, cuando se conmemoran diez años de esta masacre, los familiares desarrollan una semana de lucha desde el 18 de septiembre, que culminará el 26 con una gran marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.
hoy N° 2028 25/09/2024
