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29 de junio de 2018

El resultado de una política antipopular y antinacional

El miércoles negro

La Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires se hundió el miércoles pasado en un 8,96% y el índice MerVal (Mercado de Valores) retrocedió a 25.921,08 puntos, lo que representó la peor caída desde junio de 2014. El balance general de empresas arrojó 74 caídas, 8 alzas y un papel sin cambios. El volumen negociado en acciones alcanzó los $1.326 millones, un 155% más que el día anterior. Pero esto no fue de repente, pues el índice MerVal empezó a caer el lunes, cuando el viernes anterior se había ubicado en 30.274,04 unidades, lo que para el miércoles pasado significó una caída de casi el 15% en cuatro días hábiles.

Ni la recalificación como mercado emergente y mucho menos la clasificación en el Mundial para octavos de final le dieron un respiro a este catastrófico derrumbe, que no fue algo aislado. Pues al mismo tiempo, el riesgo país que mide la temperatura de los mercados internacionales en relación a los valores argentinos (bonos y acciones) llegó a su máximo desde 2015, mientras el dólar volvió a superar los 28 pesos (y el viernes arañó los 29 pesos). Todo lo cual muestra la profundización de una tendencia que por ahora no permite vislumbrar el piso.

A esta altura del partido, que no es un partido de fútbol que puede resolverse en poco tiempo, ni los problemas de la economía argentina pueden resolverse con simples cambios en la ubicación de los jugadores, por más que se trate del “mejor equipo del mundo”, como alardeaba el presidente Macri. Eso pudo servir para el cambio de calificación impulsado por la Banca Morgan y el reforzamiento del poder de sus personeros en el gobierno macrista, en el Banco Central y con la unificación de los ministerios de Hacienda y Finanzas. Pues el problema de fondo está en la política proterrateniente y proimperialista, de ajuste contra los trabajadores y la producción y el comercio nacionales, aplicada durante más de dos años, que se pretende mantener y reforzar con el pacto entreguista con el Fondo Monetario Internacional. Es esta política basada en un fenomenal endeudamiento, de hecho también inflacionaria por su costo en intereses que hay que pagar todos los días, la que comenzó a hacer crisis desde fines de 2017.

A partir de entonces, el “fantasma” de la cesación de pagos comenzó a encarnarse con una lenta fuga de los dólares especulativos obtenidos con ese endeudamiento, convirtiéndose en una avalancha desde fines de abril, que no se pudo detener ni con el “regalo” a precio vil de más de 11.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y un aumento de las tasas de interés que paga al 40% anual. Esto se volvió a repetir esta semana, pese a todos los cambios en el gobierno y a la puesta en funciones del pacto con el FMI, reflejando la agudización de todas las contradicciones entre los distintos sectores monopolistas y financieros que se disputan la hegemonía en el gobierno de Macri.

Lo cierto es que a pesar de que Caputo empezó a rematar todos los días 100 millones de dólares (el jueves los elevó a 150 millones diarios), no ha logrado detener por muchos días el continuo desarme de posiciones de inversores extranjeros que se llevan los dólares, como se vio con mayor fuerza el “miércoles negro” pasado, que se manifestó no tanto en el ya elevado precio del dólar como en la recurrente caída de los bonos y acciones en el mercado de valores, tras el breve respiro de la semana anterior.

A esto se suman las incertidumbres que provoca el plan “acordado” con el FMI, en lo que se conoce y en lo que no se conoce. Por ejemplo, que el gobierno estudia postergar las rebajas impositivas y extender en el tiempo la aplicación de la reforma tributaria, que ya estaría negociada con el Fondo Monetario. Pues según Clarín del viernes 29, en los documentos –aún secretos– se dice: “Podríamos extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones (de la reforma tributaria vigente) si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales”. A lo que agrega otra bomba financiera: la ANSES venderá acciones de las compañías privadas que tiene en su poder, que equivalen a cerca de US$10.000 millones. Esta posibilidad fue uno de los motivos “extra” que profundizó la caída bursátil del miércoles negro.

Por otro lado, la crisis en curso viene acompañada de una mayor inflación. Los datos conocidos de abril y especialmente de mayo ya muestran una importante caída en la actividad económica. Pero para adelante también comenzará a sentirse el efecto de la devaluación y del aumento de las tasas de interés, por lo que se espera que los próximos meses sean fuertemente recesivos. Por supuesto que el Gobierno y los economistas afines, cumpliendo su función de “brujos de la tribu” insisten en que para fin de año “debería” comenzar a cambiar esa tendencia.

Aunque para eludir su responsabilidad, hoy quieran cargar todo a la mala cosecha (insistiendo que con “una buena cosecha” nos salvaríamos, como en las mejores épocas de gobiernos de la oligarquía) y a los cambios en el contexto internacional. En esto último se sabe que hubo salida de capitales de todos los países emergentes. Pero claramente en ninguno se sintió tanto como en el caso de los activos argentinos. El peso se devaluó más de 50% desde que arrancó el año, cuando ninguna moneda emergente perdió más de 15% y la mayoría mucho menos de 10%. En el caso de las acciones no es muy diferente. Mientras que el Merval cayó 44% en dólares en el año, el Bovespa brasileño solo perdió 20%, aun en un clima preelectoral muy enrarecido.

La recalificación como mercado emergente impulsó a las acciones hasta 15% el jueves de la semana anterior, pero la recuperación no duró casi nada. Luego volvieron a intensificarse las ventas. Una de las lecturas que predominó es que el MSCI (la calificadora de Morgan Stanley) devolvió a la Argentina a la categoría de mercado emergente tras nueve años, pero que no fue un respaldo a la política económica ni mucho menos. En realidad, se premió que el Gobierno haya tomado medidas que buscan eliminar cualquier posibilidad de volver al control de capitales, como fue en su momento el cepo cambiario.

Reflejando la disputa por el poder en el gobierno macrista, el equipo económico insistió en la semana en que un banco salió a esparcir la versión falsa de que se gravaría con el impuesto a la renta financiera a las acciones locales, las únicas que quedaron excluidas del impuesto. Los títulos oficiales argentinos, en cambio, pagan desde este año el 15% sobre las utilidades recibidas. Pero nadie fue capaz de adjudicar el rumor y solo hubo una cadena de tuits en los que se hablaba de esta posibilidad. Pero pareció un argumento un tanto endeble para entender una caída tan abrupta de los precios.

Tampoco la estabilidad cambiaria pudo lograrse. El Gobierno había identificado como «tóxica» la suba del dólar, porque terminó impactando negativamente en acciones y bonos. Se esperaba que con la mayor oferta de divisas y un tipo de cambio más estable llegara la mejoría de acciones y bonos. Pero por ahora no ocurrió nada de eso. Los inversores tampoco están demasiado seguros sobre las posibilidades de que el Gobierno haya realmente dominado la situación cambiaria, a pesar de la magnitud de la devaluación producida desde mayo.

Insistir con políticas semejantes a la de los gobiernos de la oligarquía previos a la Segunda Guerra Mundial no resuelve ninguno de los problemas actuales de la economía argentina, por más que se haya firmado un nuevo pacto con el FMI. Al contrario, se profundiza el atraso y la dependencia del país. Lo que se requiere es otra política, una política al servicio de los trabajadores y la producción y el comercio nacionales, lo que requiere otro gobierno, un gobierno popular, nacional y democrático. En eso están los trabajadores y el pueblo en las calles, lo que requiere avanzar en la unidad social y política de todos los sectores hoy afectados por la política macrista, desarrollando y fortaleciendo al PTP y al PCR en la unidad y ampliación del frente político En Marcha.

Escribe Eugenio Gastiazoro