La primera huelga docente

“Suspendemos las tareas”
El 20 de noviembre de 1881, las nueve docentes mandan una nota de reclamo al gobernador de la provincia, con copia al “señor superintendente general de Educación”. En la misma detallan los motivos de su decisión, y hacen una descripción del estado de la educación, en el que vale la pena detenerse.
Las maestras precisan en la carta, no sólo que han transcurrido “8 meses sin que se nos hayan pagado nuestro haberes devengados”, sino que de lo cobrado meses y años anteriores, una parte es en “vales a Tesorería” que “no valen casi nada en los comercios”. Denuncian además que “En las planillas figuran sueldos de un valor mucho más elevado de los que en realidad se nos paga”, exponiendo una práctica común ya en aquellos años, por la cual el gobierno provincial se quedaba con una parte sustancial de los fondos girados por la Nación para sueldos docentes, destinándolos a “gastos corrientes”, es decir, haciendo caja, como diríamos hoy.
Es por toda esa situación, que doña Enriqueta y el resto de las maestras informan que “suspendemos las tareas de la Escuela a nuestro cargo hasta que el Excmo. Gobierno nos haga justicia y nos pague”.
En el detalle de la situación, las docentes dan el ejemplo del sueldo de la directora que aparece con 135 $f mensuales, “pero van incluidos en esta cantidad 35 $f de alquiler de casa, lo mismo resulta con el sueldo de la Profesora del 2º año”. Además “Hace 4 años que el Excmo. Gobierno de la Provincia, nos paga tres meses de cada cuatrimestre, dándonos un vale por el mes restante, el cuál lo vendemos por un ínfimo precio”. Como si esto fuera poco, al sueldo “siempre se nos ha descontado por comisiones, cambios de moneda, etc., un 10, 12 y un 18%”. De resultas de esto, la directora cobraba efectivamente, cuando lo hacía, “61 $f. 50 cts de sueldo mensual, en lugar de los 136 $f. que figuraban en planilla… igualmente sucede con los demás haberes”.
Las docentes puntanas envían copia de la carta a Sarmiento “apelando por nuestra parte ante el país entero y la ilustración y sentido justiciero del señor superintendente D. Domingo F. Sarmiento a quien la Nación debe la fundación de su instrucción pública”.
Sarmiento hizo publicar la carta en el Monitor de la Educación Común, anteponiéndole un comentario, extendiendo la denuncia a las otras provincias, diciendo que de los dos mil quinientos maestros que había en esos momentos “no haya habido uno en mil, en diez años á que les escamotean sus salarios” pagándoles “con papeles sin valor” y “nunca íntegro” su “pobre salario”.
En la misma nota, se afirma que “no invocarán en vano” al Superintendente, quien “se siente responsable de haber inducido con su ejemplo, con su palabra, con sus leyes y decretos a tantos millares de hombres y de mugeres (sic) a dedicarse a la enseñanza de la juventud”, y tras otras consideraciones enfatiza: “Los maestros de todas las escuelas recibirán sus salarios! Si es que hay un Superintendente, un Consejo Nacional de Educación, un Ministro de Instrucción Pública, un Presidente, una ley de subvenciones y una partida de 200.000 duros en el presupuesto para contribuir la nación a la mitad, la tercia, o las tres cuartas partes del salario de cada maestro, maestra, ayudante o monitor, de las dos mil y más que están educando ciento veinte mil argentinos”, rematando con un “hemos de corregir los abusos, y hacer llegar a quien de derecho pertenecen las sumas del presupuesto de cada Provincia”.
Tras estas bellas palabras ¿cuál fue el destino de las huelguistas?: “El personal directivo y docente de la Escuela Superior de Niñas, había sido destituido porque reclamaron ocho meses de sueldos” (2), escribe un historiador de la provincia. Más precisamente, el 25 de noviembre, cinco días después de presentada la nota de reclamo.
Otro investigador, Urbano J. Nuñez refiere el hecho de la siguiente manera: “El atraso en el pago de los sueldos originó, a fines de 1881, un serio conflicto en la escuela graduada de niñas –la escuela normal– pues Lallemant hizo firmar a su esposa Doña Enriqueta Lucero una queja dirigida a las autoridades nacionales, documento que desagradó al gobierno puntano, pues vio en su contexto intenciones políticas. Tanto la directora como las profesoras fueron separadas de sus puestos como castigo por su “proceder irrespetuoso” (3).
Más allá de la referencia a que Lallemant “hizo firmar” a su esposa la nota, lo que no nos consta, y revela una pobre valoración de las docentes en general, y de Enriqueta Lucero en particular por parte de Nuñez, vale la cita por lo que sugiere acerca de un enfrentamiento con el gobierno provincial, que excedía el reclamo salarial.

Por qué reivindicar esta huelga
¿Hizo algo Sarmiento, para impedir el despido de las huelguistas? No que sepamos. Hay constancia, meses después del hecho, de una visita de inspección a San Luis por parte del “vocal inspector Sr. D. José Hernández”, quien en su informe al Consejo Nacional de Educación, comenta la situación de la “Escuela graduada de niñas”, diciendo que a causa de “Los sucesos ocurridos en esta Escuela que dieron lugar a la presentación que hicieron su directora y personal el 20 de Noviembre de 1881 y que interrumpió la marcha del establecimiento”(4) las alumnas tuvieron que continuar en el mismo grado “por no haber rendido el examen anual correspondiente”. Agrega el inspector que dicha escuela “ha estado graduada de manera imperfecta”, y se congratula que “hoy la enseñanza… se hace con arreglo al plan de estudios y programa confeccionados este año por el Sr. Inspector de Escuelas de la Provincia”, comentando el mal estado edilicio ya que “como no es un edificio hecho para establecimiento de educación carece de las comodidades requeridas”.
Prosigue Hernández: “A fines del año 81, cuando fue separada su directora, la Escuela tenía 315 inscritas. Su actual directora la señorita Adela Hormey con título normal, se hizo cargo de ella a principio del presente año”.
En una visita de inspección posterior, el mismo inspector afirma que pudo entrevistarse sólo con cuatro de las firmantes del reclamo, ya que “cuatro no se encuentran ya en aquella provincia”. Las entrevistadas “ocupan nuevamente puestos en aquel colejio (sic)” y dijeron “no tener ninguna queja y que siempre han sido pagados sus sueldos con la cantidad que correspondía”, tras lo cual don Hernández dice que adjunta la respuesta del ministro de Justicia e Instrucción pública de San Luis, donde “se explican los hechos y se contestan cargos” en forma suficiente como para que “el señor presidente y ese Consejo puedan formar su juicio sobre esta cuestión”, elegante forma burocrática de lavarse las manos. Digamos solamente que no fue entrevistada Enriqueta Lucero, y no se dice por qué.

De ayer a hoy
Han pasado más de 120 años de estos hechos, y el reivindicar esta huelga es parte del largo camino de los trabajadores y nuestro pueblo por su liberación. En aquella ocasión, la oligarquía provincial rápidamente echó a las “irrespetuosas”, las dividió y negoció con una parte. El gobierno nacional “inspeccionó”, y con eso se dio por satisfecho. Para los docentes, la semilla había sido plantada.
Las descripciones que transcribimos sobran como evidencia para afirmar que los males que padece la educación pública hoy, producto de políticas como la del gobierno de Cristina Fernández que aumentó el año pasado un 45% el pago de la deuda externa, y sólo un 14% el presupuesto educativo, están vinculadas a una estructura atrasada y dependiente, y que sin romper con ella, los triunfos que obtengamos en la lucha cotidiana, si bien necesarios, nunca serán definitivos.
Guardemos en la memoria colectiva los nombres de Enriqueta L. Lucero de Lallemant, Luisa Saá, Rosario Figueroa, Tomasa Fernández, Josefina Saá, Bernabé Moreno, Urbana Moreno, Gregoria Sarmiento, y Rosario Adaro, protagonistas de la primer huelga docente de la República Argentina, inscribiendo sus nombres en las banderas del combate diario por una educación al servicio del pueblo y de la Patria. n