Hoy se cumplen dos años de la desaparición del compañero Jorge Julio López. Por tal motivo, realizamos este acto para:
Denunciar que, no sólo Julio sigue desaparecido, sino que los autores de su secuestro permanecen impunes; así como también los autores de las amenazas e intimidaciones a querellantes y testigos de los juicios a los genocidas, y los responsables del secuestro de Gerez y Pouthod.
No hay un solo imputado, una sola pista firme, un solo indicio. En cambio sí hay muestras específicas de inacción tanto de jueces y fiscales de la causa.
Encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o de la Provincia de Bs As: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal. Ocultamiento de información, frustración de pruebas, abandono de líneas de investigación. Ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o bonaerense.
El gobierno de los Kirchner se desentiende de su responsabilidad y encubre y silencia la desaparición de Julio.
A su vez, denunciamos que la mecánica con la que se desarrollan los juicios a los genocidas, – juicios que son un extraordinario triunfo de la lucha popular- ha hecho que después de 4 años de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sólo un puñado de represores hayan sido condenados. A pesar de las palabras condenatorias hacia los crímenes de la dictadura, los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández no tomaron las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables.
Siguen sin ser exonerados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron durante la dictadura. Siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices. Siguen sin anularse los Decretos de Indulto.
Seguiremos en las calles para exigir que se abran los archivos de la dictadura y que se juzgue a los represores por centro clandestino de detención y por los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos.
Y para denunciar que el gobierno nacional, que "dice defender los derechos humanos", no sólo sostiene la impunidad que dice combatir, sino que ha avanzado en la represión a las luchas populares.
Su respuesta a las demandas de diferentes sectores de nuestro pueblo es la utilización de la Gendarmería y las fuerzas de seguridad en las calles, las patotas y la criminalización de las protestas. Cada día se suman más procesados por luchar.
El gobierno de los Kirchner, aceptando las exigencias de los EEUU, sancionó la Ley Antiterrorista , instrumento preparado para ser aplicado en la represión política.
El gobierno que se dice "defensor de los Derechos Humanos", legisla la represión.
Mientras en todo el país se multiplican las luchas exigiendo políticas que atiendan las necesidades populares de trabajo, salud, educación, alimentación, tierra, vivienda y para terminar con la impunidad; la respuesta es represión.
Exigimos también al gobierno de Entre Ríos el esclarecimiento y el castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de 2001 donde perdieran la vida Romina Ituraín, Eloisa Paniagua y el militante de la CCC , José Daniel Rodriguez. Pasan los gobiernos pero la impunidad continúa.
Aparición con vida ya de Jorge Julio López
30 mil compañeros detenidos desaparecidos: ¡presentes!
