El gobierno de Javier Milei lleva adelante, desde su asunción, un programa de ajuste que un informe económico difundido esta semana no duda en calificar de “draconiano” por lo severo. Según el documento, el fuerte salto inflacionario de los primeros meses de gestión -producto de la megadevaluación inicial- no fue un efecto colateral, sino el instrumento elegido para licuar el gasto público y los salarios reales, al tiempo que se redistribuía el ingreso hacia los sectores más concentrados de la economía.
A partir de allí, Milei y el ministro Luis Caputo recurrieron al “ancla cambiaria” para bajar una inflación que ellos mismos habían disparado, combinada con la apertura comercial y la caída del consumo. El abaratamiento sostenido del dólar, oficial y financiero, habilitó además la llamada “bicicleta financiera” o carry trade, un mecanismo que permitió a grandes capitales obtener ganancias especulativas de corto plazo sin ninguna inversión productiva de por medio.
Para el informe, esa combinación de apertura importadora, especulación financiera y fuga de capitales golpeó de lleno a la industria nacional y agravó la fragilidad externa de la economía, en momentos en que se acumula una pesada muralla de vencimientos de deuda. El propio esquema, señala, ya mostró sus límites: el año pasado el Gobierno debió salir a buscar salvatajes del FMI y de Estados Unidos, además de adelantos de dólares de las cerealeras, nuevos préstamos externos y el blanqueo de capitales.
Industria golpeada y empleo en caída
El diagnóstico sobre el sector productivo es contundente: la producción industrial cayó 11,4% en abril en la comparación interanual. De las dieciséis ramas relevadas, doce muestran caídas -nueve de ellas superiores al 20%- y dos, maquinaria y equipo y productos textiles, retroceden más del 30%. Solo crecen la refinación de petróleo, los químicos, las motos y el tabaco.
Hay sectores, como el textil, el automotriz, el caucho y plástico y la metalmecánica, que operan con apenas el 40% de su capacidad instalada. El comercio y la construcción, los dos mayores generadores de empleo privado del país, están 7% y 23% por debajo de los niveles de 2023. En simultáneo, los únicos rubros que crecen -agro, minería, petróleo e intermediación financiera- representan el 19% del valor agregado pero apenas el 9% del empleo privado registrado, lo que dibuja, según el análisis, una «economía dual» orientada a la exportación y con escasa capacidad de generar puestos de trabajo.
Los números del mercado laboral confirman la tendencia: en marzo había 314.500 asalariados formales menos que en noviembre de 2023, entre el sector privado, el público y el servicio doméstico. Durante la gestión Milei cerraron 26.200 empresas, más de 3.300 de ellas industriales, y la morosidad del sector privado no financiero alcanzó un récord desde 2006, con más de 5,3 millones de personas con al menos un crédito impago desde hace 90 días o más.
Mirado en perspectiva histórica, el informe subraya que la economía argentina atraviesa un estancamiento prolongado: el PIB apenas roza los niveles de 2013-2015, y el PIB por habitante retrocede a valores de 2007.
Consumo deprimido y ajuste fiscal
La pérdida de empleo, sumada al deterioro de salarios y jubilaciones, se traduce en un consumo masivo deprimido: las ventas en supermercados y mayoristas se ubican 10% y 21% por debajo de noviembre de 2023, incluso más bajas que en el peor momento de la pandemia, mientras el consumo de carne vacuna por habitante es el menor desde que existen registros, en 1958. La inversión, por su parte, cayó 11,6% interanual en el primer trimestre del año.
En el plano fiscal, el informe advierte que la caída de la recaudación tributaria complica la meta de superávit del Gobierno y presiona por más ajuste. El superávit alcanzado, sostiene, se logró a costa de salarios, jubilaciones y gasto social, y esconde una descapitalización profunda del país. Además, estaría “dibujado” por la capitalización de intereses de la deuda: el propio FMI reconoció que en 2025 hubo un déficit financiero del 0,8% si se incluye el componente real de esos intereses.
Deuda y fuga: la otra cara del modelo
El documento pone especial énfasis en el endeudamiento. Desde diciembre, tras la devaluación que licuó la deuda en pesos, la deuda de la Administración Central creció 108.518 millones de dólares (+30%), explicada por la parte en moneda local, mientras la deuda en moneda extranjera no aumentó por lo que el análisis describe como “un artilugio contable”. Hoy la deuda pública en situación de pago normal asciende a 476.743 millones de dólares, equivalentes al 74% del PIB, y la deuda externa total creció 37.415 millones hasta el primer trimestre de 2026.
Los vencimientos proyectados no dan respiro: unos 10.000 millones de dólares en lo que resta de 2026, 28.000 millones en 2027 y un promedio de 20.000 millones anuales hasta 2031. Solo la deuda con el FMI suma 57.800 millones de dólares, y el informe calcula que, desde el regreso al Fondo durante el gobierno de Mauricio Macri y hasta 2035, el país habrá pagado cerca de 30.000 millones únicamente en concepto de intereses.
A la par del endeudamiento, la fuga de capitales del sector privado no financiero sumó 43.764 millones de dólares entre abril de 2025 -cuando se levantó el cepo para las personas físicas- y mayo de 2026, de los cuales unos 34.269 millones habrían salido efectivamente del sistema financiero local. Desde 2003, incluso con distintos esquemas de cepo vigentes, la fuga acumulada se estima en 197.159 millones de dólares, unos 271.820 millones a valores actuales, un monto que el informe describe como “muy difícil, por no decir imposible, de sostener para cualquier país del mundo”.
Las reservas del Banco Central, sostiene el análisis, dependen en última instancia del respaldo del Tesoro de Estados Unidos y del FMI. Pese a que la entidad compró 11.102 millones de dólares netos en lo que va del año -algo que el Gobierno exhibe como un logro-, las reservas netas solo crecieron 2.881 millones, con el aporte de un nuevo desembolso del FMI, y sin ese préstamo seguirían siendo ampliamente negativas.
La ilusión de la “lluvia de inversiones”
El informe también cuestiona la apuesta oficial a la inversión extranjera directa, en línea con lo que ya había planteado el gobierno de Macri. Según el documento, los capitales que llegan bajo regímenes de privilegio como el RIGI profundizan la dependencia y no generan una base tecnológica propia, mientras que, tarde o temprano, terminan girando al exterior montos muy superiores a los invertidos originalmente, a través de la remisión de utilidades, el aumento de importaciones asociadas y la fuga de capitales.
Como antecedente, recuerda que entre 2003 y 2011 la salida de dividendos superó en un 17% al ingreso de inversión extranjera directa. Con Milei, la remisión de utilidades a través del mercado oficial ya sumó 1.710 millones de dólares entre marzo y mayo de 2026.
“No estamos condenados a la dependencia”
Frente a este panorama, el informe repasa la estrategia oficial de mediano plazo, apoyada en el potencial de los sectores petrolero y minero. Este año el superávit energético podría rondar los 15.000 millones de dólares, y trepar a 20.000 millones en 2027; la minería aportaría unos 6.000 millones anuales, y para 2030 el Gobierno proyecta 50.000 millones de dólares combinados entre ambos rubros. Es la llamada “salida exportadora”, de perfil agropecuario-extractivista, que goza de un consenso amplio entre los sectores dominantes pero que, advierte el documento, tiene escasa incidencia sobre el empleo y deja abierta la pregunta de cuántos de esos dólares quedarán realmente en el país, dados los privilegios fiscales del RIGI.
Para el informe, esa estrategia no busca mayor independencia económica sino sostener la dependencia de manera más estable en el tiempo, orientando el esfuerzo productivo del país a generar los dólares necesarios para seguir pagando deuda, remitiendo utilidades al exterior y sosteniendo la fuga de capitales.
El documento sostiene que el camino “posible” que suelen plantear los sectores progresistas conduce, en los hechos, a una nueva derrota para las mayorías populares. Frente a eso, propone una serie de medidas: control estricto sobre los monopolios formadores de precios, una reforma tributaria progresiva que incluya el fin de regímenes como el RIGI y un impuesto a las grandes fortunas, mayores retenciones a los sectores más ricos del campo con segmentación a favor de pequeños y medianos productores, la nacionalización del comercio exterior, la centralización de los depósitos para orientar el crédito a la producción, tierra para campesinos y chacareros, financiamiento a la investigación científica nacional, una YPF 100% estatal y la recuperación de la renta minera, junto con la suspensión e investigación de la deuda pública.
“No se trata de un camino sencillo ni libre de obstáculos”, concluye el informe, pero lo define como necesario y posible si el país se apoya en sus propios recursos y en el pueblo argentino, y se complementa con otras naciones dispuestas a relaciones económicas y políticas de igualdad y beneficio mutuo. La condición, subraya el texto, es un cambio en la correlación de fuerzas: sin un poder popular capaz de implementar estas medidas, la salida de la dependencia seguirá siendo, por ahora, solo una posibilidad enunciada.
hoy N° 2116 07/07/2026
