El jueves 25, cuando estaba prevista en el Senado una sesión en la que el gobierno pretendía aprobar la ley llamada “de inviolabilidad de la propiedad privada”, se convocó a una jornada de distintas organizaciones de pequeños campesinos frente al Congreso.
La sesión se cayó, por las contradicciones dentro del gobierno que sigue tratando de encubrir la corrupción de su jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Igualmente se realizó un verdurazo, principalmente de la UTT, en el que participaron compañeras y compañeros de la Unión Campesina de Berazategui y de la comunidad ava guaraní de La Plata.
Se hizo una radio abierta y se quedó en discutir entre las distintas organizaciones agrarias, junto a sectores como Inquilinos Unidos y demás, realizar una jornada de lucha cuando se trate esta ley, cuyo objetivo central es permitir el aumento de la extranjerización de tierras, y el desalojo de las comunidades originarias y criollas.
Denuncia del Observatorio de Tierras
El Observatorio de Tierras viene denunciando en distintos informes la extranjerización de nuestras tierras que viene de la mano de la ley que el gobierno, hipócritamente, denomina “de inviolabilidad de la propiedad privada”
En una presentación en el reciente Cuarto Encuentro Federal por la Soberanía, Matías Oberlin planteó que, desde el punto de vista del origen de los capitales que poseen tierras en nuestro país, encabeza Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas, siendo mayoritarios en Neuquén, Corrientes, Catamarca, San Juan, Tierra del Fuego y en Salta. Le siguen los italianos, con 2 millones de hectáreas, mayoritarios en La Rioja, San Luis, Chubut, Río Negro y Santa Cruz; españoles, con 1,7 millones de hectáreas, mayoritarios en Mendoza, Santiago del Estero, La Pampa y Tucumán.
Este proyecto del gobierno es una ley de extranjerización, que deroga los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la Ley 26737, que establece límites a la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros con el objetivo de proteger el dominio nacional sobre el territorio. Fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, y dispone que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% de ese porcentaje.
Asimismo, ningún titular extranjero podrá poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo -o su equivalente en otras regiones- y se prohíbe la adquisición de tierras que contengan o lindan con grandes cuerpos de agua permanentes, así como de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, salvo excepciones legales.
La norma obliga a los propietarios extranjeros a registrar sus tierras ante el Registro Nacional de Tierras Rurales y crea un Consejo Interministerial de Tierras Rurales encargado de aplicar la ley, coordinar las políticas sobre la materia y determinar las equivalencias de superficie según las características productivas de cada región. La autoridad de aplicación debe controlar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la legislación. Todo esto pretende eliminar el gobierno.
Además, se deroga el artículo 4 del decreto ley 15385 de 1944, con gravísimas consecuencias para la defensa nacional. Este artículo, con sus modificaciones, establecía la exigencia de solicitar conformidad previa a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (CNZS) para que extranjeros pudieran comprar, arrendar o transferir bienes inmuebles en zonas de frontera y seguridad.
Al derogarlo, estos infames entreguistas en la Casa Rosada permitirían a cualquier capital extranjero comprar tierras en nuestras fronteras. Esto agrava una realidad que ya existe en algunas provincias, como Tierra del Fuego o Santa Cruz.
hoy N° 2115 01/07/2026
