Con movilizaciones, asambleas, marchas multitudinarias, abrazos solidarios y una campaña de firmas masiva, reuniones con legisladores, encuentro con trabajadores y jubilados del Estado, fueron ganando las calles y la opinión contra otro ajuste del gobernador Rogelio Frigerio. Sin embargo, el oficialismo avanzó intransigente ignorando los argumentos y el rechazo popular, y se definió en la legislatura que el miércoles 15 de julio se someterá a votación.
La ofensiva contra la Ley N° 8732 (ley de jubilaciones y pensiones de la provincia) representa un nuevo capítulo en la política de entrega de ajuste y hambre que sufren miles de entrerrianos y entrerrianas. Los pilares de la actual ley -el 82% móvil, el cálculo del haber, la edad jubilatoria y los aumentos ligados a los salarios de los activos- son conquistas históricas de la lucha obrera estatal que los patrones de turno pretenden arrebatar para seguir favoreciendo a los que la juntan en pala con las actuales políticas del gobierno provincial.
A pesar de que “los números le cierren”, la lucha desarrollada por la Multisectorial ha presionado a muchos sectores, a la oposición y a la sociedad en contra de la reforma, de tal manera que el proyecto presentado por el oficialismo podría modificarse en favor de podar su propio proyecto.
En la segunda semana de julio, la comisión legislativa, que trató el proyecto original enviado por el gobernador, ya dictaminó con importantes recortes de las aristas más lesivas del mismo, aunque sigue revistiendo el carácter de un ajuste sobre los ingresos.
En un escenario complejo, si la reforma pasa no va a pasar como quería el gobierno. Si esto es así, es producto de la lucha que se está dando, un triunfo parcial y directo del accionar y la resistencia gremial articulada en la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional, aún cuando la sanción final signifique un ajuste.
Bajo el argumento del déficit
Desde la Multisectorial, conformada por sindicatos estatales y centros de jubilados, denunciaron la falsedad del discurso oficial de que no hay recursos. El gobierno provincial pretende saquear el bolsillo de quienes menos tienen, protege las ganancias de los grandes terratenientes, los saqueadores de los recursos provinciales, las grandes empresas, la especulación financiera, el juego y demás.
Bajo el argumento de que la Caja de Jubilaciones se encuentra en un punto sin retorno por el déficit generado durante años de malos manejos -lo que es cierto-, el proyecto de reforma impulsado por el ejecutivo introduce modificaciones estructurales profundas a la actual Ley N° 8732. Los puntos fundamentales son:
- Cambia la base de cálculo de los haberes. Se vacía el 82% y se licúa con la modificación de la fórmula para establecer la jubilación inicial. La reforma va a llevar la jubilación al 61%, sobre un cálculo a 20 años.
- Desconoce el desgaste físico y psíquico de tareas esenciales (las jubilaciones diferenciales, como el de los y las trabajadoras de Salud Mental y el sector docente).
- Aumenta los aportes personales del 16 al 19%. Esto agregado al deterioro del poder adquisitivo del 40%, durante este gobierno, rayando la línea de la indigencia.
- Aumenta la edad jubilatoria (a 68 años, con 35 años de aporte)
- Otorga atribuciones y poderes al gobernador y otras autoridades.
- Golpea a las autonomías municipales.
Hay plata, pero todos miran para otro lado
El gobierno, sus aliados y algunos sectores de la oposición, plantean que frente al “colapso absoluto del sistema” la reforma es un “sacrificio necesario” que las y los entrerrianos deben afrontar. No aceptan que el colapso se debe a las decisiones de la misma patronal y no por culpa de los y las trabajadoras. Y no ven otra opción que seguir rascando de la olla de los salarios.
Hay que destacar que el sistema jubilatorio no es una variable de ajuste contable ni un fondo deficitario ordinario; constituye una parte ineludible de la obligación del Estado de garantizar el derecho humano a la seguridad social. Esto implica, por mandato constitucional, la responsabilidad de preservar, resguardar y mejorar de forma constante el poder adquisitivo del haber en pasividad, asegurando una vejez digna a quienes sostuvieron el aparato público provincial durante su vida laboral.
Pero en este callejón sin salida (de “no hay plata”, o “no hay alternativa”) que monta el gobierno, la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional presentó el proyecto de creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper) , elaborado por Víctor Sartori, secretario de Organización de ATE Entre Ríos, una iniciativa orientada a fortalecer el financiamiento de la Caja sin avanzar sobre derechos adquiridos y una vía de financiamiento genuina y estructural que resguarda las arcas públicas sin asfixiar la economía de la provincia ni el bolsillo de sus habitantes.
El Fisper demuestra técnicamente que el costo financiero del déficit debe ser sostenido centralmente por el aporte de los sectores concentrados de la economía provincial. Sostener el sistema previsional gravando la riqueza concentrada, en lugar de esquilmar los haberes de quienes consumen y dinamizan el mercado interno entrerriano, es la única estrategia soberana capaz de garantizar la paz social y la sustentabilidad real en el tiempo.
El Fisper le ofrece al actual gobierno una posibilidad única de recaudar sobre la renta extraordinaria y no sobre el sacrificio de quienes ya cumplieron su ciclo laboral aportando al sistema.
Desde un principio, la Multisectorial sostuvo que el déficit es una contingencia financiera del Estado y no un problema generado por los trabajadores y trabajadoras; que el 70% del mismo se originó por decisiones políticas a lo largo de los distintos gobiernos; que la sustentabilidad de la Caja debe buscarse en la eficiencia recaudatoria sobre la renta extraordinaria y no en el sacrificio de quienes ya cumplieron su ciclo laboral; que el haber jubilatorio no es una asistencia graciable, sino salario diferido, y por lo tanto parte de su patrimonio y propiedad; entre otras advertencias que el Sindicato subraya. Pero, esencialmente, se debe destacar que la jubilación no es un privilegio, sino que es el pago de un servicio ya prestado que el Estado garantizó mediante ley.
¡No a la reforma previsional de hambre! ¡Unidad de los trabajadores y el pueblo!
Foto: Masiva jornada de protesta frente a la Casa de Gobierno
Corresponsal
hoy N° 2117 15/07/2026
