La Corte Suprema de Justicia acaba de dictaminar que no es punible la tenencia de bajas cantidades de estupefacientes para consumo personal, en la medida que ello no implique un peligro concreto a terceros o daños a bienes de terceros; entendiendo que su utilización está dentro de la autonomía individual, en la cual el Estado no se puede inmiscuir. Exhortó además a los poderes públicos para que ejecuten una política contra el tráfico ilícito de estupefacientes y adopten medidas para proteger a los sectores de mayor riesgo.
El consumo y tráfico ilícito de drogas en la Argentina no es solamente un problema legal; es, principalmente, un problema político y como tal define qué actitud y estrategias tiene el Estado nacional frente a este problema. Desde hace tiempo el gobierno de los Kirchner, ahora por boca del actual jefe de gabinete Aníbal Fernández en connivencia con el juez Zaffaroni, promovió en discursos y conferencias la sanción de esta norma hasta lograr que la Corte Suprema dé este veredicto. Ante esto es lícito pensar ¿qué conlleva el mismo, para qué fue sancionado, a quiénes va a beneficiar y para quiénes va a ser un perjuicio?
El fallo apela al art. 19 de la Constitución Nacional, referido al ámbito de privacidad del individuo, que dice: “Cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea sin que el Estado pueda intervenir en ese ámbito”. Sería importante aclarar de qué Estado y de qué país estamos hablando.
Argentina, país de tráfico y consumo
La Argentina es un país dependiente. Desde fines de los ‘70 y comienzos de los ‘80, la dictadura militar, en plenas desapariciones de decenas de miles de jóvenes, resuelve comenzar a estimular la oferta de drogas, trabajando sobre la demanda. Nuestro país pasó en poco tiempo de ser un país de tráfico a un país de tráfico y consumo. No podemos desconocer que acá, como en el resto del mundo, sin decisión política y sin la participación en la misma de los socios en estos negocios, no tendría el lugar que ocupa en nuestra sociedad.
Hay que tener en cuenta que las ganancias que aporta el tráfico de estupefacientes son fabulosas tanto en el país como en el resto del mundo. Después del negocio de las armas, es el segundo en importancia. En cuanto al tráfico ilícito, pocos o ninguno van presos, y son insignificantes en la mayoría de los casos las cantidades que se decomisan, y dicho sea de paso, nunca se sabe adónde terminan esos decomisos.
No son pocas las veces que estos procedimientos parecen ser más una lucha entre distintas mafias que una operación represiva de las fuerzas del Estado. O una operación represiva que más se parece a una maniobra en la cual se descubre una baldosa para ocultar todo un estadio.
Desde el lado de la oferta este fallo genera nuevas condiciones para que la misma pueda crecer en cantidades desmedidas, inundando de estupefacientes (ya que el fallo no habla solamente de marihuana), todos los ámbitos donde se desenvuelven los jóvenes: barrios, escuelas, universidades, plazas, recitales, gimnasios, canchas de fútbol, etc.
En estos ámbitos los jóvenes consumidores mantenían cierto cuidado, y temor por la ley que penaliza o penalizaba al consumo, lo que hacía que la misma funcionara como un límite. Obviamente esto está referido a probadores o abusadores, no a un dependiente, “limado” como se dice, que ya no tiene nada de registro, ni freno de conciencia para delinquir, robar (comenzando por su familia,) para la transa, llegando a asaltar a otros pibes para robarle la moto y terminar muchas veces matándolo.
El consumo también favorece el tener relaciones sexuales promiscuas, sin cuidados, con la posibilidad de embarazo, transmisión de HIV, hepatitis B, y todas las venéreas de transmisión sexual, que han reaparecido con mucha fuerza.
Si hay oferta hay demanda. Demanda fácil de generar, dado que los principales destinatarios se encuentran en condiciones vulnerables: pibes con primaria o secundaria incompleta; con necesidades básicas insatisfechas; sin trabajo; sin proyectos. Hay una gran masa de jóvenes que son considerados descartables por el sistema. ¿Qué hace el Estado frente a esta realidad? intenta maniatar a los jóvenes que se rebelan o quieren hacerlo. Por estar ausente o porque su presencia se limita a emitir fallos el Estado está en complicidad con la oferta.
El gobierno nacional no tiene cifras estadísticas de consumo, de edades, de qué drogas circulan y en qué magnitud. Al igual que hace con las cifras del Indec, dibuja. Hace como si: como si supiera, como si se ocupara, como si diera batalla. En realidad puro gatopardismo.
Desde los escasos centros especializados oficiales, los centros hospitalarios, las salas de emergencia, desde la Justicia, etc., manipulan datos “porque de esto no se habla”. Al igual que con el aborto, la gripe A o el HIV, queda el registro de atención diagnosticado con otras patologías. De esta manera los datos que circulan son los que aportan las ONG y otras instituciones que se ocupan del tema haciendo lo que pueden, con escasos recursos, atendiendo lo que llega; a veces enviados por jueces que ponen como pena la rehabilitación, otras llevados por los familiares que no se resignan a entregarles sus hijos a la droga.
¿Qué hace el gobierno?
Cuando hablan jueces, gobierno nacional, o defensores de la despenalización de “víctimas”, resulta que es nulo o escaso lo que han hecho por ellos hasta ahora.
Este gobierno, que tiene tanta urgencia en modificar la Ley de Drogas ¿qué condiciones de vida le modificó a miles de jóvenes para que abandonen el consumo? ¿Abrió nuevas escuelas? ¿Mejoró el presupuesto educativo? ¿Modificó los contenidos de enseñanza para que sea más interesante estudiar? ¿Favoreció y estimuló lo deportivo, tanto desde lo recreativo como desde la necesidad de darle valor al cuerpo (tan maltratado en los pibes del consumo)? ¿Favorecieron el compartir y no las individualidades? ¿Qué ofrece nuestra educación para que los jóvenes se eduquen y puedan hacer proyectos de futuro?
La mayoría de los jóvenes que consumen abandonan sus estudios. Al decir de los mismos la educación es “nada”; “es mucho esfuerzo”, “¿para qué si no sirve para nada?”. Esto es parte de ese pesimismo y vacío que los expulsa a la calle.
¿Generó el gobierno fuentes de trabajo para que los jóvenes estén ocupados, hagan lo que pueda gustarles y se sientan útiles, y aprendan un oficio? En todos los empleos, fábricas, etc. donde trabajan jóvenes, son mal pagos, los súperexplotan, y cuando reclaman son despedidos.
En relación a la salud ¿cuántos centros de prevención, atención y rehabilitación han abierto y funcionan? ¿Cuánto presupuesto se destinó para los mismos? ¿Cuántos profesionales capacitó el Estado para dar respuesta a un problema tan complejo?
Se agrava la victimización
En el fallo de la Corte Suprema se dice que la antigua ley (23.737) al penalizar el consumo revictimizaba a la víctima estigmatizándola. En las condiciones en que se desenvuelven los jóvenes hoy en nuestro país y con la modificación de la ley, al no poner ningún límite al consumo, la victimización es mucho más grave.
Apelando a la Constitución Nacional, como lo hizo la Suprema Corte “todos los individuos en nuestro país son libres sobre el estilo de vida que desean, sin que el Estado se entrometa”.
El consumo no es un acto privado ni de elección de vida. Conviven en un núcleo social que es su familia. Esta no fue para nada tenida en cuenta: el sufrimiento, el deambular por los lugares más insospechados buscando un hijo para traerlo de nuevo a su casa en el estado que se encuentre ni que la familia muchas veces no puede sostener los robos continuos, las agresiones, etc. Esto también es daño a terceros y a los bienes de terceros. Como también lo es los robos para transar, los robos seguidos de muerte, las muertes por sobredosis.
Estos jóvenes no tienen oportunidad de elegir, quedan fuera del sistema, sobran para el país de los K., los Zafaroni, Fait, Nolasco, Argibay, etc., que les están facilitando con su fallo canilla libre a miles de consumidores y a muchos más.
Para los jóvenes, para los padres, para la sociedad, para los que atendemos hace muchos años a jóvenes consumidores, este fallo nos hace más difícil la tarea de luchar contra un problema de por sí muy grave y complejo.
