En agosto del año pasado, uno de los barcos pesqueros propiedad de Conarpesa, el “Carlos Alvarez”, se hundió frente a las costas patagónicas luego de un incendio. Allí fallecieron los marineros Sergio Araya y Gustavo Vitale, cuyos cuerpos permanecen en el fondo del mar. Esta tragedia es consecuencia de las condiciones de superexplotación en que trabajan los marineros, por la avaricia en el saqueo de nuestros recursos por parte de esta empresa, uno de los patrones de nuestro actual gerente y su sucesora Cristina.
La agencia informativa OPI, de Santa Cruz, dio a conocer un informe acerca de las condiciones de trabajo en los barcos de Continental Armadores de Pesca (Conarpesa), empresa con plantas en Puerto Madryn, Chubut y también en Puerto Deseado, Santa Cruz. Allí se afirma que el “Carlos Alvarez” fue hundido para evitar investigaciones por la sobrecarga de langostinos, la devolución al mar de peces muertos y las condiciones de hacinamiento de los trabajadores.
“Villas” de lona y madera
Los marineros denuncian la práctica habitual por parte de Conarpesa, y de otras empresas, de llevar en los barcos más personal del que puede alojar en ellos. Estos trabajadores son hacinados en las llamadas “villas”, que se montan en lugares del barco, y que se desarman antes de tocar puerto, para evitar las inspecciones.
En el caso del Carlos Alvarez, esta “villa” estaba instalada en el cuarto donde se procesa el langostino, garantizando el sistema de “cama caliente”. Denuncian los marineros que el origen del incendio, al contrario de lo que dice la empresa, se originó por un desperfecto de una estufa en esta “villa”, donde dormían Araya y Vitale. La estufa era necesaria, porque los trabajadores fueron obligados a dormir en colchones sobre la bodega que almacena los langostinos, que está a 40 grados bajo cero.
Al momento del incendio, la mayoría de los 33 trabajadores, 6 más del total permitido, dormían, tras una jornada que había culminado a las 5 de la mañana. La estufa explotó prendiendo las lonas y maderas de la “villa”, provocando la muerte de los dos trabajadores. Sergio Araya y Gustavo Vitale no estaban registrados en el “libro de control”, que para suerte de la empresa, se hundió con el barco.
Luego del hundimiento del Carlos Alvarez, los sobrevivientes declararon en una causa judicial que nunca avanzó. La Prefectura afirmó que el fuego se había originado en la sala de máquinas, mientras versiones periodísticas dijeron que había comenzado en los depósitos de combustible.
Una actividad lucrativa
Dice OPI: “El precio FOB (free on board, en cubierta del barco) del langostino alcanzó un precio récord de 18 dólares el kilo en el 2007, que permitió a las empresas pesqueras embolsar más de 2.200 millones de pesos. A ese monto se deben añadir los reembolsos estatales por exportar desde puertos patagónicos, que en 2006 les significaron otros 600 millones de pesos”.
El monto de los salarios que ganan los 2.583 marinos dedicados a la pesca del langostino equivale al 0,9% de las ganancias de las empresas.
Con el hundimiento del Carlos Alvarez, Conarpesa zafó también de tener que contestar por qué no había cumplido con las disposiciones de procesar la cantidad de merluza en el porcentaje que fija la ley. Como la merluza se pesca junto con el langostino, pero deja mucho menos ganancia, la ley obliga a que se procese un porcentaje. Conarpesa viola estas disposiciones, llegando a tirar 20 toneladas de merluza al mar, denuncian los marineros. Además, es constante la práctica de pescar de noche, fuera de los horarios permitidos, así como no respetar el mínimo de 48 horas en puerto para efectuar mantenimiento.
Sergio Araya y Gustavo Vitale son los últimos nombres de una larga lista de 36 marineros fallecidos en los últimos 4 años en los barcos de distintas empresas. Todas estas muertes permanecen impunes.
Cansados de esta situación, el 13 septiembre un núcleo de marineros de Caleta Olivia denunció penalmente a la pesquera española por “contaminación y abandono de persona”.
Hoy cerca de 20 documentos destinados a la delegación del Ministerio de Trabajo en Caleta Paula, la Subsecretaría de Trabajo provincial, concejales, etc., donde los marineros denunciaron que los buques pesqueros son en su mayoría barcos viejos, sólo un 5% son barcos nuevos; y que la muerte de un trabajador en el buque Conara, de Conarpesa, “se debió al desgaste y la fatiga que sufre el material” que sumado a la falta de mantenimiento, era previsible.
Abandono de persona
Los trabajadores, nucleados en la Agrupación de Marineros de Caleta Olivia (Agomu), acusan a Conarpesa, por delitos contra la libertad individual, abandono de persona, depredación, violación de los Derechos Humanos y a los principios constitucionales, contaminación; y a la Prefectura Naval Argentina por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre los aspectos principales de la presentación, se menciona: la falta de atención médica en los barcos; carencia de chalecos salvavidas y botas anti deslizantes; vivir 20 días alojados en las denominadas “villas”; mal estado de los alimentos; falta de elementos de seguridad en la planta de procesamiento; carencia de matafuegos. Además denuncian maniobras ilegales de recarga de combustible en altamar.
La impunidad con que actúa Conarpesa, sólo es entendible a la luz de la relación “privilegiada” que mantiene con los Kirchner, desde los tiempos en que éste ganara la intendencia de Río Gallegos. Como en otros casos, (Taselli, Barrick Gold, etc.) el gobierno protege a empresas criminales, porque en su carácter de burguesía intermediaria gerencia a favor de los intereses de estos y otros grupos de terratenientes y monopolios imperialistas.
