El sábado 7 de marzo, mientras miles de mujeres reclamaban, conmemorando el 8, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, Ana Machuca, de 28 años, pobre, santafesina de la ciudad de Resistencia, interrumpía en soledad un embarazo de un mes con una aguja de tejer.
“Desprendió el feto incrustándose un elemento cortante en la vagina. Luego estiró el cordón umbilical y arrancó parte de los restos”, dice con crudeza la crónica policial (La Nación, 12/3/09). Lo que quedó en su cuerpo le provocó una infección generalizada y terribles dolores que la llevaron el martes hasta el hospital de su ciudad. La operaron. Falleció horas después.
Ninguna crónica registra los padecimientos de Ana Machuca desde que se enteró del embarazo hasta la hora de su muerte. Incertidumbre, angustia, miedo, dolor físico y del otro, terror a buscar ayuda en el hospital y ser tratada como delincuente, el duro golpe de las humillaciones seguramente recibidas.
La de Ana es la tercera muerte por la misma causa registrada en 20 días en su provincia.
El mismo 8 de marzo, mientras los medios bombardeaban con un almibarado Día Internacional de la Mujer despojado de todo contenido, otra muchacha, Romina, de 22 años, se internaba en grave estado en el hospital Español de Mendoza. El viernes anterior se había hecho un aborto, aparentemente en la casa de una vecina de su Barrio La Gloria. Horas después, y por las mismas razones que Ana, sufrió una infección intrauterina que se convirtió en generalizada. En el hospital fue intervenida, pero no se pudo detener el proceso infeccioso, que terminó en un cuadro de muerte cerebral irreversible.
Dos jóvenes arrancadas de la vida. Dos tragedias familiares. Dos muertes evitables e innecesarias que informan, también con crudeza, de la condición social de las víctimas: son las mujeres pobres las que, una vez tomada la decisión, no pueden practicarse un aborto con profesionales expertos, en condiciones de asepsia y con internación de ser necesaria.
Una situación que la crisis sin duda agravará: será más difícil para las familias la decisión de tener otro hijo, y será más improbable juntar el dinero (1.500 pesos como mínimo) para un aborto sin riesgos.
Con enorme hipocresía se habla de “la defensa de la vida” para seguir apañando estas muertes. Con enorme hipocresía el gobierno hace campaña prometiendo leyes de despenalización del aborto que nunca estuvo dispuesto a impulsar (la mayoría parlamentaria la usa para otras cosas). Con enorme hipocresía, una vez más, se condena a muerte por pobreza.
Mientras, el movimiento de mujeres sigue reclamando, por Ana, por Romina y por las miles de mujeres muertas por abortos clandestinos. Porque sean evitadas estas muertes evitables. Bastaría para eso la legalización del aborto y su práctica en hospitales públicos y gratuitos para aquellas mujeres que no están en condiciones o no desean continuar un embarazo, y carecen de otras posibilidades. Las posibilidades que hoy tienen las que pueden pagar para asistirse sin riesgos en clínicas y sanatorios que practican abortos mientras todos se hacen los distraídos.
03 de octubre de 2010
