Los procesos inflacionarios son de una gran complejidad teórica y análitica. Diversas escuelas han interpretado el fenómeno y elaborado propuestas, que van dejando profundas huellas en las visiones y percepciones de todos los que la sufrimos.
Los procesos inflacionarios son de una gran complejidad teórica y análitica. Diversas escuelas han interpretado el fenómeno y elaborado propuestas, que van dejando profundas huellas en las visiones y percepciones de todos los que la sufrimos.
Está la escuela monetarista, que no considera los aspectos estructurales que condicionan las relaciones sociales de producción imperantes, pues su análisis se queda en la órbita de la circulación y, en consecuencia, considera a la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario; los propios estructuralistas, que parten de esa estructura e identifican, básicamente, dos causas: la demanda o la oferta, por separado; los que plantean que la inflación es “importada” debido al grado de inserción exportadora de nuestra producción primaria, sin explicar porqué el resto de países exportadores de alimentos no la sufre; los que diagnostican inflación de costos, sosteniendo la idea de que los reclamos de los trabajadores para mantener el poder adquisitivo de sus salarios son los responsables de la disparada de precios. Y así, podríamos hacer una larga lista de las diferentes concepciones y propuestas antiinflacionarias.
Horacio Ciafardini, poco antes de su muerte, analizó desde una perspectiva marxista las causas de la inflación y elaboró algunas políticas para resolverla.
Hemos tomamos sus trabajos como referencia teórica, a la que le sumamos la consideración de los factores políticos, que por su peso en el proceso inflacionario que vive la Argentina en la etapa kirchneristas, resultan imprescindibles para su comprensión y acciones posibles
“En lo tocante al origen del proceso inflacionario, unas opiniones lo atribuyen a factores que operan desde el lado de la demanda nominal global, y otras que lo hacen a factores que operan desde el lado de la oferta de bienes y servicios, y de las condiciones que rigen esta oferta.
Se trata de los dos lados del mercado, que están necesariamente interrelacionados, de modo que el resultado inflacionario de ciertos factores operantes desde el lado de la demanda presupone la vigencia de ciertas condiciones restrictivas de la reacción de la oferta” (Horacio Ciafardini)
Siguiendo al autor, el aumento de la demanda, medida en dinero, ante una oferta rígida, se expresa en la marcha ascendente de los precios. Pero, para que este aumento se traduzca en un proceso inflacionario, lanzado en forma general, autoalimentado, se deben registrar otros factores.
Precios
Cuando se dispara el proceso inflacionario, los precios aumentan de manera despareja, por lo que se habla de variación de precios relativos. Estas variaciones suponen redistribuciones simultáneas de ingresos, entre los asalariados (el salario es el precio de la fuerza de trabajo), los capitalistas y el Estado. Respecto de los asalariados, es sabido que en la puja distributiva son los mayores perjudicados. Entre los capitalistas, hay que tener en cuenta los distintos segmentos, por tamaño, posición en el mercado (monopólica y oligopólica), participación en la formación de los precios, etc., así como el sector de actividad en el cual operan (expresión de la estructura productiva del país). El Estado es otro de los sectores que se beneficia de esta puja, a través del impuesto inflacionario, por lo que es posible concebir a la inflación como un mecanismo o una política deliberada de expropiar a unos en beneficio de otros.
Asimismo, el aumento de precios se da en forma desordenada, lo cual impacta en el nivel de actividad económica.
El dinero
El dinero es una mercancía particular, diferente del resto de las mercancías, que se opone a ellas en el intercambio, ya sea en la venta como en la compra. En tanto equivalente general es patrón de valor y medio de cambio en la circulación. En la medida en que el dinero conserva su poder adquisitivo, es decir, inspira confianza, está en condiciones de cumplir con estas funciones: medio de pago (sistema crediticio/dinero bancario) y reserva de valor (atesoramiento). Sólo así es dinero verdadero.
En un país con inflación desatada, el dinero pierde su condición de reserva de valor y queda circunscripto exclusivamente a la órbita de la circulación, su función más vil, transformándose en dinero falso.
En consecuencia, estas funciones (reserva de valor y medio de cambio) recaen en monedas extranjeras, metales preciosos o bienes que adquieren funciones dinerarias, como los “ladrillos” o la tierra.
Thomas Gresham en el siglo XVI había enunciado la ley que rige la circulación de la moneda, la sintetizaba así: “La moneda mala desplaza de la circulación a la buena” o sea la población en general tiende a guardar la moneda estable y a desprenderse de la que se desvaloriza.
Como consecuencia, el dinero envilecido circula a una velocidad mayor, proceso que se retroalimenta constantemente porque nadie lo quiere retener. Al mismo tiempo, la producción se ve afectada negativamente, todo lo cual se combina para aumentar más los precios. Existe un factor externo que impulsa este proceso, que son las expectativas, que operan como profecía autocumplida, anticipando y acelerando el ritmo de los precios.
El proceso inflacionario no sólo consiste en un aumento generalizado de precios sino, fundamentalmente, en el desorden de los precios relativos, lo cual interfiere en el cálculo de la rentabilidad esperada de las inversiones, impactando negativamente sobre ellas y, en consecuencia, afectando el nivel de actividad económica.
¿Está en M (cantidad de dinero) el origen de la inflación?
Los precios no aumentan por el aumento de M, ya que si los billetes gozaran de buena fama, el aumento de su cantidad podría saldarse por una reducción de la velocidad media de circulación –V- manteniéndose la relación entre la cantidad de dinero por su velocidad (MxV) y la masa total de mercancías que se producen (T) y venden, por su precio (P), con pocos cambios (TxP). O, dicho aumento de M se ajustaría a través de un incremento de la masa de mercancías que se producen y venden, con poco impacto en el nivel de precios.
“Los precios aumentan en forma generalizada cuando se vuelca en el mercado una demanda –medida en dinero- superior a la suma resultante de estimar la producción que está en el mercado (T) por los precios actuales (P). Esta es sólo otra expresión de la identidad PxT=MxV, y ella no explica nada en sí misma, ya que es una identidad tautológica (para que esta fórmula tenga significado, es necesario precisar de qué tipo de dinero se habla). Para comprender en su base el alza de precios es necesario, pero no basta, detectar una copiosa fuente de demanda adicional, medida en dinero. Esto es así porque si bastase un aumento pequeño de los precios para desencadenar un vigoroso aumento de la producción, el aumento de los precios quedaría muy circunscripto y no llegaría a desprestigiar el dinero del país. Es preciso determinar también cómo, porqué, la producción no reacciona de ese modo. La explicación se referirá entonces a ambos lados del mercado.”
Como queda claro, los precios dependen directamente de la cantidad de dinero, sólo cuando aquél ha perdido su valor intrínseco y se hace dependiente de las expectativas relativas a él, cuando el proceso inflacionario ya está desatado, por lo tanto, M no está en el origen de la inflación. A diferencia del resto de los bienes-mercancías que fluyen al mercado según el nivel y ritmo de la producción, el dinero lo hace en función del stock, sea moneda circulante, títulos o dinero en poder de los bancos.
¿Es el déficit fiscal?
Cuando se estimula la demanda a través del gasto público y éste no se cubre con ingresos genuinos, ese déficit puede financiarse emitiendo billetes, lo cual se traduce en un aumento de la demanda, medida en dinero, y no de la cantidad de dinero (M); o a través de endeudamiento, lo cual no implica directamente un aumento de M.
Respecto del gasto, no sólo importa el monto sino también su aplicación, ya que el mismo puede tener como objetivo el incremento de la oferta a través de mecanismos que incentiven la inversión productiva, en forma directa o indirecta: financiamiento de la inversión privada; obra pública productiva, etc.
La misma consideración vale para los ingresos o fuentes de financiamiento del gasto público, ya que constituyen una potente herramienta de estímulo o desaliento estatal sobre la producción y la inversión y, por lo tanto, de la oferta de bienes y servicios.
Desde un punto de vista exclusivamente cuantitativo, la simple reducción del déficit fiscal vía gasto público o el aumento de recursos genuinos no es suficiente como política antiinflacionaria, e incluso es posible que semejantes medidas la agraven en términos de actividad productiva y empleo, ya que la estructura de ambos términos es de importancia cualitativa para la dinámica económica.
Del mismo modo que el mantenimiento del déficit del sector público en forma prolongada, originado en un gasto ineficiente y sin que su orientación esté al servicio de la producción, es un factor de inflación por el lado de la demanda sin compensación por el lado de la oferta.
Incluso, el déficit del sector público podría no ser un factor de inflación propiamente dicho si el sector productivo privado reaccionara vigorosamente ante cada aumento de la demanda nominal, es decir, si la elasticidad de la oferta para producir bienes y servicios fuese elevada.
La oferta responde a una configuración estructural sobre la cual operan aspectos coyunturales o cíclicos, como la saturación de la capacidad instalada de producción, entre otros, que le impiden reaccionar. “Cuando estos estrangulamientos coyunturales permanecen en el tiempo, se pone de manifiesto su origen en las relaciones de producción imperantes, o sea, su carácter social”.
Hasta aquí hemos abordado el tema del déficit sin considerar que, tanto el gasto como los ingresos fiscales son instrumentos al servicio de un Estado que puede volcarlos a la especulación y al uso con fines políticos, en la medida en que redistribuye ingresos entre los distintos actores económicos.
Históricamente, se le ha asignado un papel preponderante al déficit fiscal como una de las causas importantes de la inflación. Sin embargo, se habla menos de la principal y determinante causa del aumento del gasto, que es la corrupción del aparato estatal; el saqueo que desde el aparato estatal se ejerce favoreciendo a los amigos y en beneficio propio, así como otorgando privilegios a los capitales extranjeros que operan en el país. Esta causa de los recurrentes procesos inflacionarios está en la matriz del Estado argentino y constituye una raíz estructural de la misma, por lo que es impensable resolverla al margen de un programa revolucionario.
Otros condicionamientos relevantes, no los únicos, son el sector externo y el grado de endeudamiento interno y externo, que afectan la disponibilidad de divisas necesarias para la actividad productiva.
LA INFLACIÓN EN EL ARGENTINA ACTUAL
El actual proceso inflacionario no puede entenderse al margen de la forma en que se salió de la crisis que terminó con la convertibilidad, en el plano económico, pero también en el político.
En lo económico, la maxidevaluación del 2002 produjo una enorme alteración de los precios relativos que se tradujo en transferencias de ingresos del trabajo al capital monopólico más concentrado, por el deterioro del salario real. Asimismo, se produjeron fenomenales transferencias de ingresos entre empresas de diferentes sectores y dentro de la misma rama de actividad, y a favor del Estado.
A partir de allí, las políticas predominantes aplicadas durante esta década han sido expansivas de la demanda, vía mejoras salariales, jubilaciones, asignaciones por hijo, etc., y vía aumento del gasto, sobre todo, a partir de 2006/7, financiado, en gran medida, con emisión monetaria.
Cabe destacar que el patrón de crecimiento de los Kirchner no dependió de los flujos financieros internacionales, toda vez que el período se inició con el default declarado por Rodríguez Saá, la maxidevaluación que le confirió competitividad a muchos sectores y, sobre todo, una elevada tasa de ahorro interno (la plata en el colchón generada por el corralito y corralón), así como la posterior reestructuración de la deuda externa que se pateó para adelante, lo cual contribuyó al financiamiento del proceso de recuperación y la primera etapa de crecimiento de la era K.
Todo ello, con el impulso de un contexto internacional, con crecimiento de la economía mundial y la mejora en los términos de intercambio, que se tornaron muy favorables para la economía argentina.
En lo político, Néstor Kirchner accede al gobierno con el 22% de los votos y la necesidad de consolidar, hacia arriba y hacia abajo, la hegemonía de los grupos de poder dominantes, en el marco de la presencia creciente de un nuevo actor: China.
Luego de los primeros años de recuperación y expansión de la economía, el proceso inflacionario de dos dígitos que se manifiesta desde el año 2007, aparece como un síntoma de la incapacidad del poder político para lograr credibilidad en la moneda nacional, pese a que en las elecciones del año 2011 el gobierno logró el apoyo del 41% de votantes habilitados para sufragar (11,8 millones respecto a 29 millones) y el 54,4 % del total de los que fueron a votar.
La situación inflacionaria desata agudas tensiones sociales y políticas alrededor de la distribución del ingreso. El panorama político dista de ser el de los dos primeros años de la post convertibilidad; antes bien, en estos momentos la puja distributiva se potencia por la existencia de una importante oposición gremial a la política oficial, en tanto el gobierno justifica el exceso de emisión monetaria, en relación a la oferta de bienes, como parte de una política deliberada para sostener el empleo y la demanda, vía gasto público.
DEMANDA
A- Empleo, salarios y población “sobrante”
Como se señaló más arriba, la devaluación del 300% redujo drásticamente la capacidad adquisitiva de los salarios y produjo una transferencia de ingresos, sin precedentes, hacia los capitalistas, los terratenientes, exportadores y el Estado.
En un ensayo de Aldo Ferrer, que data de comienzos de los años de 1960, se estudia la experiencia de 1958 a 1960 y se dice que, en la Argentina, a partir de una devaluación se produce una escalada de precios relativos en razón de que los bienes transables en el comercio exterior constituyen al mismo tiempo parte importante de los bienes que integran la Canasta Básica de Alimentos. Al mismo tiempo, la capacidad de respuesta inmediata que daba en aquel entonces el movimiento obrero provocaba un aumento de los salarios nominales lo que alimentaba una “la espiral devaluación-precios-salarios”. (Los planes de estabilización en la Argentina. Paidós. 1974)
La diferencia respecto a la última década, 2002-2012, es que en una primera etapa, que podríamos ubicar entre los años 2002 y 2003, la dirigencia del movimiento obrero resignó la puja salarial, primero porque la recuperación económica recién se empezaba a afianzar luego de la profunda crisis económica y social, y segundo, por cuestiones políticas, relacionadas con el acuerdo político que la cúpula del movimiento obrero tenía con el kirchnerismo y que no respondía a las necesidades de la clase obrera que había sufrido un “hachazo” a su poder adquisitivo, tras la devaluación.
La dinámica del empleo 1 – 2
La economía creó más de cuatro millones de puestos de trabajo, dinámica liderada por los sectores productores de bienes, que en esta etapa ganaron protagonismo frente a los servicios, con excepción del sector financiero.3
Entre 2001 y 2011, se observaron importantes mejoras en diferentes indicadores laborales: la tasa de empleo pasó del 35,2% de la población al 43,0%; la tasa de desocupación pasó del 20,3% de la población económicamente activa al 7,2%, en 2011. Los empleos creados en este período se caracterizaron, a su vez, por ser en su mayoría puestos de jornada completa, y registrados en el sistema de Seguridad Social (SS).
En consecuencia, la tasa de empleo pleno pasó del 28,5% al 39,1% de la población en ese mismo lapso y la proporción de asalariados no registrados se redujo del 42,5% al 33,8%.
Desde el punto de vista de los ingresos, se verificó una paulatina recuperación, con relación al deprimido nivel que tenían en 2002, teniendo en cuenta que la pérdida inicial del poder adquisitivo de los ingresos de los ocupados alcanzó el 27,1% en promedio.
Luego de ese período inicial, la recuperación comenzó a partir del tercer trimestre de 2003, en gran medida, como resultado de las políticas de ingresos impulsadas desde el gobierno nacional con el objetivo de elevar los pisos salariales. Por decreto, se incrementaron salarios y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Desde 2006, la determinación de los niveles salariales pasó a estar más directamente relacionada con la negociación colectiva, en un contexto de auge de la actividad sindical.
El conjunto de los trabajadores vio mejorar el poder adquisitivo de sus ingresos entre 2001 y 2011, aunque los logros en este ámbito fueron más bien moderados.
No fue sino hasta 2007 que la mayoría de los ocupados logró recuperar los niveles de ingresos que perdieron tras la devaluación de la moneda, alcanzando los niveles previos vigentes en 2001. En 2011 las encuestas a hogares dan cuenta de un incremento de los ingresos laborales en relación con dicho año, que resulta del 8,7% promedio para el total de los ocupados y del 12,2% para los trabajadores en relación de dependencia.
Las mejoras descriptas en las condiciones del mercado de trabajo no se dieron con la misma intensidad a lo largo de estos casi diez años analizados. La tasa de incremento de la ocupación fue particularmente alta en los primeros años de la post convertibilidad, más precisamente hasta 2007. Del mismo modo, los ingresos, en términos reales, tuvieron las mayores subas entre 2004 y 2006.
El aumento de los ingresos de los ocupados resulta limitado si se lo compara con las altas tasas crecimiento económico, el fuerte incremento de la productividad y las elevadas tasas de ganancia de los capitalistas.
La tasa de ganancia de los capitalistas se origina, tanto en la tasa de plusvalía o tasa de explotación de los asalariados (prolongación y/o intensificación de la jornada de trabajo), como en el precio de la fuerza de trabajo (costo de producción). Por lo tanto, la caída de los salarios reales por efecto de la inflación reduce los costos de producción de los capitalistas. Dicho de otro modo, la inflación también beneficia a los capitalistas, por el abaratamiento de la fuerza de trabajo, y es un mecanismo eficaz para contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancia.
Distribución del ingreso
La distribución del ingreso, desde una perspectiva de clase (obreros y capitalistas) debe tener en cuenta el alto grado de fragmentación que existe entre los trabajadores, lo que se traduce en una alta desigualdad al interior de esta clase social.
Durante los años noventa, la tendencia es decreciente, empezando de un nivel alto; en 1993, con un 42.8%; luego comienza a descender, con una leve recuperación entre 1998 y 1999, cuando alcanza 39%. En esos años, el producto bruto interno sufrió una reducción en términos reales mientras que el empleo, en un principio, se incrementó y las remuneraciones se mantuvieron relativa-mente constantes (no será igual la situación una vez desencadenada la fase más profunda de la crisis); es por ello que la participación de la masa salarial resulta mayor.
De acuerdo con estimaciones de Mariana González y Ana Fernández, en el año 2001, la masa salarial representaba el 38,5% del valor agregado bruto y al año siguiente se había reducido al 31,4%. La contrapartida fue un incremento en las ganancias empresarias, que en muchos sectores alcanzaron niveles extraordinarios que se mantendrán en los años sucesivos.
A partir de 2004, la tendencia de la participación salarial en el valor agregado cambia radicalmente, se verifica un ascenso desde los mínimos valores vigentes en 2002-2003. La extraordinaria generación de puestos de trabajo y la recuperación relativa de los salarios promedio explican esta expansión, que se da en el marco de un fuerte crecimiento económico. Aun así, recién en el año 2006 la proporción que representa la masa salarial en el valor agregado volvió a ser casi la misma que en 2001.
En los años que siguieron a 2007 la participación de los asalariados tuvo nuevamente un leve descenso, que continua al pasar de 39.5% a 37.6% en 2011, muy lejos del fifty fifty (cincuenta y cincuenta) que proclama el relato oficial.
Por otro lado, la recuperación salarial y del empleo no fue homogénea para todos los trabajadores.
El incremento de la desigualdad de ingresos a lo largo de la década de 1990 fue mayormente explicado por una creciente diferenciación entre los ingresos de los asalariados registrados y no registrados, así como entre trabajadores con diferentes niveles educativos, todo ello con altas tasas de desocupación.
En el período K, los trabajadores en relación de dependencia registrados están en mercados de trabajo regulados por convenios colectivos, en cambio, los asalariados no registrados quedan fuera de esta regulación, por lo que tienden a percibir salarios más bajos. En 2001, los no registrados llegaron a representar el 42,5% de los asalariados, pero su peso se redujo a lo largo de la post convertibilidad, hasta llegar al 33,8% en 2011.
Otro grupo es el formado por los trabajadores no asalariados, un grupo heterogéneo en el que se encuentran tanto profesionales que trabajan por su cuenta, como empleadores y trabajadores informales. Esta heterogeneidad se refleja también en una importante dispersión de ingresos entre los mismos. Para los no asalariados, la evolución de la economía –y en particular de la demanda que enfrentan – suele tener un impacto mayor en sus ingresos que en el caso de los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia. Entre los trabajadores que no perciben un salario, algunos pueden considerarse autoempleados, en empleos refugio, ante la carencia de otras oportunidades de inserción en el mercado laboral.
Por fuera del mercado laboral
“En el año 1990, las clases dominantes a escala mundial impusieron el llamado Consenso de Washington que respondía a los planes del capital imperialista, con el cual definieron como ejes de la política para los países dependientes y semicoloniales la apertura de la economía, las privatizaciones de las empresas públicas, la desregulación de la economía y la reducción del gasto público en materia de asistencia social. La consecuencia fue la destrucción de gran parte de sus industrias y su secuela de desocupación y de gran aumento de la pobreza y la indigencia”.
“En el año 1998, al constatar que el aumento de la desocupación y la pobreza había creado una situación social explosiva en gran parte del mundo, esas mismas clases dominantes decidieron una “Revisión del Consenso de Washington”. En esta nueva versión de la política imperialista introdujeron dos cuestiones básicas para abordar el tema de la pobreza y la indigencia en las ciudades y el campo. Uno de los pilares de esta política fue impulsar que los Estados destinaran recursos para atender la pobreza y la indigencia a través de planes sociales, lo que en nuestro país se desplegó con más intensidad tras el Argentinazo de diciembre del 2001. Para ello también se decidió que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prestaran fondos para financiar estos subsidios a la desocupación y la pobreza urbana y rural. El capitalismo a escala mundial tiene en cuenta que la pobreza y la indigencia no podrán modificarse significativamente a partir de que la desocupación excede en mucho lo que Carlos Marx denominó “ejercito industrial de reserva” y se ha transformado en un enorme problema estructural a escala mundial, debido a que por el avance tecnológico no puede absorber el crecimiento poblacional que queda vacante y que ahora denominan “la población sobrante”, a menos que decidieran ceder parte de sus ganancias, lo que en estos momentos de crisis son impensables medidas como la que se ensayó en su momento en Francia con la reducción de la jornada laboral y que luego cambiaron”.
“Otro de los ejes de esta política fue darle más impulso a la llamada “Responsabilidad Social Empresarial”, a través de la cual tratan de comprometer cada vez más a que las empresas cuenten con políticas activas de vinculación “con la comunidad” en donde despliegan sus actividades. A partir del 31 de enero del año 1999, tras el Foro Económico de Davos, Suiza, la “Responsabilidad Social Empresarial” comenzó a denominarse “Pacto Global”. En realidad, un acuerdo entre Naciones Unidas y el capital imperialista a escala mundial. Dijo Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas: “lo que es utópico es la noción de que la pobreza puede ser superada sin la participación activa de las empresas”
B- El gasto 4
La recuperación de la demanda agregada y de la actividad económica, durante la gestión de Néstor K, se hizo mediante la recuperación del empleo y el salario y del incremento del gasto público. Al respecto, las partidas con mayores aumentos fueron:
a) transferencias directas para familias de bajos ingresos,
b) control a las tarifas de servicios públicos y transporte urbano de pasajeros, compensando a las empresas y concesionarios privados con subsidios,
c) transferencias a contratistas privados, vía fideicomisos que canalizaron fondos para obras públicas, y
d) facilidades impositivas para fomentar el consumo de bienes durables, en particular de automotores y electrodomésticos.
Hasta 2006, la política fiscal fue prudente, en el marco de una expansión del PBI, lo cual se tradujo en los llamados “superávit gemelos”.
El crecimiento más importante por el lado de los ingresos fiscales se dio entre 2002 y 2004. En ese período, el ahorro fiscal neto llegó al 4.3% del PBI.
A partir de ese momento, la tasa de crecimiento del gasto público ha superado a los ingresos fiscales.
Entre 2004-2011, los ingresos fiscales totales (corrientes y de capital) del sector público no financiero nacional aumentaron en un 294,8%, mientras el gasto público creció un 398,1%. En el caso del total consolidado de los gobiernos provinciales, los ingresos totales aumentaron un 392,4%, pero el gasto público provincial creció un 472,4%. En el caso del gobierno nacional el núcleo del gasto público es gasto corriente (básicamente, sueldos de la administración nacional y provinciales). Entre 2004 y 2011, las mayores tasas de crecimiento acumulado correspondieron a transferencias al sector privado (subsidios) (+737,2%), transferencias a universidades (+ 610,0%), y a gasto en personal (+543,1%). En esos siete años, el PBI nominal oficial, a precios corrientes, creció bastante menos: 311,5%.
A partir del 2007, el deterioro fiscal es permanente.
Esta brecha financiera se viene cubriendo con endeudamiento del Tesoro en el mercado local, y, en particular, en otras agencias del Estado, transferencias al Tesoro de la renta de las reservas internacionales del Banco Central y de las inversiones del fondo previsional de la ANSES, y adelantos del Banco Central (emisión monetaria).
Los resultados “positivos” mostrados por el gobierno, hasta 2011, resultan de la inclusión indebida de fuentes de financiamiento “bajo la línea” como ingresos corrientes, especialmente desde el año 2008.
Cabe destacar que, a lo largo de su gestión, el gobierno de los K ha contado con la aprobación de los presupuestos por parte del Congreso, lo que les ha permitido manejar el gasto de forma discrecional (reasignación de recursos, DNU, fondos no incluidos en el presupuesto, etc.), reduciendo gastos en inversiones de capital para aumentar los gastos corrientes, sin restricción alguna.5
Hechos relevantes 2008-2011:
En 2007, se amplió la base de jubilaciones a personas sin aportes, con el consecuente impacto en las cuentas del sistema de seguridad social. Inicialmente, los desembolsos se realizaron con excedentes del superávit fiscal obtenido respecto del presupuesto 2004/2006 pero, a partir del 2008, se observa un marcado déficit de las cuentas del sistema de la Seguridad Social (SS) consolidado por los reajustes de haberes previsionales y pagos por sentencias judiciales firmes contra el estado.
En noviembre de 2008, se estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones. Desde entonces la renta de la cartera de activos que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, se publica como ingreso corriente.
En noviembre de 2009, se creó la Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual no estaba prevista en la Ley de Presupuesto de 2010.
A principios de 2010, se creó un Fondo de Desendeudamiento que recibe la renta de las reservas del Banco Central y las transfiere al Tesoro para cancelar servicios de la deuda en dólares. Es otra fuente de financiamiento “bajo la línea”, pero al igual que las transferencias del FGS-ANSES, se publican incorrectamente como ingreso corriente.
Entre fin de 2007 y fin de 2011, se registró lo siguiente:
a. Los gastos corrientes aumentaron 205%, pero los ingresos corrientes un 91,2%
b. Los ingresos de capital cayeron un 79,3% pero los gastos de capital aumentaron un 168,8%,
c. Después de corregir los ingresos corrientes por conceptos que son fuentes de financiamiento, resulta que el superávit de caja del año 2007, de $ 62.517 millones (7,7% del PBI), cayó sistemáticamente hasta cerrar 2011 con un déficit de $ 50.517 millones (2,7% del PBI).
Entre 2007 y 2011, las mayores aceleraciones en el crecimiento anual promedio de los gastos corrientes se observaron en transferencias a los gobiernos provinciales, que hasta el año 2008 lograron equilibrio presupuestario y en algunos casos superávit fiscal, remuneraciones (personal permanente y contratado), y transferencias al sector privado (subsidios y pagos a contratistas).
Como se ha visto, el gasto ha estado orientado a la expansión de la demanda para consumo, a través de las medidas expuestas más arriba y se ha reducido el gasto orientado a la promoción de la inversión. Esta política obedece a los lineamientos políticos de la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y a fundamentos económicos que Alfredo Zaiat resume en su libro “Economía a Contramano”6.
C- Presión tributaria 7
La presión tributaria de orden nacional, en % del PBI, ha sido creciente desde 2007, al pasar el 25.13% al 29.9% en 2011.
Los tributos que más crecieron fueron: los aportes y contribuciones a la SS, 65.19%, seguido de los impuestos al comercio exterior, 10.26% y los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital, 9.93% (este ítem incluye el impuesto al trabajo). El que menos aumentó fue el impuesto sobre la propiedad, 4.93%.
Las administraciones provinciales, a su vez, también incrementaron la presión tributaria en cuatro años, de 4,2% a 5,02% del PBI: impuestos sobre la propiedad: de 0,97% a 1,05% del PBI (aumento del 8.24%) e Impuestos internos sobre bienes y servicios: de 2,97% a 3,80% (aumento del 27.94%).
La presión fiscal agregada de tributos nacionales y provinciales aumentó de 29,35% a 34,89% del PBI. Si se restan deducciones por reintegros a la exportación y otros, la presión tributaria nacional neta creció de 24,89% a 29,62% del PBI, y la recaudación neta de impuestos nacionales y provinciales pasó de 29,11% del PBI en 2007 a 34,63% del PBI en 2011.
En el 2008, se registró un saldo neutro, de 0.4%; a partir de ese año, el déficit es continuo con valores crecientes: -3.6% en 2009; -2.5% en 2010; -3.8% en 2011.
Las estimaciones para el 2012 se ubican en el -4.3%. Este incremento tiene origen, sobretodo, en la caída del nivel de actividad y la consecuente reducción de ingresos fiscales, y en la rigidez a la baja en salarios, en el gasto social, los servicios de la deuda, etc. En el rubro transferencias al sector privado (fundamentalmente subsidios para energía y transporte), en los primeros 10 meses ya se gastaron $ 68.510 M, lo que representa un crecimiento del 19,8%interanual.
Cabe destacar que la renta financiera está exenta del impuesto a las ganancias, mientras se grava el salario de los trabajadores. Por su parte, las contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social para la industria, comercio y servicios establece una alícuota del 21 %, en tanto que los Bancos y Entidades Financieras contribuyen con el 17 %.
Un actor clave, pero no presente en las estadísticas oficiales, es el Estado como uno de los beneficiarios del impuesto a la inflación, que constituye una de las fuentes de financiamiento que están sosteniendo el “modelo”.
En términos generales, la aparición del déficit del sector público coincide con el deterioro de los indicadores laborales (generación de empleo, informalidad, deterioro de los salarios reales, etc.) a pesar de que el nivel de actividad ha mantenido hasta 2011, su dinámica expansiva. Entonces, el gasto público se transforma en uno de los principales instrumentos de política económica del gobierno para alentar el consumo, vía mantenimiento de los subsidios a las tarifas (transferencias a grupos empresarios amigos), ampliación de los programas de asistencia social, incremento del empleo público, etc., mientras se reducen las partidas orientadas a promover, directa o indirectamente, la producción de bienes y servicios. Se podría decir, que las medidas que se vienen aplicando, desde la teoría económica, se asientan en la inversa de la ley de Say, “la demanda debería crear su propia oferta”, una fórmula claramente liberal, que preserva las ganancias extraordinarias de los grupos monopólicos concentrados, extranjeros y nacionales, a costa del aumento de la tasa de plusvalía de los trabajadores. Al mismo tiempo, no hay ninguna medida que estimule la oferta de bienes y servicios, por lo tanto, el déficit sostenido del sector público, originado en un gasto ineficiente y corrupto, es un factor de inflación, lo que puede verificarse empíricamente.
La estructura principal de la corrupción se constituye a través de la obra pública nacional cuyos objetivos están direccionados de manera tal que se aseguran el porcentaje de “retorno” para los funcionarios, que algunas fuentes estiman en un 15 % sobre el monto final, lo cual arroja sumas fabulosas dado el importante gasto ejecutado desde el año 2003 en adelante, tanto central como la direccionada hacia las provincias. Esta es la base del enorme enriquecimiento del grupo de los Kirchner. La otra base de la corrupción es la evasión fiscal, principalmente de las exportaciones de granos y oleaginosas, tal como lo demostró en plena Rebelión Agraria del 2008 un trabajo de Mario Cafiero.
En lo político, se apunta a sostener una base electoral conformada por sectores de bajos ingresos y los marginales (barras, villeros, población carcelaria, etc.), junto a sectores del “progresismo” vinculados a la “izquierda” del peronismo y a intelectuales del Partido Comunista y su “aparato” económico del tipo Banco Credicoop. Al mismo tiempo, que el aparato del estado se utiliza, en forma creciente e impune, para la apropiación de tierras fiscales, compra de empresas, control del negocio del juego, participación en el negocio financiero, petróleo, minería, pesca, pooles de siembra de soja y maíz, etc.
D- Financiamiento
Las fuentes de financiamientos del déficit utilizadas por el gobierno son: colocación de deuda interna, postergación de pagos y emisión monetaria. No se ha recurrido al financiamiento externo, por las razones conocidas y lo que hizo fue ir transformando deuda externa por una creciente deuda pública interna, a través de la apropiación de recursos públicos como las reservas del Banco Central, el ANSES y el PAMI.
En cuanto a las transferencias del Banco Central por todo concepto al Sector Público No Financiero aumentaron de $ 6.362 millones, en 2004, a $ 10.296 millones, en 2008, y a $ 30.463 millones en el año 2011.
En los dos últimos años las transferencias del FGS-ANSES y del BCRA suman más del 50% de las fuentes de fondos del Sector Público No Financiero.
El financiamiento vía endeudamiento público (bruto) aumentó fuertemente de $ 35.542 millones, en 2004, a $ 90.520 millones, en 2008, y finalmente a $175.206 millones, en 2011.
La acumulación de pagos en concepto de amortización de deuda pública en 2011 alcanzó a $ 169.481 M, mientras que en 2007 dicho concepto representaba menos de la mitad de ese monto: $ 78.314 millones.
Aumento de la Deuda Pública 8
En 2011, el aumento de la deuda pública ascendió a $14.600M.
En 2012, los vencimientos de capital previstos por Presupuesto, fueron de $40.100 M y la toma de nueva deuda de $51.800M, lo que arroja un incremento de $11.700M. Esto ocurre, como siempre, porque la totalidad de las cancelaciones se realiza con nueva deuda, en su mayoría Deuda Intra Estado, y también se toma deuda adicional.
Según el Presupuesto 2013, los vencimientos de Capital – Amortización de Deuda – ascenderán a unos $186.000 M ≡ (equivalente a) U$S 36.500 M y se prevé tomar nueva Deuda por U$S 48.600 M, con lo que el stock de Deuda Pública aumentaría así U$S 12.100 M.9 En 2013, se proyecta un pago de intereses de U$S 10.900 M(al tipo de cambio 5.10 $/US$).
De acuerdo a estas fuentes oficiales es, al menos, discutible el desendeudamiento de la Argentina.
Perfil de vencimientos
El cuadro de proyecciones trienales (foja 237 del Mensaje) prevé que los vencimientos de Capital de la Deuda Pública son10:
2013: U$S 36.300 M (al tipo de cambio 5.1 $)
2014: U$S 39.200 M (al tipo de cambio proyectado de 5.47 $)
2015: U$S 43.000 M(al tipo de cambio 5.82 $).
Para el 2012, se pagó U$S 10.200 M de intereses y en el 2011 se habrían pagado cerca de U$S 9.000 M.
Emisión monetaria
Desde el año 2007, el proceso inflacionario supera los dos dígitos de manera sostenida y autoalimentada, definida por Paul Samuelson como “galopante”, la emisión monetaria ha superado las mediciones privadas que estiman guarismos por encima del 20%.Por su parte, entre 2006 y 2012, el crecimiento anual promedio de la base monetaria fue del 24.6%.
La última estimación dada a conocer por el Congreso (IPC Congreso) para 2012, la ubica en 25,6% anual, mientras que la emisión monetaria aumentó el 38.6%.
Al respecto, cabe destacar que uno de los efectos del cepo cambiario es el de incrementar las tenencias de pesos en los bolsillos y en las cuentas bancarias, al reducirse las alternativas de ahorro e inversión y, a pesar, de que el peso pierde poder adquisitivo.
Esta situación le da al gobierno, por el momento, aire para seguir expandiendo la base monetaria sin que la inflación se desboque. Sin embargo, hay que tener en cuenta el grado de precariedad de esta apuesta oficial, ya que luego de 6 años de inflación, la emisión monetaria es una importante causa secundaria del proceso inflacionario que opera con creciente autonomía de la política económica y constituye un factor decisivo en su expansión.
OFERTA
La oferta de bienes y servicios en la Argentina refleja su condición de país dependiente, con un creciente grado de extranjerización, concentración y centra-lización del capital, oligopolios que ejercen su poder en la fijación de precios, tanto a nivel de rama como para el conjunto de la economía.
A- Concentración 11 – 12
Los autores utilizan un indicador de concentración económica global construido sobre la base de medir el peso relativo de las ventas de las 200 empresas más grandes del país, (según su facturación anual) en el valor bruto de producción total (VBP)- INDEC.
De allí surge que el índice de concen-tración económica global durante la convertibilidad fue, en promedio, 20.4% (1993-2001), mientras que entre 20013-2009, la gravitación media pasó a 28%.
En la industria, que fue la llamada a “protagonizar el crecimiento” y encarnar “el modelo”, se observa un comportamiento similar. Tomando un panel de 100 industrias manufactureras de mayor tamaño, el índice pasó de 33.1% a 40.9%. En ambos casos, se verifica que en los dos conjuntos se da una expansión casi sistemática entre 1993-2001; un incremento sumamente pronunciado en 200213, y una retracción del indicador respecto de ese pico, pero afianzándose en un estadio muy superior al de la convertibilidad.
Si consideramos la dinámica exportadora, el total de empresas estudiadas trepó un 9.8% en la participación media de las exportaciones totales. El segmento industrial superó esa marca con el 10.8%, del total industrial. Este aumento de la concentración de las exportaciones totales y la de las manu-factureras, en particular, adquiere un rol decisivo, tanto en la producción agregada (orientada al mercado interno) como en su aporte al superávit comercial. En su mayoría, son empresas controladas por el capital extranjero y por unos pocos grupos económicos nacionales con inserción en los sectores prooductivos más favorecidos en la etapa K: (Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera, Vicentín, Teopfer, ADM Arg. Oleaginosa Moreno, Noble y Arcor), en la producción de aluminio y derivados del hierro y el acero (Aluar, Siderca y Siderar), la armaduría automotriz (Toyota, Ford, Volkswagen, Peugeot-Citroen, General Motors, Fiat Auto y Renault), la minería (Minera Alumbrera y Minera Arg Gold), la actividad petrolera (YPF, Pan American Energy, Petrobras Arg, Refinor, Shell, Sipetrol, Vintage Oil y Esso) y la elaboración de productos químicos (Cia Mega, Dow Arg.)
Cabe destacar que se trata de un limitado grupo de empresas que, además de detentar porciones crecientes del ingreso nacional, tienen un rol protagónico en la generación de divisas, sobre todo, teniendo en cuenta que, hasta 2008, mostraron importantes superávits comerciales, más consolidados que el resto de los segmentos. Este es un dato clave para el “modelo”, no sólo en cuanto a que “administran” las divisas, sino que los salarios no son un factor “dinamizador de la demanda” como promueve el gobierno, sino un costo de producción que debe reducirse (necesitan tercerizados, empleo en negro, etc.) y, en ese sentido, la inflación contribuye a ello, al deteriorar el precio de la fuerza de trabajo.
Algo similar ocurre con las empresas que manejan la producción agraria, segmento cada vez más concentrado en la producción de soja para el mercado externo.
Este crecimiento de la producción de soja va profundizando la enorme concentración de la riqueza y apropiación de la renta agraria en muy pocas manos. En la campaña del año 2010 el volumen producido por los ocho principales pooles de siembra del país fue de aproximadamente 4 millones de toneladas de soja, con una facturación que superó los mil millones de dólares. El ranking por volumen de producción fue el siguiente: El Tejar (Oscar Alvarado), Cresud (Irsa-Elzstain), Adecoagro (George Soros), Los Grobo (Grobocopatel), MSU (Manuel Santos de Uribellarea), Alfredo Olmedo (Olmedo-Salta), La Redención (Rodrigué-Fogante) y Calyx. Concentración y ganancias extraordinarias sigue caminando a la par con la desaparición de los pequeños y medianos productores.
B- Extranjerización
Si bien la dependencia de nuestro país, tanto desde el punto de vista económico como financiero, y la radicación de empresas en nuestro territorio es un fenómeno que está en nuestra conformación como nación. Pero, a partir de los 90, la afluencia de empresas extranjeras y su posterior consolidación durante la era K, nos permite afirmar que se trata de una etapa superior en el proceso de extranjerización de la estructura económica argentina.
Cuando hablamos de extranjerización o de recepción de capitales extranjeros (IED), lo hacemos atendiendo a su condición dual (CIAFARDINI), de exportación de ciertas relaciones de producción basadas en el trabajo asalariado, relaciones sociales de producción, en tanto proyección internacional de los negocios monopólicos de las empresas predominantes en las naciones o centros imperialistas de nuestra época, diferente de la versión más difundida, de remisión de fondos que se asientan en la contabilidad pública. Lo primero es una relación social; lo segundo es una transferencia financiera para llevar adelante un negocio.
Pero también las importaciones de bienes de un país dependiente como el nuestro, en una importante porción, son el correlato material que adopta el ingreso de capitales extranjeros, y sus exportaciones de bienes que, en forma creciente y no absoluta, toman el carácter material de la salida de aquellos capitales.
Es decir, cuando analizamos los movimientos de capitales, característicos de esta época, debemos considerar que la compra-venta de mercancías pasa a ser la forma material que adopta este tipo de movimiento y, que son al mismo tiempo, correlato de los movimientos financieros internacionales.
Dado el grado de internacionalización de las empresas, que exportan e importan desde y hacia sus casas matrices, no hacen otra cosa que remitir la plusvalía obtenida, bajo la forma de mercancía o bajo la forma capital (ganancias).
Veamos cómo ha sido el proceso de penetración extranjera a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), según la investigación de Aspiazu, Manzanelli y Schorr14. “El comportamiento de la IED en las últimas décadas (1993-2009) denota el creciente peso de las radicaciones foráneas en el país y su estrecha vinculación con las características del ciclo económico local y, por otro lado, muestra dos etapas diferenciadas: una, en la que la IED asumió un ritmo e intensidad significativas (convertibilidad), y otra en la que los capitales extranjeros terminaron por consolidarse como actores centrales del proceso de acumulación local (post-convertibilidad)”. En la convertibilidad, la inversión extranjera directa sobre el PBI representó el 2.9%; mientras que en 2003-2009 bajó a 2.4%. A su vez, si se la compara con la inversión bruta del país, la IED pasó del 15.5% al 10.9%, respectivamente. Hay que tener en cuenta que, a precios constantes, el PBI aumentó 11.6% contra 51%, en 2003-2009; en el primer período, la inversión bruta interna fija se retrajo el 7.4%, y en el segundo creció el 116.9%.
“Sólo 13 actividades dieron cuenta del 90% del incremento de la inversión extranjera, entre 2004-2009, con una participación destacada de ramas asentadas en el procesamiento de recursos básicos y la armaduría automotriz, la principales “ganadoras” de los cambios en los precios y rentabilidades relativas de la economía, resultado de la “salida devaluatoria”.
Como muestra el trabajo, la presencia extranjera está expandida en todo el tejido económico, pero es más acentuada en las actividades que se benefician del ciclo de dólar alto y de un escenario internacional expansivo. En 2009, ocho actividades explicaban el 60% del stock de IED acumulado en el país. Petróleo (22.3%); química (9.6%); automotriz (6.2%); metales básicos (5.6%), minería (4.9%), oleaginosas y aceites (3.1%) y agricultura y ganadería (2.5%).
Si se analiza el peso de las empresas extranjeras en el panel de las 200 grandes empresas, ventas y exportaciones, se ve que las extranjeras pasaron de 50 a 92, entre 1993 y 2001 y a 117, en 2009.
El rol que ocupan en el patrón de acumulación se observa a partir de la porción que ostentan en el VBP (ventas en el plano local). En 1993, representaron el 3.7% del VBP; en 2001, 12.5%; en 2002, 19.3%; 14.4%, 2009. Tomando los promedios, en la convertibilidad, la participación fue del 8.3%, mientras entre 2003-2009, fue del 16.6%.
Con respecto a las exportaciones, durante la convertibilidad, explicaban un quinto del total; mientras entre 2003-2009 treparon al 40/50% (70 empresas exportan el 48.9%), lo cual da cuenta del rol que detentan en el devenir económico, político y social del país.
C- La restricción energética
La recuperación económica que se inició en la Argentina en el 2002 encontró su primer restricción en la crisis del gas del año 2004, el primer tirón del collar de ahorque que representa la estructura productiva atrasada y dependiente de nuestro país.
La matriz energética de nuestro país, que incluye la energía eléctrica y los combustibles que se usan tanto en los procesos productivos como el consumo final de los hogares y el gobierno, tiene una fuerte prevalencia de hidrocarburos siendo para el año 2010 el 85,7% de la misma (51,3% gas, 34,4% petróleo)15.
Las reservas de petróleo cayeron en el período 2001/2011 un 14%; y el horizonte de producción de redujo de 15 años en 1986 a un promedio de 10 años en las 2 últimas décadas. En el caso del gas, se produjo una disminución de las reservas del 56% en los últimos 10 años, reduciéndose 35 a 7, 3 años de vida útil en el período 1985/2011.
La producción de petróleo tuvo su valor máximo en el año 1998, y arrastra a la fecha una declinación del 36,2%, en tanto que la de gas alcanzó su pico en el 2004 y hoy se encuentra un 15% por debajo de la misma.
Estas disminuciones tienen por origen la política que en la materia han llevado a cabo los sucesivos gobiernos, destruyendo YPF como herramienta de desarrollo nacional y rematando la acumulación hecha por la misma en beneficio de distintas empresas imperialistas, que han saqueado nuestros recursos sin realizar inversiones de riesgo para recuperarlos. Aún hoy YPF, con el 51% de sus acciones en manos del Estado, es propietaria sólo del 35,6% del petróleo y del 23,4% del gas producido, estando el grueso bajo el control de grandes empresas que responden a capitales extranjeros: Pan American (chinos – ingleses), Chevron (norteamericanos), Total Austral (franceses), Apache (norteamericanos), con una creciente penetración del imperialismo chino.
La exportaciones de petróleo se redujeron en un 82% de 1997 a 2012, y pasaron de ser el destino del 41,4 de nuestra producción al 11,1, y de las de gas son el 0,15%. En el 2012 se procesó en las refinerías del país según los datos de la Secretaría de Energía, 97,4 % del crudo extraído, pero ello representó una caída del 11,4% con relación a la producción del 2007, y se está produciendo con el 85% de la capacidad instalada16.
En el año 2007 se vendieron en el país 567.850 vehículos automotores y en el 2011 858.010, 51% más17, pero se produjo sólo un 22,4 % más de nafta y un 7,3% menos de gasoil.
Hemos pasado a importar combustibles, dada la incapacidad de nuestras refinerías de abastecer la demanda interna, y sin posibilidades de reversión en el corto plazo dada la falta de crudo para procesar. Las importaciones de gasoil crecieron un 59% en el período 2007/2012, alcanzando hoy un volumen equivalente al 11 % de la producción nacional.
El precio del combustible ha crecido durante el período 2007/2012; tomado como referencia el gasoil vendido en la ciudad de Buenos Aires, acumula un 307% de incremento; durante al año 2012 fue de un 25% en promedio. Estos aumentos han sido liderados por YPF, que concentra el 57% del mercado, y luego fueron seguidos por las otras 3 empresas.
Frente a la escasez de gas, se han tomado distintas medidas: para la generación eléctrica, se impuso desde el organismo regulador el traspaso a otros combustibles (el gas natural consumido en la generación creció un 61%, pero pasó a comportar del 88 al 72% del combustible total consumido)18, para los grandes usuarios el traspaso del mercado regulado al mercado libre (que de ser el 41% del gas entregado en el 2004 pasó a representar el 61% en el 2011), y para los usuarios residenciales los programas de reducción de consumo (PURE).
Desde el año 2008, todos los inviernos, frente al pico de demanda de consumo residencial de gas, se restringe la provisión de las grandes plantas industriales. En primer lugar las petroquímicas, que lo utilizan como insumo (Polo Petroquímico de Bahía Blanca, San Lorenzo, etc.) y luego aquellas que utilizan grandes cantidades de gas como combustible (cerámicas, automotrices, de la alimentación, azucareras, etc.) En el 2012 fueron 300 las empresas afectadas, y la restricción alcanzó al 30% de la demanda en los días más fríos.
El precio promedio del gas natural liquidado a productoras como resultado de estas medidas aumentó en el período 2004/Junio 2012 un 141%.
Asimismo se procedió a la importación de Gas natural desde Bolivia vía gasoducto y de Gas Natural Licuado en buques metaneros, en el 2012 se importaron en total 16,3 millones de m3, equivalente al 36,9% de la producción local del hidrocarburo, con un precio 3 veces mayor.
A partir del año 2007 se generó un cuello de botella en la provisión de energía eléctrica, dado que la oferta igualó a la demanda y las restricciones con el gas dificultaron la instalación de las centrales térmicas que era la solución de corto plazo. El gobierno recurrió a la compra de combustible en el exterior para construir nuevas usinas, de mayor costo, diferencia que cubre el gobierno nacional a través de subsidios a las empresas.
Los aportes del presupuesto nacional originados por esas medidas crecieron un 534% en el período 2007/2011, y pasaron de ocupar el 7% del gasto total de la administración pública nacional al 14% del mismo19. Parte de estas cuestiones estuvieron detrás de la intervención del gobierno nacional en YPF, pero como muestran las cifras, las situación no se ha modificado.
De este modo, la restricción energética ha operado en el proceso inflacionario restringiendo la oferta de bienes (ya que opera como cepo del resto de la producción) y a través del incremento de precios, el cual en algunos casos es pagado directamente por los sectores productivos o los usuarios finales, como el precio del combustible, y en otros casos indirectamente a través de los subsidios del gobierno a la compra de gas y combustible en el exterior.
D- Fijación de precios
La fuerte y progresiva presencia imperialista en la Argentina en sectores claves en la generación de riqueza, da cuenta de una dinámica de creciente concentración del capital y de manejo oligopólico en la fijación de precios para toda la economía, con características que están asociadas al tipo de dependencia que sufre el país.
En esta nueva fase de acumulación, con moneda devaluada, precios internacionales altos y demanda de productos de exportación, las ramas que se ubicaron por encima de la media de la industria, según Schorr, Manzanelli y Basualdo, son aquéllas en las que prevalecen mercados con acentuadas economías de escala, intensivas en capital y mercados protegidos que refuerzan la estructura de oferta altamente concentrada, propia del perfil productivo de nuestro país.
Los autores identifican en este segmento a la industria siderúrgica, aluminio primario, celulósico- papelero, elaboradora de vidrio plano y de envases de vidrio, refinación de petróleo, automotriz, producción de neumáticos, petroquímica y fabricación de fibra óptica, hilos y cables aislados.
Este segmento, que por su lugar en la cadena de producción en tanto proveedores de insumos intermedios, son formadores de precios y, a través de este mecanismos, se apropian de parte de la utilidad del resto de la cadena: Pymes, minoristas, etc.
Del mismo modo, se producen transferencias de ingresos entre el sector mayorista y el minorista. Así puede verse que la evolución de los precios mayoristas, de sectores en los que conviven oligopolios con otros de escaso nivel de concentración, entre 2001 y 2010, elevaron sus precios en los siguientes porcentajes:
Producción azucarera: 391%; aceitera: 390.8%; chocolate y golosinas: 333.1%; cervecera: 329.9%; alcohol etílico y bebidas alcohólicas destiladas: 287%; producción de lácteos: 284.4%
Este nivel de precios, determinado por el segmento mayorista, se traslada a algunos segmentos de la franja minorista, que no aumenta en la misma proporción.
Pues también en la venta minorista, de productos de consumo masivo, actúan las grandes cadenas de hipermercados, en su mayoría de capital extranjero que, habiendo desembarcado en los noventa, ejercen un control oligopsónico en ese mercado, es decir, imponen precios a partir de su poder como compradores. Tanto las cadenas de grandes supermercadistas como las de autoservicios chinos, han terminado de desplazar al pequeño comercio de proximidad.
El primer segmento, el de hipermercados, juega un rol decisivo en la determinación de los precios de los productos de la canasta familiar, no sólo porque controlan la comercialización y gran parte de la distribución, sino porque han incorporado la fase de industrialización, tanto de productos industriales como agroindustriales, potenciando la integración vertical.
Asimismo, la intermediación comercial y de transporte tiene un fuerte impacto en la determinación de los precios de los productos que integran la canasta familiar, y por lo tanto, en el precio de la fuerza de trabajo. Es posible observar que se agudiza la contradicción entre el sector monopólico de producción de alimentos, 28 empresas que suministran el 85 % de los bienes que se encuentran en las góndolas de los supermercados, y el capital del comercio que busca el mayor beneficio comercial posible.
Otro aspecto que es imprescindible considerar es el estado, a pesar de que los servicios públicos estén privatizados, quien tiene manejo de las tarifas, a través de la política de subsidios, con el consecuente impacto en el gasto, y la presencia directa de funcionarios públicos en sus directorios. De ese modo, el gobierno fija precios para el gas, la luz, las telecomunicaciones, los servicios de información, etc.
El sector financiero administra la tasa de interés para el conjunto de la economía, en niveles tales que permiten mantener las altas de rentabilidad que le viene garantizando el “modelo”. Así, las empresas que no pueden acceder al financiamiento de las casas matrices o del exterior, en particular, las Pymes, deben absorber altos costos financieros.
El suplemento “Finanzas” del diario El Cronista Comercial, edición nº 31.582, consigna los datos de la rentabilidad del sistema financiero hasta el año 2011:
En millones de pesos
2005 1.780
2006 4.306
2007 3.905
2008 4.757
2009 7.920
2010 11.761
2011 14.720
E- Tasa de ganancia
En un país inestable y pendular como la Argentina, con un mercado chico, etc., la inversión extranjera sólo ingresa mediante privilegios extraordinarios y ligazones tales que el estado está comprometido a conceder privilegios cuando ingresan y, en forma creciente, para su permanencia.
En la primera etapa de la post convertibilidad, las elevadas tasas de ganancia estuvieron dadas por salarios reales muy por debajo de los niveles históricos, en el marco del mantenimiento del tipo de cambio real alto en un contexto internacional favorable. Pero, a partir de 2007, habría evidencias de que el ritmo de expansión encuentra un freno, asociado a la plena utilización de la capacidad instalada alcanzada por las grandes empresas que, claramente, optaron por no aumentar sus inversiones.
Como un indicador proxy, tomamos los resultados de un estudio realizado por Pablo Manzanelli, en “La tasa de ganancia durante la post convertibilidad”.
La definición adoptada por Manzanelli difiere de la elaborada por Marx20. El primero es más bien un indicador de la distribución del ingreso o renta, entre los capitalistas (de la muestra de grandes empresas) y los trabajadores, pero nos brinda una tendencia del proceso de apropiación de renta por parte del capital, a lo largo de las dos últimas décadas.
El autor concluye que “el hallazgo más relevante de esta investigación es la comprobación de que la tasa de ganancia sobre el stock de capital alcanzó niveles extraordinariamente elevados durante la post convertibilidad, que se han mantenido durante el período 2002-2010 en guarismos significativamente más elevados al mejor registro de la convertibilidad. Tal es así, que el índice de rentabilidad del capital fijo fue de 37,2% en el período 2003-2010, un 50,0% mayor que durante el decenio de 1990 (24,8%).
Durante la etapa K, la porción de renta apropiada por los capitalistas no mostró grandes oscilaciones luego del salto de nivel comentado. De hecho, en 2010, dicha tasa era apenas un 3,4% más baja que el extraordinario nivel registrado en 2002, así como un 28,2% mayor que la de 1993 y un 21,3% superior al registro máximo de la convertibilidad (1998).
Lo atribuye a: “a) la abrupta caída del costo laboral tras la maxidevaluación en 2002 y la consiguiente alza en la participación de los beneficios en el producto neto en niveles extraordinarios; b) los rendimientos de la productividad del trabajo que compensaron, en una medida no desdeñable, la recuperación posterior del -aún atrasado en términos históricos- costo salarial, posibilitando que la participación de los beneficios en el producto neto se mantenga en niveles muy superiores a los de la década de 1990; c) el ascenso de la relación entre el producto neto y el stock de capital fijo que impulsó, hasta 2007, la elevación del índice de rentabilidad sobre el capital fijo, es decir, que esta variable ejerció influencias considerables durante el período 2003-2007, en el que se podía responder a la reactivación de la demanda con capacidades instaladas ociosas; etc. Luego, comienza un sendero decreciente”
El año 2007 fue el año de inflexión. Pueden identificarse varios factores que explicarían este freno: en ese año, se alcanzó la plena utilización de las capacidades instaladas y luego se evidencia una franca desaceleración y estancamiento relativo; el costo salarial se mantenía en niveles bajos (25,0% inferior al de 2001 y 34,1% más bajo que el de 1993; incluso, en 2010, eran más bajos que los registros de la década de 1990), eran los más altos de la etapa K; los capitalistas no estaban dispuestos a encarar nuevas inversiones; y por último, teniendo en cuenta que los monopolios imperialistas no están dispuestos a resignar los extraordinarios niveles de sus beneficios, el costo de la mano de obra pasa a ser la variable de ajuste.
EL SECTOR EXTERNO
A continuación, se transcribe la visión del equipo del Instituto CENDA, integrado por Kicillof y Cecilia Nahón, embajadora argentina en EEUU, entre otros.
El sector externo Argentino
1993-2008
“Durante la etapa de la convertibilidad el saldo fue deficitario, con picos que coinciden con los años de mayor nivel de actividad (1994 y 1998). Desde el comienzo de la recesión a fines de 1998, el déficit se reduce como consecuencia de mejoras en el saldo comercial y menores giros de utilidades y dividendos. El resultado negativo por intereses pagados se profundiza año a año durante esa etapa.
Luego del estallido de la convertibilidad y la abrupta devaluación, en 2002 y 2003 el saldo en cuenta corriente cambió de signo y el superávit fue muy elevado. Con la estabilización de la economía, hacia 2004, el saldo positivo se situó de manera sistemática en torno al 2,5%del PBI. El cambio de signo en el resultado en cuenta corriente se debe tanto a la reversión del saldo de la cuenta mercancías como a la reducción del peso de los intereses de la deuda. En menor medida aporta a esta reversión la reducción del saldo deficitario de la cuenta de servicios reales. En cambio, operó en sentido contrario el mayor saldo negativo en la cuenta Utilidades y Dividendos.”
El saldo comercial o resultado de la cuenta mercancías se revierte a partir de 2003, luego del efecto J (jota) generado por la maxidevaluación (inmediata y abrupta caída de las exportaciones a pesar del aumento del tipo de cambio, y posterior rebote con niveles muy superiores a los precedentes), al que se suma el boom de las commodities, tanto en cantidades como en precio. Tomando como referencia el período 1991-2001, cuando el promedio anual fue de U$S 20.645 millones, para el 2006, ya se exportaba por U$S 46.546 millones, más del doble del promedio de la década del noventa. En este 2008, las exportaciones trepan a U$S 70.043 millones; en 2009, a U$S 55.672 millones; en 2010, a U$S 68.187 millones; en 2011, a U$S 83.950 millones; en 2012, a U$S 81.205 millones.
Por su parte, las importaciones que, en 2001 eran de U$S 20.319 millones, cayeron a U$S 6.989 millones en 2002. A partir de ese año, tuvieron un desempeño expansivo, acompañando el crecimiento de la actividad económica, hasta alcanzar un récord de U$S 57.462, en 2008. El incremento de las importaciones, típicas del proceso de crecimiento de un país dependiente de tecnología, insumos y bienes de capital provenientes del exterior, se tradujo en saldos comerciales cada vez más ajustados. Con excepción del 2009, por efecto de la crisis internacional, el saldo se ubicó en U$S 16.886 millones; a partir de ese momento, cae a U$S 10.013 millones. En 2012, las medidas implementadas por Moreno contienen la baja y el 2012 cierra con un saldo comercial de U$S 12.690 millones.
CENDA plantea que el otro factor que explica la reversión del resultado de la cuenta corriente es la reducción del peso de los intereses de la deuda. Esta reducción sólo tiene un efecto financiero, ya que la reestructuración realizada por Kirchner – Lavagna no implicó quita efectiva, sino postergación de pagos y compensaciones con el cupón PBI y otros.
Por último, las “buenas noticias” son contrarrestadas por el aumento de las remisiones de Utilidades y Dividendos, que se suma a las crecientes fugas de capitales. Según estimaciones cuasi oficiales, el monto remitido al exterior, entre 2007 y 2011, es de aproximadamente 80.000 millones de dólares.21
¿Vuelve la “restricción externa”?
En 2011, se comienzan a implementar una serie de regulaciones cambiarias, que fueron in crescendo, justificadas por el propio Kicillof y los técnicos del Ministerio de Economía, como la ratificación de la existencia de la denominada “restricción externa para el desarrollo y la industrialización del país”. Aunque no lo reconozcan en sus publicaciones, registran que el sector externo empieza a mostrar las debilidades del “modelo”.
Vale señalar que el contexto actual de los términos de intercambio no tiene ningún parecido al vigente al momento de elaborarse la “teoría del deterioro de los términos del intercambio” ni la de la “restricción externa” para el crecimiento, toda vez que los precios de las commodities de exportación siguen en máximos históricos y se registra una abundancia de dólares en la economía mundial a tasas bajísimas.
Una de las medidas adoptadas de mayor resonancia, fue el “cepo” cambiario de la AFIP, que explica en parte, la caída de las importaciones y la recuperación del saldo comercial, pero que ha frenado la actividad económica y no está sirviendo para amortiguar el impacto negativo de la desaceleración de Brasil y el impacto de la sequía. El resultado ha sido la destrucción de puestos de trabajo, el aumento de la conflictividad entre trabajo y capital y el desaliento a la inversión productiva.
En 2012, operaron los compromisos de la deuda, con vencimientos significativos durante el año pasado y, en menor cuantía, en 2013 y, fundamentalmente, se reactivó la remisión y fuga de capitales al exterior, señal de desconfianza de los grupos multinacionales frente a las políticas internas.
CONCLUSIONES
La crisis que terminó con la convertibilidad generó condiciones, desde lo económico, para la expansión y consolidación de la presencia extranjera y del capital monopolista que caracterizó la década de los noventa.
Dólar alto, salarios reales bajos, contexto internacional favorable para la colocación de nuestra oferta, son algunos de los factores que explican que la estructura productiva de nuestro país muestre un grado de dependencia imperialista, que nos permita hablar de una nueva fase, en ese sentido. Una fase en la cual los capitalistas obtienen tasas de ganancias extraordinarias, sin arriesgar mucho capital adicional, ya que cuentan con suficiente capacidad de producción ociosa como para sostener la recuperación y posterior crecimiento económico, y con mano de obra a bajo precio.
En lo político, el fin de la convertibilidad se manifiesta en una gran inestabilidad política que se sucede durante 2001/2003, movilizaciones populares a lo largo y ancho del país y, finalmente, el ascenso de N. Kirchner al gobierno con tan sólo el 22% de los votos.
Si bien la recuperación del ciclo económico tiene su correlato en el empleo y los ingresos de los trabajadores y amplias capas de la sociedad, en la primera etapa (2003-2006), el kirchnerismo aplica políticas de aliento a la mejora de los ingresos, tanto a nivel de los trabajadores como de los desocupados, a través del gasto social.
En estos primeros años, el objetivo según lo graficó Néstor Kirchner era “salir del infierno” y se apuntó a calmar el malestar social, sentando las bases para crear y luego mantener su propia base electoral. En desocupados se mantuvo, mientras fue necesario, el nivel de subsidios a la desocupación y para los asalariados se mejoró la distribución del ingreso.
Desde lo económico, se privilegia la expansión del consumo, mediante el aliento de la demanda, sin modificar ni intervenir para amortiguar la rigidez de la oferta de bienes, en manos del gran capital extranjero y nacional. A la par de la política de “alimentos baratos” (la canasta de Moreno) se desple-garon diversas medidas de regulación tarifaria y de subsidios a determinados sectores (energía eléctrica y gas, entre otros). Ambos elementos, en última instancia, constituyeron ventajas para la industria, ya que permitieron mantener salarios bajos en términos nominales junto con costos de insumos clave en niveles reducidos.
Como se dijo, el capital incrementa las ganancias extraordinarias por salarios reales muy por debajo de los niveles históricos, en mercados con escasa competencia y con recuperación de la demanda, y en mercados externos, con incremento de los precios internacionales, en el marco del mante-nimiento del tipo de cambio real alto. Ventaja para los exportadores y para los sectores orientados al mercado interno, por la protección de facto que impone el dólar alto.
A partir de 2006, cuando el modelo se desacelera y empieza a mostrar sus puntos débiles -se empieza a registrar destrucción de empleo, sobre todo registrado, con la contrapartida del aumento del ritmo de expansión del gasto público-, aparecen los primeros signos del proceso inflacionario, que tiene como respuesta oficial “el homicidio del mensajero”, es decir, la intervención del INDEC.
También las ganancias empresarias tocan un máximo en 2007, sin lograr recuperar los máximos niveles registrados hasta entonces.
La pérdida relativa de estas ventajas disparó la puja distributiva entre las clases sociales, en donde el bloque hegemónico económico mantiene lo principal de los beneficios del sistema.
Desde el gobierno, el no explicitado cambio de rumbo económico a partir de 2007, reconoce como causa principal la necesidad política de utilizar el gasto público para sostener el consumo y así preservar la base electoral que le ha permitido al gobierno mantenerse en el poder.
Al tiempo que lo utiliza para beneficio de la corrupción creciente del aparato estatal.
Por otro lado, si bien se incrementa la presión tributaria a niveles sin precedentes, el déficil fiscal que aparece a partir de 2008, lo que hace necesario recurrir a otras fuentes de financiación no genuinas, como la emisión monetaria, además del impuesto inflacionario.
Otro de los flancos que aparece en escena es el debilitamiento de las cuentas externas, agudizado por la aceleración de la remisión/fuga de ganancias.
Cabe destacar que el bloque dominante, durante la fase del dólar alto, generó una precaria alianza exportadora, agrario-industrial, que agrega inestabilidad a la situación política.
A partir del 2008, luego de la crisis con el campo, se resquebraja esta alianza del agro y la industria exportadora. Los reacomodamientos de estos sectores y sus fracciones explican, en gran medida, la inestabilidad política que se genera a partir de ese momento. Se inicia la discusión de cómo se sale del “modelo” y no hay acuerdo: ¿“profundización” o “salida ordenada”?
El estímulo del consumo vía demanda no es acompañada por el incremento de la oferta de bienes y servicios.
La estructura productiva argentina está altamente concentrada y extranjerizada y estos sectores, predominantemente terratenientes, gran burguesía agraria y monopolios de capital imperialista de diferentes orígenes, son los que, en el análisis y el discurso económico-político, el kirchnerismo denomina “burguesía nacional”
El capital extranjero y concentrado se ubica en sectores claves de la estructura productiva y en los eslabones formadores de precio, en tanto proveedores materias primas del agro y la industria, de insumos intermedios, así como en la cadena de comercialización.
Son grandes exportadores, con superávit comercial, con lo cual tienen control sobre la cantidad de divisas que requiere la economía, control que hasta mediados del siglo XX era exclusivo del sector agrario.
Las divisas obtenidas a través de las exportaciones y las ganancias remitidas al exterior son utilizadas para el pago de las importaciones, por lo que los movimientos de capital, bajo la forma dinero y la forma mercancía, son la manifestación material del valor extraído en el proceso de producción local, bajo las relaciones sociales que impone los imperialismos. Esta es una de las razones por la cuales, en un contexto de crecimiento con inserción exportadora, el sector externo no es una fuente de financiamiento sostenido del incremento del nivel de actividad y constituye una de las causas principales de las recurrentes crisis de balanza de pagos y de los procesos inflacionarios.
Como se ha visto, la oferta de bienes para el mercado interno no responde a los ciclos económicos de nuestra economía, ni ajustan su producción en función de la demanda interna como pregona el gobierno, sino que responde a la demanda del gran capital internacional, que aprovecha los ciclos y el tipo de cambio, para extraer plusvalía y remitirla al exterior, sea bajo la forma de utilidades y fuga (los ´90) o bajo la forma mercancía (exportaciones), más utilidades, en la situación actual.
Otro de los factores que agregan rigidez a la oferta es la restricción de la oferta energética que ha sido provocada por la carencia de previsiones e inversiones en consonancia con el crecimiento económico descripto y el aumento poblacional, lo que ha llevado a revertir la condición de país exportador de combustibles a importador neto.
La oferta de bienes es inelástica a los incrementos de la demanda interna, por lo tanto, una de las principales causas de la inflación.
La restricción externa o desequilibrios de la balanza de pagos, no es más que una manifestación, en la órbita de la circulación, de los movimientos de capitales característicos de esta época. Como vimos más arriba, estos movimientos de capitales provienen de la compra-venta de mercancías, en su forma material, con su correlato en los movimientos financieros internacionales.
Estos intercambios y movimientos se producen entre empresas multinacionales, que exportan e importan desde y hacia sus casas matrices y no hacen otra cosa que remitir la plusvalía obtenida, bajo la forma de mercancía o bajo la forma de capital (ganancias; remisión y fuga). Por lo tanto, la “restricción externa” que obstruye y condiciona la posibilidad de financiar la actividad productiva de nuestro país, es la manifestación de este fenómeno que está en la estructura económica, dependiente de los imperialismos y es una de las principales causas de los procesos inflacionarios de nuestro país.
En la actual fase de acumulación del capitalismo local, queda claro que los grandes beneficiarios de la inflación son el Estado, que financia con impuesto inflacionario la política y el saqueo por parte de los que administran el aparato estatal, el gran capital que contrarresta la caída relativa de sus ganancias por la reducción del poder adquisitivo de los salarios que reduce sus costos de producción, los terratenientes y grandes capitalistas del agro que logran renta extraordinaria y el capital financiero.
