Las elecciones concluyeron instalando una Cámara de Diputados donde la Alianza tiene mayoría. Pero el PJ controla la mayoría del Senado. Además el peronismo (sus diferentes corrientes) maneja la Corte Suprema de Justicia y controla el Banco Central. El PJ ganó las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, fundamentales para gobernar el país y, como vimos, gobiernos peronistas controlan otras provincias. A la vez la Alianza controla la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y varios municipios importantes de esta provincia (Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, Quilmes, Bahía Blanca, Mar del Plata, entre otros). Patti y Rico ganaron por amplio margen en Escobar, Pilar y San Miguel, lo que tendrá consecuencias políticas importantes en el futuro por sus conocidas posiciones de derecha.
El gabinete de De la Rúa es un mosaico de tendencias que al tiempo que atiende a la compleja lucha de corrientes internas de la UCR y el Frepaso, garantizó la conducción real del gobierno al núcleo que hegemoniza la Alianza. Allí cohabitan desde sectores liberales de centro-derecha, como Ricardo López Murphy, hombre de FIEL, ligado a fundaciones liberales alemanas, socialcristianos como Juan Llach, que trabajó con Cavallo en la época de las privatizaciones y el despliegue de la política llamada “neoliberal” y José Luis Machinea, funcionario de la dictadura y del alfonsinismo ligado históricamente al grupo Techint, hasta sectores de centro, como el de Adalberto Rodríguez Giavarini, Nicolás Gallo, Alberto Flamarique y Rodolfo Terragno y otros con larga militancia “progresista” como Fredy Storani, Fernández Meijide, Gil Lavedra y Héctor Lombardo.
El apoyo del holding Clarín le aseguró a De la Rúa un fuerte control nacional de los medios de difusión y la realización, desde su instalación en el gobierno, de amplios “operativos” de medios.
De la Rúa instaló al frente del SIDE a Fernando Santibáñez, operador del aparato financiero de lo que se llamó la “multinacional” rusa y del núcleo de la Coordinadora Radical que se llenó los bolsillos con el “dolarazo” del 6 de febrero de 1989. Apenas instalado Santibáñez –que como se vio estaba bien asesorado– expulsó del SIDE a más de mil agentes del mismo ligados a los núcleos proyanquis y a fuerzas afines. Expulsados de ese organismo represivo, esos agentes se habrían agrupado en 16 que se llama “el SIDE paralelo”.
Al frente del Ejército, De la Rúa ubicó a Ricardo Brinzoni, hombre ligado históricamente al violo-videlismo y a la corriente de Balzá. Apenas designado Brinzoni realizó una limpieza en el Servicio de Inteligencia del Ejército (el 601).
Al frente de la Marina, De la Rúa designó a Joaquín Stella, que fue edecán de Alfonsín, y en la Aeronáutica a Walter Barbero, un hombre ligado al grupo que en los últimos años dirige esta arma. Ninguno de esos jefes puede ser calificado de proyanqui. Al contrario. Pero las FFAA argentinas, luego del gobierno de Menem, están aprisionadas en una madeja de pactos y acuerdos con las fuerzas armadas yanquis con las que se realizan periódicamente operativos conjuntos, en distintos Jugares del país; se envían oficiales a cursos en los Estados Unidos, y miles de oficiales y suboficiales argentinos han participado, en los últimos años, bajo el mando de los militares yanquis y de la OTAN, en misiones en el extranjero. La incorporación de la Argentina como aliado extra-OTAN representó un salto de calidad en su ubicación internacional. Esto pese a tener nuestro país una parte de su territorio –las Malvinas e Islas Sandwich y Georgias– ocupado por una potencia que es parte importantísima de esa alianza.
En el mes de mayo de 2000, la Alianza ganó las elecciones a jefe y vicejefe de Gobierno y a legisladores de la Capital Federal. La elección de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno ha reforzado en forma importante el peso, en el gobierno y en la Alianza, de las fuerzas que tradicionalmente actuaron en la esfera del socialimperialismo soviético en la Argentina.
